Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Como el decimoquinto día de diciembre no se conmemora ningún acontecimiento político uruguayo de primer orden, la fecha bien podría declararse, a juzgar por lo que ha sucedido en el actual período de gobierno, “Día Nacional sin Coalición Multicolor”.
El 15 de diciembre del año pasado la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley forestal presentado por Cabildo Abierto (CA), pese a la oposición del resto del oficialismo, con apoyo de los diputados del Frente Amplio (FA) y el del Partido Ecologista Radical Intransigente. Ayer, exactamente un año después, el Senado aprobó la misma iniciativa, con los tres votos de CA y los 13 del FA. Sin embargo, hoy parece poco probable que se convierta en ley porque el presidente Luis Lacalle Pou anunció de antemano su decisión de vetarla.
La palabra “veto” no figura en la Constitución. Lo que dice su artículo 137 es que el presidente puede devolver al Poder Legislativo un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras si tiene “objeciones que oponer u observaciones que hacer”, parciales o totales, indicándoselas a la Asamblea General. Esta debe decidir si mantiene el proyecto en los términos en que había sido aprobado o acepta la posición presidencial, y para ello se requiere una mayoría muy especial, de “tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras” (hasta la reforma de 1996 la Constitución pedía tres quintos del total de integrantes de la Asamblea, sin distinguir entre senadores y diputados).
Lo antedicho es perfectamente legal, aunque pueda resultar antipático. El sistema no es parlamentarista, sino que la relación entre los poderes del Estado prevé un predominio del Ejecutivo. La simple mayoría de los legisladores no basta contra la decisión presidencial, y para contrariarla sería necesaria una relación de fuerzas muy improbable. La pregunta pertinente no se refiere a esto, sino a las características de la coalición de gobierno, en la coyuntura actual y con miras a los tres años que faltan para las próximas elecciones nacionales.
El senador Guido Manini Ríos anunció después de la sesión parlamentaria que CA le pidió una entrevista a Lacalle Pou para discutir la situación, pero adelantó que acatará lo que se disponga y permanecerá dentro del oficialismo, aunque a nadie se le había ocurrido que haría otra cosa, por lo menos en lo inmediato. Esto tampoco es el centro de la cuestión.
El argumento de Lacalle Pou para justificar su decisión de veto, reiterado como era previsible por varios senadores nacionalistas, fue que los compromisos entre quienes integran la coalición de gobierno son sólo los registrados, antes del balotaje de 2019, en el documento, valga la redundancia, “Compromiso por el país”. En lo demás “el presidente de la República se ve liberado a actuar según su propia concepción”, afirmó.
El asunto es que prácticamente todos los contenidos de aquel documento que se formularon con precisión ya se han convertido en leyes o decretos. Si en lo sucesivo no hubiera acuerdos oficialistas sobre los muchos temas que se plantearon vagamente o no se plantearon, ¿Lacalle Pou se propone gobernar a puro decreto y veto? Sería constitucional, pero no conveniente para el país.
Hasta mañana.