Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El presidente Luis Lacalle Pou y su entorno más cercano han afrontado en 2022 una acumulación de problemas que, entre otras consecuencias políticas de importancia, le quitaron el control de la agenda noticiosa.
Algunos de esos problemas implicaron ante todo que, con independencia de los sinsabores en la Torre Ejecutiva, la pasara muy mal gran parte de la población, que vive de salarios, jubilaciones y pensiones cuyo poder de compra ha caído desde 2020 y está todavía lejos de volver a la situación de 2019. Los datos sobre pobreza y empleo mal remunerado son elocuentes.
A esto se sumó un aceleramiento de la inflación, que aún se mantiene en niveles indeseables, y los intentos de contenerla contribuyeron a una baja de la cotización del dólar de la que se quejan los exportadores, quienes además asisten de muy mal humor al fin del período de precios internacionales extraordinarios que los benefició.
Por otra parte, el sostenido aumento de los homicidios golpeó duramente las promesas y expectativas sobre la seguridad pública, y el Ministerio del Interior ha quedado además en una posición muy comprometida, al igual que la cancillería y Presidencia, por los escándalos vinculados con Sebastián Marset y Alejandro Astesiano, prolongadas pesadillas para el oficialismo.
Da la impresión de que la estrategia diseñada para sobrellevar esta situación incluye un gran esfuerzo por recuperar el control de la agenda y poblarla de otras noticias, que reduzcan o contrapesen los impactos negativos. Un ejemplo claro fue que ayer Lacalle Pou convocó a una conferencia de prensa para reiterar información ya conocida sobre planes de saneamiento y el proyecto Arazatí, y se negó a contestar preguntas acerca del caso Astesiano.
En el área del Poder Ejecutivo hay una llamativa sucesión de anuncios sobre tarifas y beneficios sociales, y en la del Legislativo la negociación dentro del oficialismo logró que Cabildo Abierto se limitara a señalar en el Senado que mantiene discrepancias con el proyecto de reforma jubilatoria, aprobado ayer en esa cámara, pero que las planteará el año que viene cuando se trate en la de Representantes.
Parece obvio que esta decisión cabildante tuvo entre sus contrapartidas la aprobación, también en el Senado, del proyecto del Ejecutivo para otorgarles “indemnización moral, social y económica” a “civiles, policiales, militares y sus familias” por los perjuicios que les causaron, de 1962 a 1976, “grupos armados de carácter ideológico”, sin que se sepa aún el monto de las reparaciones económicas ni a quiénes amparará esta norma.
También cabe sospechar que el toma y daca incluyó la aprobación, en comisión de Diputados, del muy cuestionado proyecto sobre tenencia compartida, sin considerar siquiera las propuestas de modificación planteadas desde el propio oficialismo.
Estas transacciones se realizaron con el ala más derechista de la coalición de gobierno, sin que otros de sus integrantes jugaran al mismo juego con Lacalle Pou (aunque también es posible que lo hayan intentado sin éxito). El saldo refuerza un escenario de polarización, y no presagia nada bueno para el año que viene.
Hasta mañana.