La forma en que se está encarando la campaña hacia el referéndum del 27 de marzo desde el oficialismo tiene consecuencias muy negativas, y entre ellas estuvieron ayer las lamentables declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la denuncia de violación presentada por dos mujeres contra tres policías de la Guardia Republicana.
Gran parte de los dirigentes que integran la coalición de gobierno parecen haber decidido que el tema más eficaz para activar respuestas emocionales favorables al No es el de la seguridad pública, y que la forma de lograr esas respuestas es presentar la consulta popular como una opción global entre los criterios que orientaron la actuación policial durante los gobiernos del Frente Amplio (insistiendo en que causaron un terrible aumento del delito) y los aplicados por el actual (que se reivindican como la causa de que la delincuencia haya disminuido).
Este planteamiento tiene grandes debilidades. La acción de la Policía no es, por cierto, el único factor relevante para que disminuya la delincuencia, y no hay evidencia de que esa acción se haya vuelto más eficaz debido a las normas sobre seguridad de la ley de urgente consideración (LUC) que se someterán a referéndum. Pero quizá el problema más grave es que el oficialismo, al adoptar esta línea de argumentación, parece sentirse obligado a vincular todo lo que hacen los policías con la LUC y la consulta popular.
Los tres funcionarios de la Republicana están acusados de actos gravísimos: nadie puede poner en duda que la violación dentro de un patrullero de mujeres detenidas es una atrocidad, y también es obvio que un hecho así no puede ser visto como la consecuencia directa de ningún artículo de la LUC. Heber pudo limitarse a informar sobre el proceso en curso, pero da la impresión de que le pareció necesario evitar que se utilizara la denuncia para promover el Sí en el referéndum, y que eso fue la causa de que derrapara ante los periodistas.
Parte del discurso oficialista sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, la LUC y la actuación policial se apoya en la tesis –indemostrable– de que los funcionarios logran mejores resultados porque ahora “se sienten más apoyados” por las autoridades, como si la eficacia de la política criminal dependiera ante todo, o exclusivamente, de factores subjetivos y de una especie de “coaching motivacional”. Quizá convencido por su propio relato, Heber sostuvo que, “de ser cierto” lo denunciado, “es muy grave, porque no solamente enchastra el uniforme policial sino que el ministerio, y en este caso yo mismo, me siento traicionado”. Parece que el énfasis en la relación de los policías con el uniforme, la institución y el ministro le hizo olvidar a este nada menos que la gravedad de la violación.
Heber agregó que “si llega a ser cierto”, sobre los acusados “va a caer todo el peso de la LUC”, porque en ella se establece que los condenados por violación no pueden redimir parte de su pena mediante estudio o trabajo en los centros de reclusión. “Así lo establece la nueva ley si no se deroga”, creyó pertinente añadir. Si está empeñado en hacer campaña, lo menos que se le puede pedir es un poco de seriedad.