El primero de julio de 2022 se presentó ante la Justicia una demanda de la Comisión de Fomento de Punta Colorada y Nativos Punta Colorada para detener la construcción, por parte de la Intendencia de Maldonado, de un tramo de la rambla costanera de ese balneario. El 8 de ese mismo mes, el juez Alejandro Recarey hizo lugar al pedido de medidas cautelares. Recordemos, esta es la sección sobre ciencia. Cómo se dio y cómo termina todo este proceso legal excede nuestra área de competencia.
El asunto es que el miércoles 13 de julio la Intendencia de Maldonado, además de apelar la sentencia, radicó una denuncia penal por falso testimonio contra los investigadores Omar Defeo, de la Unidad de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), y Daniel Panario, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, también de la Facultad de Ciencias, quienes habían declarado ante el juez como testigos técnicos presentados por el abogado Juan Ceretta, de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, que llevó adelante la demanda.
“El juez tomó la decisión, pero se come un garrón porque los testigos mintieron y eso va a dar para lío, y nos habilita a nosotros a hacer la denuncia penal”, declaró al diario El País el 15 de julio el Intendente de Maldonado, Enrique Antía. “Lo peor es que utilizaron técnicos de la cátedra de la Facultad de Ciencias, grados importantes, para decir cosas que no son ciertas, incluso falsedades. Y por eso es que los denunciamos ante la justicia penal. [...] Quién sabe por qué fin lo hicieron, y eso es lo que a mí no me gusta, lo que olfateo mal”, agregó.
“Venimos a poner en vuestro conocimiento los hechos con apariencia delictiva que se dirán solicitando se inicie la investigación de los mismos, contra los señores Omar Domingo Defeo y Daniel Panario; en merito a las siguientes consideraciones y fundamentos”, comienza el texto de la denuncia presentada.
Luego del recuento de hechos, se llega a la parte medular: en el escrito se sostiene que Defeo “presentó una declaración mendaz” al decir “En este caso lo que se esta haciendo es cortar el corazón de la playa. [...] Lo que se esta construyendo es una ruta al borde del mar; esto interfiere y obstruye el movimiento natural de la arena. Esto afecta a la fauna y la flora, genera desapariciones de especies, y genera es una exclusión de especies nativas. El hecho de endurecer altera el patrimonio geológico del lugar”.
En cuanto a Panario, el escrito sostiene que “también surgen afirmaciones mendaces, vertiendo en el proceso en su calidad de testigo, hechos relacionados con la zona cuestionada que son falsos”, y luego cita: “Hay especies invasoras como las acacias y la garra de león, que las plantan para fijar la duna, pero no para estabilizarla. Esas plantas van a extinguir el pasto dibujante. [...] Las consecuencias que habría si no se detiene la obra, el sistema va a claudicar, por debajo de la arena hay tosca, las playas se quedarían sin arena. [...]. Los gobiernos municipales están desesperados por conseguir licitaciones”.
Por eso dicen que “surge claramente la deliberada y consciente intención de los señores Defeo y Panario de testimoniar en falso en el expediente civil relacionado donde fueron citados como testigos de la Sede”.
Apoyando a la ciencia
Ni bien se presentó la denuncia por falso testimonio a Defeo y Panario, comenzaron las manifestaciones de solidaridad. Los primeros en hacerlas fueron los colectivos sociales, nucleados en la Red Unión de la Costa, que defendieron a ambos científicos. Luego vendrían las declaraciones de varios actores del sistema académico y científico.
Así lo hizo el Consejo de la Facultad de Ciencias, que escribió que la opinión científica brindada por ambos investigadores “es una importante contribución que enriquece el debate ciudadano, por lo que una medida tendiente a su silenciamiento resulta inadmisible y debe ser rechazada”. También se expresó la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), señalando que es “una señal muy peligrosa para la sociedad en general, y para las comunidades científicas y la universitaria en particular, que ante un asesoramiento que no le gusta, la respuesta del gobierno departamental sea atacar a los investigadores que lo realizaron”.
