Ya es un lugar común entre los actores políticos sostener que vivimos en la “sociedad del conocimiento” y que el desarrollo tecnológico y la innovación deben tener un rol central en las políticas públicas. Sin embargo, mientras que la consistencia de esa aseveración con la realidad se cumple en muchos países centrales y algunos emergentes, en la región latinoamericana no es así. Al contrario, las políticas aplicadas al respecto han sido más bien espasmódicas, y Uruguay no ha estado ajeno a ese fenómeno. La reforma institucional realizada, los ejes de intervención definidos y el soporte financiero incremental promovido durante los primeros años de gobiernos progresistas tuvieron resultados concretos en términos de capacidades institucionales, recursos humanos, productos científicos y tecnológicos, desarrollos empresariales innovadores, etcétera, que la propia oposición ha reconocido y en general acompañado. No obstante, en el último período se ha perdido proactividad, lo que, sumado a la creciente preocupación por la avasallante irrupción tecnológica y su impacto en el mundo del trabajo, está obligando a relanzar las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI), incorporándolas al debate político. En este marco, identificar en los programas electorales la política de CTI propuesta permite sopesar el papel que le es otorgado por los diferentes actores. En esta nota analizamos qué se dice sobre el tema en el programa del principal precandidato blanco.1
Para ponderar la importancia otorgada a la CTI en el programa de Lacalle Pou se puede utilizar, por ejemplo, la metodología sugerida por un amigo y contertulio nacionalista: contar, usando el buscador de palabras, la presencia en todo el documento de algunas de ellas, específicas de la temática. Esto puede dar una noción de la jerarquización que se hace. De las 85.000 palabras que componen el texto, sólo una decena corresponden a “innovación” y otro tanto a “ciencia”. Por su parte, instituciones públicas relevantes en la materia, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), son mencionadas seis y dos veces, respectivamente. Un resultado eminentemente magro, pero que por sí solo no puede dar cuenta de la jerarquía otorgada a la temática. De hecho, como se ha informado, el programa está dividido en cinco capítulos –o shocks–, y el último y más reducido se focaliza precisamente en el conocimiento y la cultura. Analicemos su contenido.
Acompañando el desafío digital, desconociendo oportunidades
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están omnipresentes en la subsección sobre conocimiento. Se hace referencia a su importancia en la capacitación de trabajadores para su reinserción laboral tras el desplazamiento que ciertas tecnologías provocan; en las políticas educativas y actividades para culturizar digitalmente a las nuevas generaciones (taller de robótica y fabricación digital, etcétera) y en la mejora de la eficiencia de la gestión en la estructura estatal para acceder a la información pública, los trámites en línea, etcétera. Ninguno de esos planteos es novedoso, ya que se vienen desarrollando desde instituciones como la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, o por otras que fueron creadas en estos años (Plan Ceibal, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Universidad Tecnológica, etcétera). En todo caso correspondería revisar, ampliar o profundizar esos planteos.
La propuesta más relevante e interesante es la de crear 100 “comunidades digitales” para resolver problemas concretos mediante coordinaciones interinstitucionales públicas y privadas, aunque el fundamento de ese número no queda claro. También se reivindican acciones para la actualización tecnológica de empresas de TIC y para apoyar su internacionalización, políticas que ya tienen larga data en el sector. Se plantean algunos cambios legales vinculados a exoneraciones e impuestos por medio de una nueva ley de promoción.
Es justo decirlo, se observa a lo largo de todo el documento una presencia reiterada de las TIC –mencionadas una treintena de veces– que es coherente con el papel central que tiene en nuestros días la revolución digital. Pero corresponde consignar, como es aceptado por la mayoría de los economistas, que dicha revolución ya está madura y nuestra participación como país ya está establecida. Si bien las cadenas de valor de TIC en sí mismas poseen un valor de base superior –y, por tanto, es importante participar en ellas en cualquier eslabón por la calidad de los puestos laborales–, no dejamos de ser productores principalmente de commodities intangibles.
Ahora bien, como hemos expuesto en notas anteriores, está emergiendo una nueva revolución tecnológica e industrial: la de la bioeconomía, caracterizada por aplicaciones a la matriz productiva y de servicios de la biotecnología, la nanotecnología, la salud humana y animal, los biomateriales y otros. Con sólo nombrar los sectores involucrados es posible sopesar las oportunidades que se pueden abrir a Uruguay considerando las ventajas comparativas que tenemos en ciertos recursos naturales, e incluso en recursos humanos ya formados o en formación. Esto no parece ser percibido a lo largo de la propuesta programática. En las 23 páginas correspondientes al sector agropecuario, la palabra “innovación” es mencionada una sola vez, mientras que “tipo de cambio” o “atraso cambiario” aparecen cuatro veces. En la veintena de acciones sectoriales propuestas abundan las referencias a impuestos, tarifas, seguridad, aspectos administrativos, endeudamiento, seguros, etcétera, mientras que escasean las tecnológicas en un sector que es caracterizado como “la locomotora” del país. Es decir, los planteos se vinculan con las reivindicaciones sectoriales clásicas y no con el impulso de un nuevo paradigma productivo basado en la incorporación de conocimiento. Las secciones específicas sobre industria y turismo no superan las siete páginas en conjunto.
Como concepto general se puede decir que el programa de Lacalle asume la revolución digital, y en función de ello se la internaliza en el trabajo, la educación, la gestión y la vida cotidiana, pero en relación con la matriz productiva de base del país, esta no solo no es puesta en cuestión, sino que siquiera se reconoce la necesidad de transformarla y superar la primarización económica.
¿Gobernanza, áreas estratégicas y 1% de inversión?
El documento tiene escasas definiciones sobre aspectos centrales para cualquier política pública. Sobre la gobernanza en CTI, el documento avanza poco. En un par de párrafos se enuncian las necesidades de una nueva institucionalidad, así como de definir áreas estratégicas para el período. Sin embargo, sobre estas últimas no se propone nada concreto y respecto de la gobernanza hay, en otra sección, comentarios sobre la actual “dispersión institucional”, la necesaria confluencia de recursos económicos, humanos e infraestructurales, y la “responsabilidad última al respecto del Poder Ejecutivo”. Quizá se intente decir que debería crearse un ministerio, pero en todo caso eso es una inferencia no confirmada.
En el programa se critica el incumplimiento, por parte del actual gobierno, del objetivo de inversión de 1% del Producto Interno Bruto para investigación y desarrollo. La crítica, compartible, termina siendo un boomerang, pues el compromiso fue firmado por los cuatro principales presidenciables previo a las elecciones de 2014, es decir, también por el propio Lacalle Pou. Dado que en el actual programa no se reitera el compromiso, ¿está o no aún vigente? Valdría la pena saberlo.
En resumen, en relación con una política de CTI con perspectiva estratégica, el programa levantado por Lacalle asume algunos desafíos actuales inevitables, la revolución digital, pero no avanza en problematizar lo que muchos entienden como principal restricción para un desarrollo inclusivo: la actual matriz productiva. En lo coyuntural, en el programa no se definen aspectos centrales para la concreción de una política pública: gobernanza, prioridades estratégicas (o marco conceptual del cual derivarlas) y soporte financiero. Para un debate temático más rico sería importante que el candidato o sus voceros explicitaran esos aspectos.
Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la ANII.