Con los votos favorables de los cinco senadores de la coalición de gobierno, el martes la Comisión de Constitución y Legislación del Senado decidió archivar el pedido de juicio político solicitado por la Junta Departamental de Colonia contra el exalcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez. En tanto, los cuatro senadores del Frente Amplio (FA), a favor de la continuidad del juicio político, votaron en contra de su archivo.
Por otro lado, la totalidad de los senadores aprobó dar andamiento al proceso de juicio político al exedil Pablo Sánchez, hijo de Alfredo, también condenado por delitos de corrupción.
Hasta el momento, ni Alfredo Sánchez ni su hijo Pablo, ambos del Partido Nacional, han presentado renuncias a sus cargos de alcalde de Florencio Sánchez ni de edil departamental, respectivamente, a pesar de que se encuentran en prisión desde hace nueve meses por delitos de corrupción contra la administración pública. La justicia condenó con tres años de penitenciaría a Alfredo Sánchez y también dictó una suspensión de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública; ambas sanciones comenzaron a correr en octubre del año pasado, por lo que Sánchez podrá retornar al municipio de su localidad una vez que recupere la libertad, según explicaron a la diaria los senadores de la oposición.
El argumento utilizado por los legisladores oficialistas para solicitar su archivo radicó en que el Senado no tendría facultades para iniciar juicio político a los integrantes de los municipios.
La Junta Departamental de Colonia realizó la solicitud “al amparo del artículo 18 de la Ley 19.272, que hace expresamente aplicable el artículo 296 de la Constitución respecto de los alcaldes y concejales”, que prevé el juicio político para el intendente y para los miembros de la Junta Departamental por los motivos establecidos en el artículo 93 –que es la norma madre respecto del juicio político–, que son violaciones a la Constitución u otros delitos graves”, argumentó el legislador frenteamplista Charles Carrera.
Agregó que “la tríada de delitos cometidos por Alfredo Sánchez configuran todos los criterios definidos por la doctrina para calificarlos de graves”. “Se trata de tres delitos cometidos en el ejercicio de la función pública que le ha sido encargada por el voto de la ciudadanía de su departamento, en el que el bien jurídico afectado es la administración municipal”, estableció. Además, opinó que el hecho de que los delitos “hayan sido tipificados y que Sánchez esté cumpliendo, o haya cumplido, la condena, no hacen descaecer la tramitación del juicio político ni el dictado de la sentencia debida por la Cámara de Senadores”.
Para el senador, “resulta oprobioso” que la Comisión de Constitución y Legislación elevara un informe “sugiriendo el archivo del asunto”, ya que “no tenemos la duda propia de una acusación no verificada, sino la más absoluta certeza de que cometió tres delitos contra la administración pública, que configuran la causal de delito grave, que es motivo suficiente para que procedamos a sugerir firmemente su erradicación de la misma, vía la destitución”.
Carrera consideró “vergonzosa” esta situación: Alfredo Sánchez “estará preso hasta setiembre de 2024 y cuando recupere la libertad podrá volver a ocupar el cargo de alcalde; es una cosa de locos lo que hizo el oficialismo”.
Para Liliam Kechichian, también del FA, la comisión del Senado debió haber votado el inicio del juicio político a Sánchez, ya que “había que dar un mensaje claro a la ciudadanía, porque ahora podrá volver a la función pública”. La coalición de gobierno “queda muy mal parada políticamente” con esa determinación, agregó. “Perdieron la oportunidad de dar una señal clara de todo el sistema político en condena de la corrupción” sostuvo la senadora.
En tanto, José Carlos Mahía, senador de la oposición, sostuvo que “había marco jurídico” para iniciar el juicio político al exalcalde coloniense y que, al tomar la determinación de archivar ese pedido, “el sistema político en su conjunto perdió la posibilidad de enviar un mensaje a la sociedad de que ciertas prácticas deben ser condenadas”. “Estamos hablando de una persona que está presa y que, cuando pase la condena judicial, estará habilitado para volver a su cargo, porque no habría pronunciamiento del Senado para retirarlo de la vida política. Es una muy mala señal”, concluyó.