También se expresó la La Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de la Udelar (“rechaza el intento de amedrentamiento y criminalización de una de las tareas y objetivos universitarios más importantes, como es la relación con la sociedad y el mejoramiento de su bienestar”), un grupo de casi 50 investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas clemente Estable (IIBCE) (“dejamos constancia de nuestro profundo rechazo al intento de desacreditación y presiones políticas a las que han sido sujetos por compartir sus opiniones científicas sustentadas en tantos años de trabajo serio y dedicado hacia conocer y preservar las frágiles costas, símbolo de nuestra cultura y a las que urge un manejo saludable y atención inmediata”), la Comisión Directiva del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) (“se solidariza con nuestros investigadores Omar Defeo y Daniel Panario y manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que dos investigadores uruguayos hayan sido denunciados penalmente por expresar públicamente conclusiones de su trabajo científico”) y la Asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay (Investiga uy) (“manifestamos nuestro más profundo rechazo a cualquier intento de silenciamiento de las opiniones científicas brindadas por integrantes de nuestra comunidad en el ejercicio de su profesión”).
Por otra parte, también emitió un comunicado la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu), que es presidida por Rafel Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario tan popular en la pandemia y que mostró el rol del asesoramiento científico para la toma de decisiones, pero que además cuenta con Defeo como uno de sus miembros. “La ANCIU manifiesta su honda preocupación por estas declaraciones y su total discrepancia con esta forma de relacionamiento con el cuerpo científico, que de llevarse a cabo, constituirían un intento de inhibir, por la vía judicial, la expresión de opiniones basadas en la evidencia científica disponible, las que deberían ser bienvenidas y consideradas en beneficio de toda la comunidad nacional”, sostienen en su misiva.
Consultado para esta nota, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, señaló que aquí hay dos situaciones que preocupan. “La primera es la amenaza de judicializar el asesoramiento científico. Eso de por sí es extremadamente complejo, porque implica también avanzar sobre algunos espacios de autoritarismo en donde se acallan voces en función de que no sean acordes a los intereses del poder de turno, venga desde donde venga. Y lo segundo es esta lógica de incorporar a la producción académica un halo de sospecha que pueda llevar a tener consecuencias para las personas involucradas”, apuntó.
“Por lo tanto, lo dice la Facultad de Ciencias y me sumo yo también, lo que estamos expresando es la solidaridad con ambos docentes, y una preocupación más general que tiene que ver con que la sociedad uruguaya no abra un espacio en donde la voz de los científicos y las verdades, porque en la vida académica también hay verdades plurales, no puedan expresarse ante el riesgo o el miedo de ser agredidos, en este caso, a través de una denuncia judicial”, agregó Arim. Finalmente, dejó picando una cuestión que llama a la reflexión: “Una denuncia por falso testimonio presupone que quien hace la denuncia conoce cuál es la verdad y por lo tanto no va a aceptar ‘verdades’ u opiniones distintas, fundadas científicamente, provenientes de otros ámbitos, en este caso particular, del universitario”.
Yo acuso
“Los científicos se excedieron, fueron como testigos y no como asesores”, dice el abogado Hugo Alvez, quien presentó la denuncia por falso testimonio en nombre de la Intendencia de Maldonado y es el vocero sobre el tema. “Ellos entonces no pueden ir a teorizar sobre su posición científica, sino que tienen que declarar sobre hechos que vieron o constataron. Ellos no vieron ni constataron ningún tipo de hecho, y en segundo lugar, faltaron a la verdad porque dijeron que se estaba construyendo una ruta donde no se estaba construyendo una ruta. La ruta ya está terminada y existe hace 40 años. Y además declararon que era exigible un estudio de impacto ambiental y un estudio de ordenamiento territorial, cuando la propia ley establece que no es exigible en tanto sea una rambla”, agregó.
