Una de las seis jerarquías policiales indagadas en el caso que involucra a Alejandro Astesiano es el comisario general Henry de León, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, que depende de la Dirección de la Policía Nacional del Ministerio del Interior.
La Dirección General de Fiscalización de Empresas tiene a su cargo el registro, contralor, fiscalización y supervisión de todos los servicios de seguridad privada: vigilancia, protección, custodia, manejo, traslado y seguridad de personas, bienes y valores, entidades financieras, pagos descentralizados y afines.
De León estaba siendo investigado porque se encontró que Astesiano solicitó una reunión con él para pedirle el indulto de una multa aplicada contra una empresa de seguridad privada (que era suya, pero estaba a nombre de un testaferro). El titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas declaró ante la fiscal Fossati que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con esa sanción económica.
La investigación contra De León se archivó este lunes.
El dictamen fiscal indica que se conoció que Astesiano le pidió al entonces subdirector de la Policía Héctor Ferreira -que renunció por este caso-, que lo conectara con De León. La intención era que el jerarca lo “ayudara como ‘favor’ con una multa de 180.000 que le habría impuesto a un supermercado, ‘Súper V’”, que trabajaba con la empresa de Seguridad “R”, “donde se había ubicado a personal no habilitado” realizando la tarea de seguridad.
Según se indica, De León “explicó que recibió el planteo en el marco de su rol, pero que no hizo gestión alguna”. De hecho, una prueba que se tomó en cuenta es que el Ministerio del Interior expidió la multa en cuestión por 36.000 unidades indexadas.
Sobre el encuentro que hubo entre Astesiano y De León, se indicó que la Dirección General de Fiscalización de Empresas está supeditada a jerarquía del subdirector de la Policía, “por lo que Ferreira tenía atribuciones para indicarle a De León que entrevistara a un particular, bastando una orden verbal”.
Desde Fiscalía se afirmó que “habiendo sido suficiente la tarea investigativa desarrollada”, se descarta la existencia de hechos delictivos por parte de De León, por lo cual “no corresponde extender una situación jurídica (imputado) que acarrea un estigma para la persona más allá de lo estrictamente necesario”. Por eso, se resolvió el archivo de investigación contra De León.