Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer se comentaron en este espacio las preocupaciones de parlamentarios oficialistas por el descenso de la natalidad en Uruguay. Tales preocupaciones se centran en los desequilibrios del sistema de seguridad social, pero un par de noticias incluidas en esta edición muestran otras consecuencias indeseables.
En esta sociedad envejecida, donde además la población infantil y adolescente tiene altas proporciones de pobreza, se refuerza la desvalorización de los más jóvenes por parte de los adultos, acompañada demasiado a menudo por actitudes autoritarias, discriminatorias y violentas.
Integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentaron ayer en el Parlamento dos informes sobre violencia institucional contra adolescentes. Los datos son alarmantes.
De una investigación que recogió testimonios de 115 adolescentes -78 de Montevideo y 37 de Paysandú-, estudiantes de educación media, surgió que “el territorio que habitan, la edad que tienen y algunas características estéticas (vestimenta, calzado, peinado, modos de habitar el espacio público)” fueron motivos de intervenciones policiales que no cumplieron con lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin garantías en los primeros momentos de la detención y con abusos, amenazas e insultos por parte de los funcionarios.
El otro informe, sobre “situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos”, se refiere a lo que ocurre en contextos de encierro, e incluye reportes de uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo durante las requisas.
La INDDHH percibe un “fenómeno de naturalización de la violencia” por parte de las víctimas, que conduce a “la idea de que no vale la pena denunciar”.
Como si esto fuera poco, se les planteó a los legisladores que sucesivas “reformas de carácter regresivo” realizadas hasta el momento en materia penal, que culminaron en disposiciones de la Ley de Urgente Consideración, han alejado a Uruguay de los principios y la normativa internacional vigentes en materia de infancia, adolescencia y derechos humanos.
La población adolescente sobre la que informó la INDDHH es víctima de prejuicios vinculados con su contexto sociocultural, y en ambientes muy distintos hay otros problemas.
Dos estudiantes del liceo IAVA fueron convocados a una reunión sin informarles previamente con quiénes ni para qué, y se encontraron con la inspectora departamental de Secundaria, con el director de su centro de estudios y con uno de los subdirectores, quienes quisieron persuadirlos de que “frenaran” una ocupación planteada para los días 1º y 2 de diciembre.
Según las autoridades, fue una instancia de diálogo “con criterio pedagógico”. Los adolescentes la vivieron como un intento de amedrentamiento y un abuso de autoridad. El gremio estudiantil sostiene, con razón, que no corresponde tratar de incidir de ese modo en sus decisiones.
Sería bueno que quienes desean que haya que haya más población joven en Uruguay no la vieran sólo como una fuente de financiamiento para el retiro de los mayores, y que tuvieran la voluntad de respetar sus derechos.
Hasta mañana.