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Ilustración: Ramiro Alonso

Las explicaciones del caso

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Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Diputados del Partido Nacional anunciaron que pedirán la comparecencia del equipo económico, que encabeza el ministro Gabriel Oddone, ante la Comisión Permanente del Parlamento por el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de corregir “dos errores de diseño” del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud, medida que reducirá el monto de las devoluciones del Fonasa (Fondo Nacional de Salud). Las correcciones implican cambios metodológicos para calcular el CPE que se deberán establecer mediante normativa, pero hay legisladores que dudan de que se pueda hacer por decreto. Varios actores de la oposición criticaron el anuncio y lo catalogaron como “expropiación”, “robo” o “nuevo impuesto”. “Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple ‘tecnicismo’, es un cambio de derechos”, consideró el diputado blanco Sebastián Andújar.

Ante una situación que viene de bastante tiempo atrás en la industria cementera estatal, con costos de producción que duplican los precios del mercado y con pérdidas de 800 millones de dólares en los últimos 25 años –según el colorado Walter Verri, exsubsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería–, el gobierno se propone invertir 30 millones de dólares entre 2026 y 2028 para “mejorar los resultados operativos del negocio, potenciando la capacidad de abastecer al mercado con producción 100% propia”. Este plan de trabajo, que apunta a optimizar recursos, implica potenciar la producción de la planta de Minas, que absorberá parte de lo que hace la de Paysandú, lo que ya ha despertado inquietud entre los sanduceros.

Siguiendo en temas de gobierno, el resultado de la renegociación del proyecto Neptuno, que derivó en descartar la obra prevista y en construir una nueva planta potabilizadora de agua cerca de Aguas Corrientes, no conformó a las organizaciones que forman parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Para este conglomerado el contrato firmado por el anterior gobierno, y modificado por el actual, “es nulo y la justicia aún no se ha expedido” al respecto. La comisión expresa que la medida cautelar solicitada se denegó “por cuestiones de forma y no de fondo”, y reclama “una explicación fundada de por qué no se declaró su nulidad”. Además, señalan que “el cambio de localización no cambia el riesgo ecológico”, y que el río Santa Lucía, donde se construirá la nueva obra, “tiene uno de los mayores índices de contaminación, y la calidad, disponibilidad y acceso al agua para consumo humano están en peligro por la presión de las actividades productivas”.

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Hasta mañana.

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