El jueves el dirigente nacionalista Pablo Iturralde tuvo que renunciar a la presidencia del directorio de su partido. Debió hacerlo luego de que el semanario Búsqueda difundiera comunicaciones que mantuvo hace más de un año con el exsenador Gustavo Penadés, que está siendo procesado por abuso de menores, entre otros delitos. En los chats, Iturralde afirmaba haber presionado con éxito para que se asignara una fiscal “amiga” al caso de su correligionario.
Algunos de los que siguen siendo correligionarios de Iturralde, como el precandidato presidencial Álvaro Delgado y el presidente Lacalle Pou, buscaron minimizar el asunto. Otros voceros nacionalistas repitieron un argumento que habían utilizado para relativizar las figuras delictivas que surgían de los chats del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano: que alguien se atribuya ciertas acciones no significa que efectivamente las haya llevado a cabo. Sin embargo, las palabras autoincriminatorias de Iturralde se corresponden con declaraciones públicas que hizo cuando comenzaba la investigación a Penadés.
La oposición, lógicamente, reclama que se investigue a Iturralde, cuyas acciones proyectan sombra sobre el accionar del gobierno en su conjunto, según el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi. En consonancia con su opinión, Búsqueda también reveló chats entre Penadés y el exasesor presidencial Roberto Lafluf (obligado a alejarse de Lacalle por su participación en el caso Marset) que muestran que le brindó consejo al exsenador.
Además de lo que revela sobre la relación entre el partido gobernante y la Justicia, el “caso Iturralde” configura un nuevo episodio de hostilidad hacia la Fiscalía y desnuda una forma de concebir la política que hace mucho daño al país.
También en las cámaras
Además del escándalo de Iturralde, el Partido Nacional, o más bien su grupo parlamentario, deberá afrontar días complicados. Por un lado, los diputados esperan que Lacalle Pou, mediante un veto presidencial, se encargue de deshacer el disparate autoritario que introdujeron sus senadores y los de Cabildo Abierto en el proyecto de ley de medios.
Además, tendrán que pelear, en minoría, contra parte del articulado de la futura ley de financiación de partidos políticos, ya que Cabildo y el Frente Amplio acordaron que sean los concesionarios de ondas públicas y no el Estado los que deban pagar los minutos de propaganda electoral gratuita previstos en el proyecto.
También pasó
La Corte Penal Internacional solicitó el arresto de los líderes de Israel y Hamas por crímenes de guerra. Además, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener la ofensiva en Rafah. La zona entró en un desastre sanitario total.
De nuevo, una encuesta arroja que sólo con Orsi como candidato el Frente Amplio gana las elecciones nacionales.
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