Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El oficialismo se dispone a defender los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración (LUC) con miras al referéndum, que parece inevitable por la cantidad de firmas entregadas a la Corte Electoral. Lo más conveniente para sus intereses colectivos sería cerrar filas, postergar las diferencias internas y actuar en forma coordinada, evitando presentar flancos débiles, pero no va a serle fácil.
El presidente Luis Lacalle Pou se ha negado a formar nada semejante a un organismo colectivo de conducción de la “coalición multicolor”, y eso dificultará el desarrollo de una campaña unificada hacia el referéndum. La comunicación oficialista se ha centralizado, como muchas otras tareas y decisiones, en Presidencia, pero ahora gran parte del trabajo quedará en manos de un heterogéneo elenco de parlamentarios y dirigentes.
Del otro lado, la Comisión Prorreferéndum ya es un comando colectivo con experiencia, y cierto margen de diversidad puede resultarle beneficioso, porque los 135 artículos se refieren a cuestiones muy distintas. El oficialismo debe empezar a ponerse de acuerdo y definir, por ejemplo, si dará respuesta a cada cuestionamiento o se concentrará en alegar que la derogación de algunos artículos sería muy perjudicial.
Por otra parte, el referéndum aparece en el horizonte cuando son públicas algunas diferencias entre partidos oficialistas. Entre ellas, las referidas al proyecto de Cabildo Abierto (CA) para limitar la forestación, que se aprobó en Diputados con apoyo del Frente Amplio, y al acuerdo con Katoen Natie, cuestionado por colorados y cabildantes aun antes de que se conociera, por la respuesta a un pedido de informes frenteamplista que deja entrever que el Ejecutivo no analizó seriamente qué implicaba una eventual demanda de esa empresa. En los últimos días se ha ampliado la lista.
Los gobiernos departamentales (incluyendo al colorado de Rivera y a todos los nacionalistas) rechazan que en el proyecto de Rendición de Cuentas se intente “multarlos” por no evitar la formación de nuevos asentamientos.
CA propone agregarle al proyecto de nueva ley de medios normas de control de la “imparcialidad y equilibrio” de la información política, con posibilidad de sanciones, que el resto de la coalición no comparte ni podría apoyar luego de todas sus críticas, por mucho menos, a la norma vigente en la materia.
El sector colorado Ciudadanos, que perdió la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Francisco Bustillo reemplazó a Ernesto Talvi, protesta por la decisión de remover al director ejecutivo de Uruguay XXI, que también integra ese sector y había tenido discrepancias con el canciller.
De postre, Bustillo dijo el sábado que es ministro de “un gobierno blanco”, causando un malestar que fue manifestado por integrantes de Ciudadanos (incluyendo a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache), pero seguramente se extendió a todos los socios del Partido Nacional y a unos cuantos blancos con sentido común. Pocos momentos pueden ser peores que este para una afirmación tan poco diplomática.
Hasta mañana.