Dentro de 16 días la comisión de expertos que convocó el Poder Ejecutivo para, en primera instancia, hacer un diagnóstico del sistema previsional —con miras a una reforma de las jubilaciones— debe entregar el primer informe, y todo indica que no será por consenso. Según información y declaraciones que recabó la diaria, los representantes del Frente Amplio (FA) y los delegados del PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) tienen varias diferencias “de fondo” con la visión del gobierno, y de no haber “cambios sustanciales” no votarían el documento.
Si bien al reglamentar el funcionamiento de la comisión se estableció que en primera instancia se buscaría una votación por consenso, está previsto que de no haberlo pueda aprobarse el informe por nueve votos del total de 15 integrantes. Sin el apoyo del FA y las dos delegaciones sociales, restan nueve votos del oficialismo y otro de la representación de los empresarios.
El exministro de Trabajo, Ernesto Murro, que participa en la comisión como delegado del FA, manifestó al ser entrevistado por la diaria que la oposición tiene “discrepancias en cosas importantes” con la visión del gobierno, y que de no haber modificaciones la posición será “no acompañar el documento diagnóstico”.
El último viernes, la Mesa Política del FA aprobó una declaración en la que expresó: “Vemos con preocupación que, en los borradores de diagnóstico presentados, subsistan aspectos poco desarrollados, otros abordados en forma parcial, otros claramente sesgados. Especialmente, la forma en que se cuestiona la inversión social que significaron las reformas que ampliaron derechos y acceso a beneficios”.
Murro explicó que la oposición tiene diferencias, entre otros asuntos, con la evaluación que se hace sobre los efectos de medidas tomadas por los gobiernos del FA —como la ley de flexibilización jubilatoria de 2008—, así como los planteos de revisar las jubilaciones por discapacidad física y elevar la edad de retiro. También marcó discrepancias en el diagnóstico del régimen de AFAP y la Caja Militar.
Según supo la diaria este jueves el PIT-CNT y la Onajpu se reunirán para “alinear” una posición común, que será crítica con el diagnóstico presentado por el gobierno.
Fuentes sindicales dijeron que las diferencias con la visión del gobierno “son de tal magnitud, que debería cambiar mucho el documento para que esto no termine en un rechazo al diagnóstico”. Estos temas refieren a la Caja Militar, el régimen de AFAP, la “defensa” por parte del PIT-CNT de la flexibilización jubilatoria de 2008 y la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para el régimen previsional. “Si no van a aportar más los empresarios, ni los trabajadores, ni se quiere ningún otro impuesto, entonces se rebajarán las jubilaciones, no hay misterio”, graficó una fuente.
En tanto, la representación empresarial aún no tomó posición, ya que a nivel de las gremiales se está culminando el análisis del diagnóstico preliminar que salió de la comisión y ultimando una declaración conjunta sobre la reforma jubilatoria. Igualmente, según supo la diaria, hay disposición de acompañar la propuesta del gobierno.
Consultado por la diaria, el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno—, dijo que hay disposición de estudiar “los textos alternativos que propongan” las delegaciones, y aclaró que de momento “no ha habido propuestas de cambios específicos”. En esa línea, agregó: “Para ver si hay chance de acordar [modificaciones] tenemos que ver qué proponen”. Señaló como “una posibilidad prevista en la ley” que el diagnóstico se apruebe sólo con los votos del oficialismo.
El miércoles sesionó la comisión de expertos, y lo volverá a hacer el viernes. Esta semana se comenzó a poner en común los contenidos tratados en varios subgrupos, conformados tras la prórroga en el plazo otorgada en febrero. Los temas fueron la arquitectura general del sistema previsional, el tramo que administra el Banco de Previsión Social (BPS), el régimen de AFAP y las otras cinco cajas —Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales—. “Hay varios temas álgidos que todavía no fueron discutidos en el plenario [que incluye a los 14 delegados más el presidente Saldain]”, señaló un integrante.
Murro: “La coalición centra el análisis casi exclusivamente en la sostenibilidad financiera”
¿Cómo evalúa los tres meses de trabajo de la comisión de expertos y cómo se para el FA de cara al documento diagnóstico?
Hay dos planos. Por un lado, el trabajo en la llamada comisión de expertos viene siendo intenso, cordial y con respeto. Pero en el otro aspecto hay diferencias, discrepancias en cosas importantes, y hay puntos de acuerdo o donde hay sólo matices.
¿Esto hace prever que el informe se aprobará sin consenso dentro de la comisión?
Diría que hay discrepancias sustanciales del FA con varios puntos importantes, que salvo que tuvieran una modificación sustancial en estos días que quedan [hasta el 20 de marzo, cuando debe entregarse el informe], hacen que la posición sea de no acompañar en general el documento diagnóstico. Pero es algo en lo que estamos trabajando.
¿En qué puntos se dan las diferencias más importantes con la visión del gobierno?
Nosotros tomamos en cuenta en este proceso varias cosas. En el capítulo 10 de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto, por ejemplo, se define por parte del gobierno —esto incluye a todos los ministros, por tanto, a todos los partidos de la coalición— una serie de cosas que son preocupantes. Estamos trabajando en un tercer borrador, pero nos importa lo que dicen los borradores uno y dos [que divulgó Saldain en diciembre y febrero]. Este último es menos malo que los anteriores, pero consideramos que en los tres se dicen cosas sobre lo que se piensa del sistema de seguridad social y sobre lo que se piensa hacer. No analizamos sólo este momento, sino todo el proceso.
¿Y de ese análisis que realizan qué diferencias surgen?
