Un grupo de familiares y curadores de usuarios del hogar Sarandí, de Colonia Valdense, denunciarán este miércoles en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública (MSP) por “violación de derechos humanos”.
Responsabilizan al Estado por la demora en la implementación del plan de vacunación contra el covid-19 en ese centro especializado en la atención para personas con discapacidades severas, según puede verse en el escrito, patrocinado por el abogado Óscar López Goldaracena.
En abril se registró un brote de coronavirus en el hogar Sarandí, perteneciente a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, que hasta el momento ha provocado la muerte de cinco usuarios y una funcionaria.
La vacunación en el hogar Sarandí tuvo varias idas y vueltas. En una primera instancia la Dirección Departamental de Salud de Colonia había dispuesto que tanto los usuarios y los funcionarios sean vacunados en paralelo a la inoculación realizada en los hogares de larga estadía. Sin embargo, posteriormente, las autoridades sanitarias dispusieron que la vacunación en el hogar Sarandí recién se iniciara a mediados de abril en paralelo a la realizada a los usuarios de centros de atención de salud mental.
Precisamente, en la demora del inicio de la vacunación a usuarios y funcionarios del hogar Sarandí y en los trágicos efectos aparejados hasta el momento hace foco esta denuncia. “El retraso en el suministro de la vacuna (que debió haberse aplicado en marzo de 2021 y que se postergó arbitraria e injustificadamente por más de un mes) fue determinante para impedir o minimizar el impacto del brote de coronavirus que causó, hasta el momento, la injusta y evitable muerte de cinco personas y el contagio generalizado de internos y personal de la institución”, establece la denuncia.
Este fin de semana falleció la licenciada en Enfermería Alejandra Martínez, sexta persona vinculada a la institución cuya muerte fue provocada por la covid-19.
La denuncia redactada por López Goldaracena busca que la INDDHH intervenga para que la conducta del Estado “se ajuste efectivamente al mandato de las normas y principios que consagran y garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad en materia de salud y los derechos de las instituciones que los cuidan”, en el marco de la pandemia y de los planes de vacunación, “sin perjuicio de que se declare la responsabilidad del Estado en los hechos acaecidos”.
El escrito recuerda que el plan estratégico de vacunación contra la covid-19 elaborado por el MSP “dispuso una vacunación progresiva y escalonada con prioridades”, entre ellas: “la protección de la integridad del sistema de salud” y “de la infraestructura de los servicios esenciales”; la reducción de la morbilidad y mortalidad asociada al coronavirus “protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo para lo cual recomendó la vacunación de los grupos de mayor riesgo” según la situación epidemiológica, y “la reducción de la transmisión de la infección comunitaria y generación de inmunidad de rebaño”.
Bajo ese marco, señala la denuncia, en una primera etapa se identificó a las “poblaciones clave”, se priorizó a los grupos de riesgo a vacunar, “y se incluyó la vacunación para los residentes y funcionarios de establecimientos de larga estadía para personas mayores (elepem)”.
En enero la Dirección Departamental de Salud de Colonia notificó al hogar Sarandí que sería considerado dentro de los elepem. “Se le informa [al hogar Sarandí] sobre el censo y sobre la documentación necesaria que deberán firmar residentes y funcionarios para la instancia de inoculación de la primera dosis y se le convoca a reuniones por Zoom que se celebrarían los días 28 y 29 de enero para ajustar detalles operativos”, explica el documento.
El cronograma dispuesto establecía que la inoculación con la vacuna Pfizer en los elepem se llevaría a cabo entre el 15 y el 20 de marzo; antes, los familiares de las personas internadas en el hogar Sarandí enviaron “todas las autorizaciones firmadas que se requerían”.
Sin embargo, el 19 de marzo la Dirección Departamental de Salud del MSP notificó a las autoridades del hogar Sarandí que el hogar “no sería incluido en el plan de vacunación de las “residenciales” o casas de salud, lo que implicó, en los hechos, la postergación de la vacunación. “Se adujo que la decisión habría sido tomada por Inmunizaciones del MSP”, agregan en la denuncia.
Debido a esas circunstancias, el hogar Sarandí “quedó postergado y no se incluyó en el plan de vacunación que se le había comunicado y prometido”; las autoridades del MSP solicitaron que la institución se inscriba “como establecimiento de salud mental” y que “debía remitir nuevos formularios”.
Las protestas de funcionarios y familiares de los usuarios ante la demora en la vacunación determinaron que “las autoridades sanitarias anunciaran que la vacunación de la primera dosis en el hogar Sarandí se llevaría a cabo el 19 de abril de 2021, en una sola jornada”, con la vacuna Sinovac, a pesar de que “la vacuna para mayores de 70 años debía ser la Pfizer”. El mismo día en que se inició la vacunación se registró el primer caso de covid-19 en la institución y dos días después “ya habría habido más de 20 casos positivos”. “Luego, todos los hisopados daban positivos”, resalta la denuncia. El 26 de abril se registró el primer fallecimiento de los seis ocurridos hasta el momento.
Violación de los derechos humanos
Los denunciantes concluyen que hubo decisiones de las autoridades “que violaron los derechos humanos de un sector vulnerable de la población, ocasionando muertes que podrían haberse evitado”, asegura el documento.
El hogar Sarandí formaba parte de la lista de establecimientos que habían sido priorizados para la vacunación, “pero luego se le suprimió de dicho grupo”. Esa determinación provocó que “la vacunación llegó tarde, cuando ya había contagio generalizado, lo que causó la muerte injusta” de varias personas. “Fue un hecho gravísimo” afirma.
Para los denunciantes, “la conducta de las autoridades sanitarias incumplió deberes jurídicos del Estado que dimanan de normas y principios que consagran derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad” y solicitan a la INDDHH que “observe al Estado (Ministerio de Salud Pública y Poder Ejecutivo) por la violación de derechos humanos incurrida y por su responsabilidad en los hechos denunciados, y se le llame con “énfasis” a adoptar medidas pertinentes, efectivas e “inmediatas”, “hasta el máximo de los recursos disponibles”, para que “no repita prácticas, conductas y respuestas tardías en los planes de vacunación y en la contención de la pandemia, con el fin de que no haya que lamentar más muertes evitables en ningún sector de la población”.