Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A partir de las denuncias públicas contra el senador frenteamplista Charles Carrera, por su intervención para que se atendiera en el Hospital Policial a un persona que fue baleada en La Paloma a fines de 2012, el oficialismo formó una comisión investigadora parlamentaria que ha sido centro de muchas polémicas. Ahora entraron en una más sus integrantes (todos de la coalición de gobierno porque el Frente Amplio se negó a participar, alegando que se trata de una operación infundada en su contra).
La senadora nacionalista Graciela Bianchi y su par cabildante Guillermo Domenech cuestionaron una vez más el presunto sesgo político frenteamplista de Fiscalía, por lo que consideran una excesiva demora en indagar las denuncias contra Carrera presentadas por el Ministerio del Interior. Ayer, ambos y los otros tres miembros de la comisión produjeron el hecho político de reunirse con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para recibir un informe sobre la marcha de la causa y hacerle saber que, según dijo el nacionalista Jorge Gandini, consideran necesario que haya resultados antes de que comience el año electoral. Tras la reunión, Gandini arguyó que el grupo de legisladores no hizo nada “que se parezca a una presión”.
Todo esto se mezcla con otras controversias de muy distinto tipo, en torno a la reforma del Código del Proceso Penal aprobada en 2014.
El eje central de esa reforma fue el pasaje al sistema llamado acusatorio, de raíz anglosajona, con la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado a cargo de dirigir la investigación de los delitos y su persecución penal, al que le compete también brindar asistencia y protección a víctimas y testigos.
Hubo una primera discusión, que empezó antes, entre quienes impulsaban este cambio y quienes defendían el viejo sistema inquisitivo, de raíz europea continental, con jueces que dirigían la indagación de posibles delitos, procuraban pruebas y decidían si las personas debían ser procesadas.
Otra discusión se refiere al funcionamiento del nuevo sistema, y tiene por lo menos dos vertientes. Por un lado, desde la propia Fiscalía y la asociación de fiscales se insiste en que la dotación presupuestal es insuficiente. Por otro, hay quienes afirman que el poder está excesivamente centralizado en el fiscal de Corte y que esto afecta la independencia técnica de los demás fiscales. Se ha propuesto formar un organismo colectivo de dirección de Fiscalía, y esto es muy discutible porque crearía riesgos de “representación proporcional” partidaria, de bloqueos y de divergencia de orientaciones.
Hasta aquí estamos en el terreno de debates legítimos y en gran medida técnicos, aunque en ellos se mezclen intereses sectoriales e incluso personales. Lo que hacen Bianchi, Domenech, Gandini y otros es totalmente político, y en los hechos siembra desconfianza hacia cualquier fiscal. Todo indica que este período de gobierno va a terminar sin que logren su objetivo de sustituir a Gómez con alguien de su confianza política, y parece que la frustración los lleva a dañar una herramienta institucional clave, socavando el sistema republicano que tanto dicen defender.
Hasta mañana.