Estamos de acuerdo en que hay que revisar periódicamente el sistema de seguridad social. Pero se aprecia que por parte del gobierno —en la exposición de motivos que mencionaba, o en declaraciones de ministros o líderes de la coalición, o en los propios borradores— se dicen cosas muy fuertes, que nosotros no compartimos. Se dice que las reformas que hizo el FA en los últimos 15 años, que facilitaron el acceso de más gente a jubilaciones, en particular de mujeres y de los más pobres, erosionan las posibilidades de atender otras necesidades. Se dice que el fuerte aumento de los salarios, que fue una gran cosa que hicimos en los gobiernos del FA, generaron incrementos de pasividades; lo cual es así porque está en la Constitución, y muestra [el gobierno] preocupación por el aumento de dos tercios del gasto previsional por este tema. También hablan de que el gasto en los cincuentones [colectivo de trabajadores perjudicados en su jubilación y que una ley de 2017 le permitió desafiliarse de las AFAP] erosiona el sistema, o lo mismo del aumento de las pasividades mínimas. ¿Erosiona el sistema que alguien cobre 13.000 pesos por mes? En el FA estamos satisfechos de lo hecho, de haber triplicado el poder de compra de las pasividades mínimas. El Poder Ejecutivo y la coalición cargan todo en que se debería centrar el análisis casi exclusivamente en la sostenibilidad financiera, y nosotros creemos que importa la gente. Estos no son matices: tenemos discrepancias de fondo.
También hay diferencias sobre la evaluación del régimen de AFAP, según las declaraciones del FA. ¿En qué puntos?
No queremos más desregulación y privatización, y en los documentos que citaba hay un planteo hacia una mayor desregulación, mayor competencia y privatización, que no compartimos. Sí hay cosas que atacar; nosotros encaramos la rebaja de las comisiones que cobran las AFAP [se topeó el monto, que no puede ser superior en más de 1,5 veces a la menor comisión del sistema] y las bajamos sustancialmente, pero todavía se puede hacer más. Las ganancias de las AFAP como empresas son de las más altas de Latinoamérica y el mundo. Por otra parte, la jubilación que se genera por la AFAP, a casi 25 años de vigencia del sistema, eran en promedio a fines de 2019 unos 7.000 pesos, y 4.000 por pensiones. Si la gente se queja, y con razón, de la jubilación mínima de 13.000 pesos, acá se paga la mitad o la tercera parte. Esas cosas son las que hay que encarar.
La última declaración del FA habla que se quiere recortar las pensiones por vejez y supervivencia. ¿Por qué deducen eso?
Eso surge claramente de los tres borradores. Creemos que hay que tener una fuerte perspectiva de género, como la tuvimos en la reforma de 2008, también cuestionada por el gobierno actual. A la vez hay un cuestionamiento al régimen de pensiones por viudez, que son fundamentalmente mujeres viudas, que son de supervivencia, y se llegó a hablar de abuso o riesgo moral. Es un hecho muy preocupante.
Respecto de la Caja Militar, el FA impulsó una reforma en 2018. ¿Apoya que se vuelva a reformar este subsistema ahora?
Hicimos la reforma que pudimos. Fue una reforma moderada que pudimos hacer sólo con nuestros votos. Los militares tenían una jubilación que en algunos casos era el doble de lo que cobraban en actividad. Si miramos hoy, los ingresos que se aportan [para la Caja Militar por parte del personal castrense] son la cuarta parte de lo que se gasta. Como digo que hicimos lo que pudimos, hay que avanzar y profundizar los cambios, respetando las especificidades militares.
Respecto de las grandes variables que están en discusión, como la tasa de reemplazo y la edad de retiro, ¿cuál es la postura del FA?
Una cosa es la edad legal y otra la edad real de retiro. Se ha puesto como ejemplo que en Suecia la edad legal es hoy 68 años, pero vemos que en Suecia hay gente jubilada con 55 años y que la edad promedio de retiro es 61 o 62 años. En Uruguay la edad promedio es 63 años, entonces estamos mejor que Suecia, aunque tengan como edad legal 68 años y en Uruguay sea 60 años. Lo otro es que acá se jubila con 60 años y 45% [de tasa de reemplazo, porcentaje del sueldo base que cubre la jubilación] y en otros países a edades mayores se llega a 100%. También hay que ver otras situaciones, como el sistema de cuidados. Nosotros entendemos que es casi imposible hacer una reforma jubilatoria sin profundizar el sistema de cuidados para adultos mayores. Avanzamos algo nosotros, pero se debe hacer más y es fundamental profundizarlo en el marco de la reforma.
¿De dónde plantean que surja la financiación para profundizar el sistema de cuidados?
Siempre pensamos que debe pagar el que tiene más y el que puede más. Esto lo asocio con otra de las discrepancias que tenemos en la comisión, que es sobre la asistencia financiera [lo que el Estado traslada al BPS para cubrir el pago de prestaciones], que está prevista en la Constitución y surge de impuestos, que deben pagar cada vez más los que más pueden, y esos impuestos no deben ir solamente para atender la pobreza. También hay que atender con los impuestos de los que más tienen otras necesidades de protección social, no solamente la de los más pobres. Varios miembros de la comisión han planteado que los impuestos deben atender sólo [a los sectores más vulnerables].
Se ha hablado de una especie de subsidio indirecto de toda la población, que paga por ejemplo el IVA, a las jubilaciones medias o altas.
Obviamente que el IVA es un impuesto regresivo. Fuimos avanzando desde 2007 con la reforma tributaria en ir generando impuestos más progresivos, para que pague más el que más tiene. Son cosas que deben verse; en lo que nosotros marcamos nuestra discrepancia es en que los impuestos no deben ir sólo para atender la pobreza. Fíjese, por ejemplo, la escasa preocupación que se manifiesta porque la Caja Militar cubre con la recaudación una cuarta parte de lo que invierte en salud y retiros militares, y cómo sí se hacen destaques en lo referido al BPS.