Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El senador del Frente Amplio Óscar Andrade anunció este lunes en la diaria Radio que presentó un proyecto de ley para suspender el cobro de las jubilaciones a los militares que hayan sido citados por la Justicia y estén prófugos, así como a quienes tengan una orden de detención nacional o internacional vigente. La iniciativa, a la que accedió la diaria, apunta a que el ordenamiento jurídico uruguayo “dé una respuesta coherente y eficaz frente a la situación de quienes eluden la competencia ante la Justicia, mientras continúan percibiendo prestaciones financiadas por el Estado”, señala la exposición de motivos. En esa línea, presenta la suspensión de haberes como “un instrumento legal proporcionado y reversible que contribuye al cumplimiento de la obligación internacional de combatir la impunidad”.
El proyecto consta de dos artículos. Uno propone sustituir el artículo 35 sobre los motivos de la suspensión del retiro o pensión de la Ley 19.695, que hizo modificaciones al sistema de previsión social militar en 2018. Ese artículo establece que se les suspenderá el cobro de haberes a quienes sean condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito cuya pena impuesta sea de penitenciaría y durante el término de su cumplimiento; lo que la iniciativa de Andrade agrega es que la suspensión se dará si a la persona se la declaró rebelde en un proceso penal y si se le dictó una orden de detención nacional o internacional vigente.
El segundo artículo, en tanto, agrega a la Ley 13.033 –que reestructuró el régimen de pensiones militares– el artículo 22 bis, que establece que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas “suspenderá el pago de los haberes de retiro, reforma o pensión al integrante de las Fuerzas Armadas o al reformado que fuere declarado rebelde en un proceso penal o sobre quien pese orden de detención nacional o internacional vigente”.
En otro plano, continúan las repercusiones respecto del traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado a la fiscalía de Cibercrimen, entre otras cosas, porque el magistrado y su equipo tenían bajo su responsabilidad dos casos que impactan directamente sobre la última gestión del expresidente Luis Lacalle Pou: Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset. Después de declaraciones cruzadas entre representantes del oficialismo y de la oposición, el propio Machado dijo a la diaria: “Yo no pedí traslado”. En concreto, explicó que él se postuló al llamado que se lanzó ante la creación de la fiscalía, “al igual que otros colegas”, y “quedó seleccionado”.
Además, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió al fallecimiento de un hombre de 42 años en situación de calle en Flor de Maroñas durante la noche del viernes. Tras reclamos de la oposición que criticaron que la noticia fuera informada en primera instancia por el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, el jerarca afirmó: “El gobierno dio la cara”.
Las declaraciones de Civila fueron en el marco del lanzamiento del programa Libertad Segura, para personas liberadas del sistema penitenciario, que pretende reducir la reincidencia delictiva, disminuir la cantidad de personas en situación de calle y garantizar condiciones para la inclusión social de las personas liberadas.
Hasta mañana.
