La Cámara de Senadores aprobó por 16 votos en 31 el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal que promovió Cabildo Abierto (CA) y que contó con los votos del Frente Amplio (FA) para lograr la mayoría. La ahora ley tuvo la oposición de blancos y colorados, y será, de acuerdo con lo anunciado, el primer veto presidencial de Luis Lacalle Pou. El senador Guido Manini Ríos dijo que le solicitó una reunión al mandatario y recalcó que el Parlamento actúa con “total independencia” de cualquier planteo de otro poder del Estado.

El debate legislativo y la discusión en torno al texto se enfocaron entre el avance de la forestación en detrimento de la ganadería, y la no modificación vía ley de lo que el gobierno considera una política de Estado. El partido socio de la coalición liderado por Manini Ríos se afirmó en una alianza circunstancial con el FA, fuerza política en la que, pese a que no hubo unanimidad respecto del proyecto, los 13 senadores dieron su voto para repetir el escenario que había tenido lugar hace un año, cuando la ahora ley fue votada en la Cámara de Diputados por CA, el FA y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Otra vez el texto sobre la regulación forestal dividió a la coalición, aunque senadores blancos restaron trascendencia a este hecho en sus declaraciones.

Según lo anunciado, este proyecto no tendrá más efecto que haber instalado el debate en torno al uso de los suelos y haber marcado un antecedente de discrepancias en el seno de la coalición. Es que la ley será vetada por el presidente, que utilizará está potestad por primera vez en su período de gobierno.

Gustavo Penadés, senador blanco, explicó sobre los pasos a seguir: el veto presidencial “se comunicará a la Asamblea General, y como no hay votos para levantarlo, la ley no será aplicada. Es algo que no debió haber sucedido, aunque no hay que dramatizar. Si se pone en la balanza todo lo logrado en el gobierno de coalición y estas pequeñas diferencias, es positivo el balance final”.

Los matices sobre este proyecto no estuvieron sólo en el oficialismo. El FA debatió internamente y decidió apoyar la iniciativa de CA, dando los 13 votos necesarios para lograr la mayoría; sin embargo, el sector Asamblea Uruguay, liderado por el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori –titular de la banca en el Senado pero con licencia médica–, marcó sus reparos. Su suplente, José Carlos Mahía, marcó discrepancias aunque votó el proyecto por disciplina partidaria.

En respuesta al movimiento político de CA, el gobierno presentó este lunes un decreto que modifica parte de la regulación del sector forestal, pero no frenó la aprobación de la ley. El texto votado limita en su artículo primero las plantaciones forestales a los suelos denominados de prioridad forestal, algo que hoy no es obligatorio y se brindan excepciones, estando aproximadamente 25% del área forestada en tierras sin esa prioridad. El segundo artículo limita el total de plantaciones forestales a 10% de la superficie agropecuaria, lo que con unas 1.100.000 hectáreas deja un margen de crecimiento de 500.000 hectáreas. Del tercero al quinto establece controles del Ministerio de Ambiente sobre los predios, así como los recursos naturales y los ciclos de explotación.

Los intereses del campo y las transnacionales

“Quedamos pocos afuera”, dijo la presidenta interina del Senado, Graciela Bianchi, luego de que varios senadores –como los cabildantes Manini Ríos y Guillermo Domenech y el blanco Sebastián da Silva– pidieron autorización a sus pares para participar en el debate, al ser dueños de empresas vinculadas al agro. La discusión duró unas seis horas y fue seguida desde la platea por el diputado del PERI, César Vega.

El primero en hablar fue el cabildante Domenech, quien planteó que la forestación “ocupa una alta superficie del suelo nacional”, mientras que “la lechería, la ganadería y la agricultura ni por asomo han gozado de los estímulos” que tienen los proyectos forestales. A su vez, destacó que los suelos de prioridad forestal son cuatro millones de hectáreas y hoy hay forestados una cuarta parte, mientras que la limitación de 10% deja “un horizonte de expansión del sector forestal por varias décadas”.