Lo curioso es que el escrito presentado por la Clínica de Litigio, en este caso por el abogado Ceretta, dice claramente en su página 39 que tanto Omar Defeo como Daniel Panario se presentan como “testigos técnicos” junto a otros tres académicos que luego no fueron llamados por el juez. Luego se presentaron dos testigos más como “testigos presenciales”.
“Nadie cuestiona los conocimientos técnicos de los científicos, pero ellos no fueron como asesores científicos, sino que fueron a declarar como testigos. Y el testigo tiene que declarar sobre hechos y no dar opiniones, y tiene que decir la verdad”, sostuvo de todas formas Alvez.
“Conceptualmente no cabe nunca la consumación del delito de falso testimonio cuando se trata de testigos técnicos, que concurren a hablar de lo que saben y no de hechos que percibieron por sus sentidos”, dice, por su parte, Ceretta. “Uno puede estar de acuerdo o no con la opinión técnica de Panario o de Defeo, pero eso no hace que lo que dijeron haya sido falso”, amplía. “Que haya actividades o no en la rambla de Punta Colorada no es un hecho que nosotros hayamos acreditado con los testimonios de Panario o Defeo; presentamos otro conjunto de pruebas. Ellos dan su opinión de lo que conocen de la zona y, obviamente, de lo que vienen estudiando sobre las dinámicas costeras”, puntualiza Ceretta.
Cuando le leo el pasaje de la carta de la Anciu citado más arriba, que ve esta denuncia como “un intento de inhibir, por la vía judicial, la expresión de opiniones basadas en la evidencia científica disponible”, el abogado Alvez responde que “el científico puede dar su opinión en un artículo de prensa, en un congreso, en una revista científica. En un juzgado, cuando se cita como testigo, tiene que ir a declarar sobre hechos. Cuando un científico es citado como testigo no es para preguntarle su opinión, es para preguntarle si constató o no constató en el lugar tal o cual cosa; debe hablar sobre hechos concretos, no sobre su opinión genérica”.
Para Alvez además hay otro tema, “que es la diferencia entre la cátedra y la gestión”. Según dice, “los gobiernos departamentales tienen que gestionar situaciones. El problema está planteado y hay que gestionarlo y resolverlo, lo que es muy diferente a dar una opinión desde una cátedra de cómo sería la manera ideal de resolver y gestionar ese tema”. A eso que alude justamente se lo denomina “demandar conocimiento”, pedir insumos basados en evidencia para realizar una gestión informada. “La Intendencia de Maldonado también tiene sus propios científicos, tiene una Dirección de Ambiente desde hace 20 años, antes de que existiera el Ministerio de Ambiente”, retruca Alvez.
Justamente, le digo, en el ámbito científico estos diferendos se resuelven de otra manera y no mediante esta especie de judicialización de la ciencia que denuncian varios de los comunicados de solidaridad hacia los científicos. “No, la judicialización de la ciencia la hizo el reclamante, que en lugar de presentar prueba acorde, expuso a dos científicos a teorizar sobre cómo debería ser el manejo de las dunas en Uruguay”, dice Alvez. “Hay momentos y lugares donde dar una opinión científica. Y una opinión científica tiene que ser objetiva. Nosotros creemos que en este caso la opinión fue sesgada. Y llevaron, nada menos, a que un juez dicte una medida cautelar en contra de la Intendencia de Maldonado”, enfatiza.
“Ha habido un abroquelamiento en respaldo a la ciencia. Pero acá no está en juego la ciencia, sino que está en juego la declaración de dos personas que, escudadas en sus conocimientos científicos, hicieron una declaración tendenciosa que faltó a la verdad”, prosigue Alvez. Le digo que a eso refiere también la carta de la Anciu, que culmina diciendo: “Atribuir intencionalidad a apreciaciones científico-técnicas es desconocer la naturaleza misma de la metodología científica, poner en tela de juicio la integridad de prestigiosos académicos y compromete el incipiente proceso de asesoramiento científico hacia nuestra sociedad”.
