Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las cuestiones relacionadas con Ancap se siguen ubicando en un lugar muy destacado de la agenda política, con claras proyecciones más allá del área específica en que actúa ese organismo público.
Hace pocos días se mencionó en este espacio cómo el tema de los precios de los combustibles se ha vuelto un eje ordenador de debates sobre la relación entre el Estado y el sector privado. Ahora, decisiones adoptadas por el directorio de Ancap son resistidas por el sindicato de trabajadores del ente y por el PIT-CNT, que las identifican como provocaciones para incidir en la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC).
Desde el oficialismo se sostiene, por el contrario, que es el sindicato (la Federación Ancap, Fancap) el que aumenta la conflictividad para incidir en esa campaña. En definitiva, la relación con el referéndum es percibida por las dos partes. Y recordemos que, en julio del año pasado, fue de Fancap la iniciativa de promover en el PIT-CNT la realización de un referéndum contra la LUC.
El directorio anunció que no renovará el convenio colectivo vigente, alegando que los planteos de Fancap “rápidamente escalan de los ámbitos de negociación a posiciones de conflicto, contrarios a las decisiones que legítimamente corresponden a la empresa”, con “aplicación frecuente y excesiva de medidas distorsivas, que [...] impiden la normal y eficiente operación, generando importantes sobrecostos en un entorno cada vez más exigente y competitivo”.
La mención a los “sobrecostos” de Ancap no parece ser casual: remite al discurso oficialista sobre la causa de que el precio de los combustibles aumente por encima de la paridad hipotética con la importación. Todo se entrelaza.
El PIT-CNT afirmó que la no renovación del convenio y el cierre de unidades productivas de Ancap, vinculadas con la logística de los combustibles, buscan “que el sindicato tome medidas de lucha que produzcan desabastecimiento”, a fin de desprestigiar simultáneamente a los trabajadores y al ente.
Hace 15 días, en la Torre Ejecutiva, Luis Lacalle Pou se reunió por primera vez con quienes presiden directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Aparicio Ponce de León dijo luego del encuentro, ejerciendo su infrecuente papel de vocero, que para el primer mandatario “las empresas públicas son un brazo ejecutor fundamental de la gestión de este gobierno”.
Cuando en Presidencia dicen “gobierno”, por lo general quieren decir “nosotros”, pero supongamos que Lacalle Pou sabe bien que una institución llamada “ente autónomo” no es ni debe ser el brazo ejecutor de nadie. Sea como fuere, quizá en aquella reunión se haya hablado del papel político de los jerarcas convocados en los meses que nos separan del referéndum.
Según versiones de prensa, Lacalle Pou les aseguró a las autoridades de los organismos que cuentan con su respaldo frente a la “presión sindical”, y sostuvo que no deben dejarse “trancar” ni “frenar”, ya que ocupan sus puestos como representantes de una coalición elegida “para hacer cambios y no para que gobiernen los sindicatos”.
Hasta mañana.