Manini Ríos se refirió al rol que juegan las empresas forestales en el debate: “En estos últimos tiempos he logrado constatar el tremendo poder que tiene el lobby celulósico en este país, a tal punto que han intentado y logrado cambiar el eje de la discusión: este proyecto en ningún momento pone en tela de juicio la importancia de la forestación o frena esta actividad, que es benéfica para el país”. El senador dijo que en todo un año de discusión, por parte de los socios de la coalición, “no se aportó ni una coma al proyecto”. Agregó que la propuesta “va en el sentido de evitar el despoblamiento del campo” y proteger a los pequeños productores.

“Tenemos la esperanza de que se apoye al campo y que no se lo desampare en beneficio de intereses transnacionales”, sentenció Domenech.

Regular por “los impactos ambientales”

El senador Alejandro Sánchez admitió que la regulación forestal es “un tema muy complejo en Uruguay”, alrededor del cual ha habido “mucho debate a lo largo de la historia”. El país se encuentra en “un lugar con las áreas de pastizales de mayor extensión del mundo”, y se realizó “una intervención” con la plantación de eucaliptos en bosques forestales, sostuvo. Por tanto, indicó que la actividad forestal debe regularse “por los impactos ambientales que genera”.

Aclaró que esta ley “no cambia las reglas de juego” para nadie “con un árbol plantado”, y los límites a la expansión se ponen por “cuestiones precautorias”. Además, indicó que el decreto del gobierno “amplía la posibilidad de que se instalen cultivos forestales”, y por ello votar el proyecto resulta “urgente”.

El senador frenteamplista Enrique Rubio habló sobre la importancia dada a la forestación en los gobiernos del FA, y que hoy estamos ante “la transición ecológica”, y en ese marco “no me parece ninguna tontería que se fijen determinados límites y regulaciones que impidan el daño de los suelos uruguayos”. Incluso señaló que el texto “da margen” para pensar en otra nueva planta de celulosa; “no me extrañaría que en un tiempo estemos discutiendo esa posibilidad”, dijo.

“No resquebraja nada”

“En forestación, ni un paso para atrás” fueron las últimas palabras pronunciadas en la sesión. Así se expresó el colorado Germán Coutinho, previo a la votación. Sus colegas blancos y colorados que tomaron la palabra cuestionaron la iniciativa de CA, defendieron la regulación vía decreto y señalaron que se está modificando lo que consideran una política de Estado de décadas.

“No resquebraja nada; al contrario, ratifica que la coalición está conformada por partidos políticos diferentes, que acordamos un programa de gobierno del cual no nos hemos apartado”, dijo el nacionalista Jorge Gandini.

Sobre la posición del FA de dar sus votos, Penadés expresó: “Hay oportunismo político. Vieron que estaba la posibilidad de que se produzcan diferencias [en la coalición] y las promueven; están en todo su derecho. La pregunta es por qué ahora son necesarios estos cambios y en los 15 años del FA en el gobierno no movieron una sola coma de la ley y continuaron con la política forestal”.

Mahía: “Asumir la decisión colectiva mayoritaria”

El senador de Asamblea Uruguay dijo a la diaria que discrepa “con la utilización de la herramienta” de una ley para regular al sector. En ese sentido, afirmó que la “solución” que plantea el texto “no va al fondo del asunto, que es la utilización del suelo más allá de porcentajes, y además no define técnicamente algunas de las cosas que aparecen”.

“Tengo 26 años en el Parlamento y Asamblea Uruguay nunca votó en contra de una decisión asumida por el FA. Es un norte la unidad de acción de la izquierda. Desde esa concepción, con dolores de cabeza y tragos amargos, pasamos muchas instancias de dificultades en el FA y traen crecimiento para todos. Podés no acordar, pero asumís que la decisión colectiva mayoritaria es la de tu partido”, declaró en referencia a las diferencias internas.