Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En un caso de características poco usuales en un país como Uruguay, la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, solicitó la formalización del proceso contra 11 personas –de ciudadanía uruguaya, brasileña y paraguaya– que fueron detenidas por estar vinculadas a la construcción de un túnel en Ciudad Vieja, con el objetivo de robar un banco. La Justicia dio lugar al pedido de la fiscal y determinó como medida cautelar la prisión preventiva para los imputados, por un plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.
Ayer de tardecita, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que “se desbarató a una organización que tenía un plan definido, organizado, para perpetrar delitos de diversa naturaleza” –como tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes– y aseguró que la operación evitó un “atraco a una institución financiera, lo cual hubiera ocasionado un duro daño y golpe a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.
También en el plano judicial, ayer hubo novedades en torno al caso Conexión Ganadera, ya que la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, extendió las medidas cautelares de los socios fundadores de la empresa, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, hasta el 10 de agosto. Durante la audiencia, en la que los tres involucrados compartieron sala, el abogado de Cabral dijo que su clienta quería cambiar el lugar en el que está cumpliendo prisión domiciliaria, en Punta del Este, pero al rato suspendió la decisión. Así las cosas, se estableció que el fiscal asignado, Enrique Rodríguez, deberá presentar la acusación del caso antes del 17 de julio de 2027.
En el terreno político, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la renuncia de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Profesionales, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué, luego de que votaran a favor de otorgar una partida mensual de 130.000 pesos para los miembros del directorio, contraviniendo la Ley 20.130, que dispone que esos cargos deben ser honorarios. En su carta de renuncia, Sanguinetti había afirmado que su actuación “se realizó en cumplimiento de un mandato recibido bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. Ayer, Castillo volvió a negar que se haya dado alguna orden en ese sentido, pero las explicaciones no fueron suficientes para la oposición.
Además, en esta edición, les traemos los nuevos datos del Instituto Cuesta Duarte sobre desindexación y acuerdos salariales; y los detalles de la conferencia del exsenador y extitular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, respecto del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo parcialmente a favor de la empresa Montecon, que había solicitado la anulación de dos decretos emitidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Hasta mañana.