Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Apelar a lo que uno siente, a lo que experimenta en su fuero íntimo, es una estrategia argumental riesgosa: es difícil de rebatir, pero no se puede avanzar mucho con ella. Fernando Pereira apeló a ese recurso cuando buscaba expresar que el gobierno que comenzó en 2020 no ofrece suficientes garantías para la protección de la privacidad de determinados ciudadanos. En esa línea, el presidente del Frente Amplio tal vez no debió haber abundado en detalles, como el del funcionamiento de su teléfono, que se prestan para deshacer la premisa principal.
Aunque se pueden hacer muchas bromas sobre por qué se le cortan las llamadas a Pereira, cuesta creer que las hagan representantes de una administración que está envuelta en múltiples escándalos que involucran el manejo ilegal de información y el empleo de recursos estatales para fines criminales.
Un repaso apurado de esos episodios debería incluir el relacionado con el exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que va desde la vigilancia a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera –en una maniobra de chantaje que buscaba desactivar sus denuncias contra el gobierno por la concesión del puerto de Montevideo que sigue sin aclararse– a la recolección de información sobre estudiantes y docentes de Liceo 41, y comprende también la oferta de los servicios de patrullaje policial a empresarios particulares. Además, Astesiano, aunque lo hayamos olvidado, realizó un seguimiento con cámaras de seguridad callejeras al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y reportó los resultados a Nicolás Martínez, secretario personal del presidente Lacalle.
El repaso debería incluir también la creación de una trama para proteger al exsenador nacionalista Gustavo Penadés basada en el acceso a información reservada sobre quienes lo denunciaban en múltiples instancias de abuso sexual a menores. Hay dos policías detenidos por esta maniobra.
No llama la atención que lo denunciado por Pereira sea tomado con liviandad por el senador nacionalista Sebastián da Silva –una persona afecta a los intercambios de baja calidad, por así llamarlos–, pero sí que quien lo haga sea Nicolás Martinelli, director de secretaría del Ministerio del Interior, que está en el núcleo de estas actividades apartadas de la ley.
De hecho, el titular de la cartera se encuentra en una posición precaria debido, en parte, a su manejo de este tipo de irregularidades. Y es precisamente la conducta de Luis Alberto Heber y los suyos en los casos de espionaje y vigilancia ilegal, la que siembra la duda de hasta dónde las actuales autoridades ejercen su mando sobre las estructuras policiales y hasta dónde estas actúan de forma autónoma.
Hay un giro irónico, al que refirió Pereira en la entrevista radial que dio pie a las burlas de Martinelli y Da Silva, que deja claro que no sólo las figuras de la oposición deberían estar preocupadas por la seguridad de sus comunicaciones. Recientemente fueron sumariados dos funcionarios policiales por acceder a escuchas telefónicas que eran parte de una investigación sobre la muerte de la madre de Luis Alberto Heber, ocurrida en 1978.
Y conviene recordar también que las acciones de espionaje llevadas a cabo por las agencias de inteligencia estatal, que siguieron operando tras la dictadura, fueron desestimadas por la Justicia sólo porque habían prescrito, pero que nadie niega que ocurrieron.
Hasta mañana.