Uno de los dos policías de Inteligencia que fueron sumariados la semana pasada por ingresar ilegalmente al sistema de interceptación de llamadas El Guardián es hijo de Silcar Lara Borges, exjefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), donde actuó el único indagado en la causa, el expolicía Ricardo Zabala, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

Lara Borges, quien falleció en setiembre de 2020, fue promovido como suboficial un año antes que Zabala y estuvo a cargo del departamento N4 de la DNII desde 1981. El policía fue investigado por varias causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellas la investigación por apremios físicos y psicológicos, privación ilegítima de la libertad y abusos sexuales contra 26 ex presas políticas, entre 1972 y 1983, y es señalado como el responsable de los operativos represivos iniciados en noviembre de 1981 contra el Partido Comunista. Además, llevó a cabo tareas de vigilancia en el operativo que culminó con el asesinato de ocho integrantes de la seccional 20 del Partido Comunista, el 17 abril de 1972.

El departamento de Narcóticos de la DNII fue el responsable de la investigación del asesinato de Cecilia Fontana, madre del actual ministro del Interior, ocurrido el 5 de setiembre de 1978. Fontana falleció tras ingerir una de las tres botellas que habían enviado a la dirección del Partido Nacional, integrada por el expresidente Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber.

La semana pasada, una auditoría regular realizada por el Ministerio del Interior detectó un ingreso ilegal a una de las escuchas telefónicas realizadas a través del sistema El Guardián, que pertenecían a la Operación Naviero, impulsada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en el marco de la investigación por la muerte de Fontana.

El hijo de Silcar Lara Borges interceptó el material que contiene conversaciones telefónicas entre policías y militares que están siendo investigados en la causa del vino envenenado, luego de obtener la clave de acceso al sistema por intermedio de un compañero, el subcomisario John Giménez, sobre quien también se inició una investigación interna.

Mientras la fiscal especializada en Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Silvia Porteiro, continúa investigando el acceso ilegal al sistema, a partir de una denuncia que hizo el Ministerio del Interior, continúan las audiencias previstas en la causa que investiga la muerte de Fontana.

Este viernes declararán como testigos los militares Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Medina, Mario Frachelle, Gregorio Álvarez Nieto y los policías José Sande Lima y Enrique Navas, mientras que el próximo 30 de octubre será el turno del expolicía Ricardo Zabala.

La principal hipótesis de la fiscalía es que Zabala, quien participó en el equipo de investigación de la muerte de Fontana, actuó en el marco de una contienda entre militares que enfrentaban al general Amaury Prantl y al teniente coronel José Gavazzo contra el entonces comandante en jefe del Ejército, Gregorio Álvarez, quien pretendía sustituir al dictador civil Aparicio Méndez integrando un triunvirato.

Zabala nació el 18 de diciembre de 1949, fue ayudante en la Brigada de Investigaciones de Narcóticos y desde allí pasó en comisión al Servicio de Información y Defensa, donde estuvo al mando de Gavazzo, y luego volvió a Narcóticos, que era dirigida por el inspector mayor Hugo Campos Hermida, el 12 de agosto de 1977.

Durante el funcionamiento de la comisión parlamentaria que investigó el caso, en 1985, el entonces senador José Germán Araujo, denunció que Campos Hermida se jactaba de conocer los pormenores de la muerte de Fontana en reuniones con otros policías en el Centro de Recuperación Carcelaria, y planteó que había policías que estaban dispuestos a declarar en ese sentido, siempre que se les asegurara que Campos Hermida fuera preso.