Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En el cierre de la Expo Prado, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) reiteró, como lo hace en forma invariable, su visión del país, del papel que desempeñan en él los sectores a los que representa esa gremial y de las políticas que debería aplicar el gobierno nacional. Quizá lo que más importa señalar son las limitaciones y problemas que implica esa visión, compartida en la oratoria del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Un repaso de lo que ha sucedido desde 2020 muestra con claridad que el Poder Ejecutivo no sólo hace suyo el relato de las grandes gremiales “del campo”, como la ARU y la Federación Rural (FR), sino que incluso ha incorporado jerarcas que actúan, según dijo ya en marzo de 2020 el antecesor de Mattos, Carlos María Uriarte, como representantes de “las necesidades y opiniones de los productores” agropecuarios (o por lo menos de los mayores entre ellos), para que “sus intereses sean considerados en las medidas que toma el gobierno”.
Sin embargo, ese repaso también indica que, más allá de la afinidad ideológica y los discursos, las autoridades no han hecho mucho más que dejar lucrar a los grandes exportadores en una coyuntura internacional extraordinariamente favorable. Los “cambios estructurales” que quieren los representantes de ese sector van bastante más allá, e implican políticas que los favorezcan en tiempos de vacas flacas, mediante la disminución de su carga impositiva y del precio de sus insumos. En otras palabras, que el resto de la sociedad les otorgue mayores subsidios y que se reduzca su subsidio al resto de la sociedad.
Esto se enfatiza poco desde la ARU y la FR, cuyos dirigentes tienen mayores vínculos con el oficialismo, y queda sobre todo a cargo de los portavoces del movimiento Un Solo Uruguay, que señala las promesas incumplidas en la materia. En todo caso, la cuestión es que, desde el punto de vista de estas organizaciones, Uruguay mantiene problemas estructurales de los que ellas no consideran que deban hacerse cargo, y que afrontarlos del modo que reclaman tendría consecuencias terribles.
Las grandes gremiales agropecuarias alegan, a coro con el gobierno nacional, que se las difama al negar que la prosperidad de sus integrantes tenga efectos de “derrame” en el conjunto de la economía, y exhiben indicadores de los beneficios que aportan a otros sectores. Lo que sucede es que ese efecto está muy lejos de contrarrestar, por ejemplo, la caída del poder adquisitivo de los salarios o la baja calidad de muchos empleos.
El aporte a la sociedad que estos empresarios consideran justo ni siquiera es suficiente para mejorar la calidad de vida de una población escasa y con tendencia a la disminución. Por lo tanto, hay tres alternativas: o se les aplican impuestos que ellos no consideran justos; o se identifican e impulsan con fuerza otras actividades; o se asume que el drama demográfico de Uruguay no es que falte gente, sino que sobra.
El gobierno presidido por Luis Lacalle Pou no ha mostrado la menor intención de asumir la primera opción ni la segunda, y la tercera es delirante. Estamos en graves dificultades.
Hasta mañana.