Este martes fue la última sesión que la comisión de expertos para la reforma de la seguridad social –que convocó el gobierno, con representantes políticos y de los sectores sociales– dedicó a poner en común lo discutido en cuatro grupos de trabajo sobre temas específicos: contexto demográfico, el régimen general del Banco de Previsión Social (BPS), los regímenes especiales –las otras cinco cajas: Militar, Policial, Notarial, Bancaria y de Profesionales– y el sistema de ahorro individual de las AFAP.
De ahora en más, quedan diez días de plazo para la presentación del primer informe, que contendrá un diagnóstico del sistema previsional y ya viene causando discusión. Hay diferencias “de fondo” por parte de los representantes del Frente Amplio (FA), PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu). En tanto, el sector empresarial tiene varios “puntos coincidentes” y algunas discrepancias con la visión del gobierno, que ha sido expresada a través de tres borradores redactados por el presidente de la comisión, Rodolfo Saldain.
En un documento que presentó ante la comisión la delegación del FA, se sostiene que “en el borrador de diagnóstico no termina de resultar claro cuáles son los objetivos que se pretenden del sistema y en qué medida se están logrando concretar o no”, y el análisis “tiende a orientarse principalmente al fenómeno de sostenibilidad financiera”. Además, la oposición plantea diferencias sobre la valoración que se hace de los cambios normativos efectuados a nivel del BPS por los gobiernos del FA.
Mientras tanto el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, dijo a la diaria que como “concepto general” plantearán “la unificación de criterios para todo el sistema”, es decir equiparar las condiciones y beneficios jubilatorios de los regímenes especiales al general. “No puede haber subsidios escondidos, ni apoyos no declarados. El sistema debe ser solidario y equitativo para todos. Tal vez en una gradualidad, no decimos que deba ser ahora, ir asimilando un mismo criterio para todos los actores de la sociedad, y si hay algún sector al que, se entiende, debe dársele algún beneficio, que se explicite”, indicó.
Martínez comentó que esta semana la Confederación de Cámaras Empresariales presentará un documento consensuado entre las gremiales, que muestra el diagnóstico hecho sobre el sistema. Consultado sobre si va en línea con la posición de la coalición de gobierno, señaló que “en muchos puntos es coincidente con los borradores, pero en algunos no coincidimos”. Sostuvo que el contenido de estos documentos en algunos casos “más que hacer un diagnóstico ya plantea propuestas”, y el sector empresarial no comparte la posibilidad de incluir temas previsionales dentro de la negociación colectiva o que se postule un aumento de la contribución patronal.
Oposición reclama atender la “sostenibilidad social”
En varios tramos del documento que elevó el FA a la comisión se plantea que los borradores del gobierno centran el análisis en los aspectos financieros del sistema e ignoran otros enfoques. Esto refiere principalmente a un choque de visiones, ya que para el oficialismo la necesidad de una reforma responde a desequilibrios generados por la ley de flexibilización jubilatoria de 2008 y otras medidas que impulsó el FA en el gobierno.
“Una mirada más comprensiva implicaría incorporar el concepto de sostenibilidad social al análisis del sistema: cuánta gente es incluida y protegida y cómo es protegida, y en qué medida el sistema de seguridad social responde a las expectativas de la población y, por lo tanto, goza de un respaldo de la sociedad”, señaló el FA.
En ese sentido, se cuestiona que el diagnóstico del gobierno “no profundiza en cuantificar aspectos referidos a los efectos distributivos que se derivan de los aportes de recursos públicos [de Rentas Generales y por los tributos afectados al BPS, como siete puntos de IVA y el IASS] en cada uno de los sistemas”.
La economista especializada en temas previsionales y delegada del FA en la comisión Jimena Pardo dijo días atrás a la radio Uruguay que debe mirarse “qué tan progresivo o neutro es el gasto en seguridad social en términos de la distribución del ingreso, pero no evaluado a nivel global sino diferenciado por subsistema”. Subrayó que “la conjetura razonable” es que “el efecto redistributivo en BPS es el único relativamente progresivo”. Esto significa que al volcar recursos al régimen general el Estado logra una redistribución de ingresos apoyando a los sectores más vulnerables, algo que no ocurriría, según la visión del FA, cuando se vuelcan recursos, por ejemplo, al subsistema militar.
Pardo manifestó que el análisis en materia de redistribución del ingreso debe hacerse “conjuntamente con el efecto sobre las finanzas públicas del sistema de BPS”, porque si se observa los aspectos económicos se está “mirando sólo una parte del problema”.
El FA plantea en el documento que el régimen previsional debe cumplir “un rol relevante en la distribución del ingreso y las oportunidades”, y, por tanto, “centrar los desafíos de la reforma que se pretende llevar adelante, priorizando de forma desbalanceada la dimensión de sostenibilidad financiera, pensando sólo en que cierren las cuentas, podría redundar en una reforma que excluiría a colectivos importantes de trabajadores”.