Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las campañas hacia el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tienden a centrarse en las normas vinculadas con la acción policial. Mientras los impulsores del No les atribuyen un marcado beneficio para la seguridad pública, los partidarios del Sí sostienen que, combinadas con orientaciones del Poder Ejecutivo, han traído consigo nuevos y graves peligros, vinculados con los abusos policiales.
En las crecientes controversias quedan involucradas instituciones como la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo presidente participó en un cruce de declaraciones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Al oficialismo le causó una fuerte irritación que esta se pronunciara sobre el centenar de denuncias de abuso policial presentadas a la SCJ por la Asociación de Defensores de Oficio, y varios dirigentes salieron a cuestionar lo que consideran una intervención indebida a favor del Sí.
El secretario general del Partido Colorado afirmó que la INDDHH “está ayudando a los delincuentes”, y de paso añadió que también “atropella de modo totalitario la historia nacional”, en referencia a su posición sobre la matanza de Salsipuedes. La vicepresidenta Beatriz Argimón dio un paso más y sostuvo que es hora de revisar para qué ha servido la Institución, con miras a “replantear muchos aspectos” de su funcionamiento y reformarla.
Como cabía esperar, la senadora nacionalista Graciela Bianchi subió la apuesta, al decir entre otras cosas que al frente de la INDDHH debe haber “grandes catedráticos” e “intelectuales”, no “integrantes panfletarios”. Su par cabildante Guillermo Domenech no sólo echó mano a la teoría de los dos demonios sino que planteó directamente que la INDDHH deje de existir, arguyendo que su creación fue inconstitucional, porque atribuyó competencias correspondientes al Poder Judicial a un organismo del Legislativo.
Sería deseable que lo coyuntural no se llevara puesto lo institucional, o por lo menos que no enturbiara la percepción de hechos evidentes. La INDDHH investiga, evalúa y hace públicas sus conclusiones, pero no emite, como la Justicia, fallos ni ningún otro tipo de pronunciamiento obligatorio para nadie, sino que sólo realiza recomendaciones y propuestas. La autoridad que puede ejercer es únicamente moral, y depende de la credibilidad, el respeto y la confianza que se gane con su proceder.
Su creación respondió a necesidades modernas, muy vinculadas al cumplimiento de tratados internacionales por parte de Uruguay (incluyendo el asesoramiento y las recomendaciones para instancias periódicas de evaluación), y a la relación en el terreno de sus competencias con organizaciones de la sociedad civil, que además son las que proponen a la Asamblea General personas para integrar el Consejo Directivo de la INDDHH.
Por último, y en lo referido a las posiciones ideológicas de quienes han actuado en ese Consejo, cabe señalar que es muy difícil hallar gente “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos” entre personas afines a partidos de derecha.
Hasta mañana.