Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Sabrán comprender quienes leen esta columna que es difícil adecuarla a la veda, muy especialmente porque la campaña que terminó ayer no abarcó solamente la discusión de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se someterán a referéndum el domingo, sino que se planteó con frecuencia como una opción absoluta entre el oficialismo y la oposición, de modo que cualquier asunto político en debate puede ser considerado parte del debate entre el Sí y el No.
Hablemos, entonces, del fútbol y sus alrededores, y pongámonos a tono con la noticia de la clasificación de Uruguay al Mundial de Catar.
El fiscal Fernando Romano utiliza las potestades y herramientas que le da su posición en el sistema judicial para impulsar cambios culturales, que disminuyan y prevengan la violencia relacionada con el fútbol. Ha intervenido en cuestiones difíciles de abordar y poco abordadas, como las relacionadas con cánticos que celebran la violencia y con las implicaciones penales de incidentes entre jugadores dentro de la cancha.
Quizá lo más interesante es que Romano ha hecho esto con una intención didáctica, que no implica por el momento formalizar procesos, sino ponerles límites claros y firmes a actores clave, para contrarrestar la naturalización de conductas indeseables y peligrosas.
Esto puede llamar la atención, porque la idea habitual acerca del trabajo de los fiscales se centra en sus tareas específicas de investigar y acusar. Sin embargo, sucede que la Fiscalía es parte de un sistema más amplio, cuya meta no es –o no debería ser– simplemente que cada parte se preocupe sólo por su cometido.
El sistema tiene objetivos con los que todas las partes deben estar comprometidas. De lo contrario, no se ayudan ni se potencian mutuamente para el cumplimiento integral de una política de justicia (más amplia que la política criminal), aumenta el riesgo de que se pierda energía en rozamientos, e incluso puede suceder que el afán de cada una por hacer lo suyo o “cuidar su chacra” dificulte el avance colectivo que la sociedad necesita.
La Policía, por ejemplo, tiene una diversidad de tareas que no se reducen a la represión del delito, sino que incluyen también su prevención. Y es muy conveniente que la totalidad del personal policial conozca, valore y apoye lo que hacen los demás participantes en un esfuerzo colectivo, desde quienes se empeñan en que la gente conviva mejor hasta quienes trabajan con personas privadas de libertad, pasando por los defensores, los fiscales, los jueces y muchos otros.
Así sucede en cada caso: no es conveniente, y ni siquiera es válido, que una parte se desentienda de lo que hace otra, que la menosprecie o que la identifique como rival o enemiga.
No es que las tareas preventivas sean por definición ajenas a la Fiscalía, cuya ley orgánica le encomienda, por ejemplo, “acciones tendientes a evitar la violencia basada en género”, y señala expresamente la validez de que los fiscales actúen con miras al “fomento y protección de derechos humanos”. Que haya funcionarios capaces de asumir una visión integral es una gran noticia, y ojalá fuera más frecuente.
Hasta el lunes.