Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
“Al momento, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial no ha detectado el accionar de grupos de extrema derecha en el territorio nacional”. Es parte de la respuesta del Ministerio del Interior (MI) a un pedido de informes presentado por el diputado frenteamplista Gerardo Núñez sobre las pancartas firmadas “JUP” que fueron colocadas frente a liceos en octubre del año pasado.
Quizá los funcionarios de inteligencia policial hayan pasado por alto algunos indicios, y quizá manejen una definición inusual de la extrema derecha, pero cuesta creer que grupos de izquierda decidieran evocar a la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie. Tal vez el MI supone que se trató de una broma de mal gusto.
Sea como fuere, de la respuesta del Ministerio del Interior al diputado Núñez parece desprenderse que los responsables de las amenazas de muerte firmadas por el “Comando Barneix”, o de las graves agresiones contra cuidacoches y personas en situación de calle, no son de extrema derecha, no han sido detectados o ya dejaron de actuar.
La ideología derechista se manifiesta en nuestra sociedad de formas cada vez más crudas. Basta con ver la integración del Parlamento y lo que dicen algunos de sus integrantes para tener la impresión de que, aunque el MI sostenga que no ha detectado grupos de extrema derecha, los hay.
Nadie debería sentirse ofendido por la constatación, sumamente obvia, de que el resultado de las elecciones de 2019 implicó un giro a la derecha con relación a los gobiernos del Frente Amplio. Hay quienes arguyen que hablar de izquierda y derecha nunca tuvo sentido, o que ya no lo tiene, pero a la vista está que esa opinión (expresada por lo general desde la derecha) no es compartida por el MI, y tampoco por una importante cantidad de votantes oficialistas, que manifiestan públicamente y con frecuencia su satisfacción por haber vencido a los “zurdos”.
Ese giro a la derecha es notorio en múltiples áreas, desde el discurso sobre el papel de “los malla oro” del sector privado para que la actividad económica crezca, hasta las reformas para centralizar el poder en la educación pública, pasando por el enfoque del sistema de seguridad social. Y, por supuesto, es evidente también en las políticas del MI.
Desde fines de 2013 es legal plantar, cultivar y cosechar plantas de cannabis psicoactivo para consumo personal o compartido en el hogar y también mediante clubes de membresía, autorizados por el Poder Ejecutivo y supervisados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. El registro de las personas habilitadas es reservado salvo orden expresa de un juez, y el MI no tiene derecho a manejarlo, pero quiere acceder a él para evitar “desbordes”, según dijo el ministro Jorge Larrañaga; aplica el criterio de que todas las plantaciones son ilegales hasta que se demuestre lo contrario, e irrumpe en hogares buscando “estupefacientes”.
Si la orientación del MI se desplaza de ese modo hacia la derecha, desconociendo las normas vigentes, está dentro de lo esperable que Inteligencia policial pierda las referencias para identificar a un grupo de extrema derecha.
Hasta mañana.