La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes dos informes sobre violencia institucional contra adolescentes en Uruguay. La delegación, integrada por el director Wilder Tayler y la abogada Gianina Podestá, dio datos alarmantes sobre la falta de garantías en los primeros momentos de la detención, prácticas discriminatorias y situaciones de abuso y maltrato durante la detención y la custodia policial. En contextos de encierro se identificaron situaciones de violencia entre pares y uso desproporcionado de la fuerza para contener a los adolescentes, especialmente durante las requisas.

La INDDHH también advirtió a los legisladores por lo que calificó como un contexto de “profundización de la regresividad penal” acelerado por la ley de urgente consideración (LUC, 19.889), pero que “comenzó hace tiempo en nuestro país”, consideró Tayler. La delegación planteó la necesidad de “revisar y armonizar las reformas de carácter regresivo realizadas hasta el momento, con especial énfasis en la Ley 19.889, de forma que el marco normativo se adecue a los principios y a la normativa internacional vigente en materia de infancia, adolescencia y derechos humanos durante la presente legislatura”. Señalaron que este pedido ya se envió a la Comisión de Derechos Humanos y a la de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la misma cámara.

El primer informe presentado, titulado “Adolescentes en comunidad. Experiencias de violencia institucional en Montevideo y Paysandú”, recogió las voces y experiencias de 115 adolescentes -78 de Montevideo y 37 de Paysandú- que estudian en la educación media y participan en un proyecto socioeducativo en el barrio donde residen, en la periferia de las ciudades. La mayoría de ellos no tiene experiencias de judicialización o privación de libertad. Según se consigna en el documento, “el territorio que habitan, la edad que tienen y algunas características estéticas (vestimenta, calzado, peinado, modos de habitar el espacio público) son los factores que explican las intervenciones policiales”.

Según indicó Podestá, “en general no se brindó una información detallada a las y los adolescentes en relación a las razones de la detención” y respecto de la notificación sobre derechos individuales, “refirieron haber recibido poca información”. En cuanto a la notificación a familiares o responsables sobre la detención, “si bien se realizó y en forma más o menos inmediata”, no existe un “criterio uniforme para registrar la realización o no de la notificación a los familiares de la adolescente”, afirmó la abogada. Tampoco fue “uniforme” la información que recibieron las y los adolescentes sobre el examen médico realizado luego de la detención. Con relación al contacto con la defensa, “se produjo mayoritariamente al momento de la primera audiencia”, lo cual “no es menor, porque los adolescentes son detenidos y trasladados sin un acceso a la defensa”, resaltó Podestá.

Los entrevistados también dieron cuenta del “uso de esposas y grilletes, de amenazas con armas de fuego, de uso de lenguaje amenazante, ofensivo o inapropiado durante la detención”, así como de la “solicitud de documentación o de detenciones que no estarían asociadas a la comisión de un delito en calidad de in fraganti ni tampoco con una orden escrita de juez competente comunicada por medios fehacientes, que es lo que pide el Código de la Niñez y la Adolescencia”. En ese sentido, Podestá remarcó que se trata de prácticas “percibidas como discriminatorias”, es decir, “que tienen que ver con una identificación de esas adolescentes o esos adolescentes con determinados estereotipos más que con un delito” o percepción de un delito en sí.

Por último, respecto del tránsito entre la detención y el ingreso a un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Podestá señaló que en los relatos “aparecen referencias a haber estado expuestos a algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o simbólica”, y destacó que “algunos de los testimonios” dan cuenta “no de un simple forcejeo, sino de golpes una vez que el adolescente está en el piso”.

Violencia y “uso desproporcionado de la fuerza”

Del segundo informe, “Adolescentes en privación de libertad. Situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos”, se desprende que el centro de Inisa que presenta mayores dificultades es el Centro de Ingreso para Adolescentes Mayores. “Los adolescentes refieren haber sufrido allí más situaciones de violencia, especialmente por parte de pares al ingreso del sistema. También es el centro con mayor número de observaciones sobre las condiciones edilicias”, indicó Podestá. Asimismo, señaló que “se destacan situaciones esporádicas de uso desproporcionado de la fuerza para contener a adolescentes, especialmente durante las requisas”.

Puntualmente sobre las requisas, Podestá sostuvo que “implican el desnudo del adolescente frente a varios oficiales en el caso de ser varones, agacharse y toser, lo que para cualquier individuo, sobre todo para un adolescente, implica una situación que ya de por sí constituye una violación a su derecho a la intimidad e integridad personal”. Añadió que los allí recluidos “narran experiencias de violencia psicológica, especialmente verbal, del tipo de sarcasmos y amenazas”.

Entre los puntos positivos, Podestá manifestó que los adolescentes “dan cuenta de un trato médico adecuado en general, aunque con algunas dificultades para el acceso a información sobre el estado de salud o resultado de exámenes médicos”, y que destacan “los espacios de diálogo con el área de psicología”. En relación al Centro de Ingreso de Adolescentes Femeninas (CIAF), “las adolescentes destacan un muy buen relacionamiento en general entre ellas y las personas encargadas del centro” y “dan cuenta de que frente a incidentes la respuesta habitual es el diálogo”, resaltó Podestá. La abogada recordó que en otras oportunidades, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura “se ha expresado acerca de las buenas prácticas en algunos centros, y uno de ellos justamente es el CIAF”.

“Naturalización de la violencia” y “regresividad penal”

De los estudios presentados, Tayler destacó que se percibe un “fenómeno de naturalización de la violencia”, a partir de que las y los adolescentes plantean “que ese tipo de trato es lo normal, o sea, que eso es lo que pasa, que es así”. También señaló que se repite “la idea de que no vale la pena denunciar” y “una falta de confianza que se va arraigando a nivel de jóvenes”. El abogado también resaltó que se produce un “desarrollo de conductas adaptativas” de los adolescentes, que “empiezan a evitar ciertos lugares, a dar la vuelta para llegar a tal lado, o sea, a no pasar por aquí, donde se sabe que hay actividad [policial] más frecuente”.

Otro punto que se remarcó fue el “proceso de regresión penal constante que viene experimentando Uruguay”, que, en la opinión de la INDDHH, “se profundizó recientemente con la LUC” y que además “reduce, entre otros aspectos, garantías al momento de la detención, reforzando la respuesta punitiva”. Tayler aclaró que este proceso no comenzó con esta norma, “sino que sólo corona un proceso de reafirmación punitivista que comenzó hace tiempo en nuestro país”.

En línea con esta postura, Podestá hizo énfasis en la necesidad de “armonizar la legislación nacional con la normativa internacional vigente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y especialmente en el área de infancia”, así como a revisar “la tensión entre el carácter punitivo versus el contenido socioeducativo de las medidas” en el sistema de privación de libertad adolescente.

También en el marco de las recomendaciones, coincidieron con el planteo de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, sobre la necesidad de filmar todos los procedimientos policiales como forma de dar garantías a todas las partes. En ese sentido, Tayler sugirió que el Parlamento podría “encarar el tema de la GoPro para que fuera de uso sistemático”.