“El científico que diga lo que quiera decir. Lo que no le puedo admitir a un científico o a ningún testigo es que induzca al error a un juez o que falte a la verdad. Los dos le dijeron al juez que era necesario un estudio ambiental previo. Y el juez decretó una medida cautelar hasta tanto se presente el estudio de impacto ambiental previo y de ordenamiento territorial. El juez compró y decretó en base a las declaraciones de Defeo y de Panario, que no se ajustan ni a la verdad ni a la ley”, responde Alvez.
Sin embargo, en la denuncia por falso testimonio presentada, como ya vimos antes, no son esos los pasajes que citan. En ningún momento se menciona en la denuncia que ambos hayan declarado que la Intendencia violó la normativa y que era necesario el permiso ambiental. Tampoco surge eso tras escuchar los audios de la comparecencia de Defeo y Panario, a los que accedimos para hacer esta nota. Pero aun en ese caso, llevar a biólogos marinos y ecólogos a testificar sobre cuál es la normativa vigente no parece ser el campo de conocimiento por el que los convocaron. “El métier de su comparecencia lo desconozco porque no fui yo quien los ofreció como testigos. Lo que sí sé es que si ese no era su métier no tendrían que haber declarado”, responde Alvez.
Comentando más sobre el área que dominan ambos investigadores, Alvez dice: “Los testigos técnicos no existen, en realidad son asesores de parte, no son testigos. Y esa es otra parte que le reclamamos al juez Recarey, que tomó las declaraciones de dos asesores de parte como testimonios y en base a eso decretó la medida”. Pero entonces, si entienden que Defeo y Panario fueron asesores de parte y en realidad hubo un error del juez en tomarlos como testigos, ¿sigue teniendo sentido la denuncia por difamación? “Bueno, eso lo va a resolver el juez”, dice Alvez.
“Yo le diría que, más que cuestionar la denuncia que hizo la Intendencia, debería cuestionarse también el uso que hicieron la parte actora y el doctor Ceretta de sus contactos con los grados 5 de la Udelar. Presentamos un video donde arenga a los vecinos y claramente habla de los profesores que son aliados imprescindibles para sacar el recurso adelante”, apunta el abogado. “Los científicos, con el mayor respeto que me merecen, se excedieron en sus declaraciones, fueron presentados como socios imprescindibles en estos reclamos. Yo no sé que finalidad persiguen, pero para mí hasta fueron utilizados, y se excedieron en lo que es la mera declaración científica. Se excedieron, no sé si por desconocimiento, no sé si por coadyuvar a la parte que los propuso, y todo eso desembocó en que un juez, habilitando una feria judicial, después de una gran campaña mediática en contra de la Intendencia de Maldonado, suspendiera una obra que ya estaba terminada. Esa es la pura verdad. La que tiene que gobernar Maldonado es la Intendencia de Maldonado: no los testigos, no los vecinos de Punta Negra, ni la Universidad de la República, ni el doctor Ceretta”, remata Alvez.
¿La Justicia dirá?
“Una vez presentada una denuncia en Fiscalía hay que ver si un fiscal considera que hay que hacer una investigación”, dice Ceretta. “El fiscal tiene la obligación de tomar la denuncia, de recibir esa comunicación de un particular de un hecho con eventual apariencia delictiva, pero después evalúa si va a construir un caso sobre esos hechos que le relataron. En este caso, creo que es un escenario remoto”, agrega.
“Se puede opinar distinto a Defeo, a Panario o a cualquier científico, más aún cuando en la ciencia no hay verdades reveladas, pero nunca esa opinión podría ser catalogada como falso testimonio”, insiste Ceretta. “El debate que está detrás es el del desarrollo no sustentable versus el desarrollo sustentable. Para quien prioriza o mide el desarrollo solamente en términos económicos le preocupa que aparezca un juez, una jueza o un tribunal que les diga que hay cosas que no se pueden hacer porque van en contra, por ejemplo, de cuestiones socioambientales. Aquí el propósito es perseguir a dos testigos”, remata.
Este artículo tiene una segunda parte que se publicará en la sección Ciencia de la diaria del próximo martes.