La ampliación de los servicios del Centro Esperanza, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, que encabeza Ricardo Planchón, abrió un diferendo sobre el alcance de las prestaciones, su encuadre institucional y las condiciones en que se brinda atención en salud mental. La directora departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Silvia Berardo, manifestó reparos sobre la iniciativa y señaló que el convenio que dio origen al centro estaba destinado al funcionamiento de un dispositivo Ciudadela, orientado a personas con consumo problemático de drogas.
En una entrevista con la periodista Claudia de los Santos, en el programa El decodificador de Impacto FM, Berardo sostuvo que la ampliación de servicios anunciada por la intendencia excede los cometidos originales del dispositivo y que, antes de avanzar en ese proyecto, resulta necesario determinar el alcance del convenio interinstitucional y las condiciones de las nuevas prestaciones.
El planteo de Berardo se conoce en vísperas de la firma de un convenio de cooperación entre la Intendencia de Colonia y la universidad Claeh, prevista para este miércoles 4, a las 16.00, en el Salón de Actos de la comuna. La convocatoria vincula el acuerdo con las áreas de salud mental y adicciones y con el Centro Esperanza.
Un dispositivo que amplió sus cometidos
El Centro Esperanza comenzó a funcionar en julio de 2023 en Colonia del Sacramento, vinculado al dispositivo Ciudadela, una herramienta de la Junta Nacional de Drogas destinada a la atención de personas con consumo problemático de sustancias. En una nota publicada por la diaria, se consignó que el centro disponía de un plantel de 15 profesionales de la salud y de la educación que trabajaban directamente con los usuarios. En aquella oportunidad, Planchón había señalado que la experiencia de rehabilitación por consumo permitía identificar otras problemáticas, como patologías de salud mental, situaciones de abandono, violencia intrafamiliar y abuso. “Queremos sumar al gobierno nacional y a las instituciones de salud privada a este trabajo”, había expresado el funcionario, quien también planteó la necesidad de profundizar la atención en salud mental, desarrollar alternativas de formación y facilitar la inserción laboral de quienes procuran superar las adicciones. En esa línea, la intendencia proyectó extender el modelo a otras localidades, con nuevas sedes en Carmelo y Rosario, y articular la atención con organismos nacionales y prestadores de salud.
En diálogo con el citado medio, Berardo explicó que el Centro Esperanza comenzó “como un nombre de fantasía del dispositivo Ciudadela”. Indicó que el convenio involucró a profesionales de la Admnistración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Colonia, en el marco de una respuesta interinstitucional a los problemas de consumo. Sin embargo, señaló que ese acuerdo se encuentra actualmente en revisión en la Junta Nacional de Drogas, donde se analizan las pautas y las instituciones que participarán. “Todo ese convenio fue en pos de un dispositivo Ciudadela, no para todas las prestaciones que está brindando ahora el Centro Esperanza”, afirmó.
La funcionaria explicó que la revisión del convenio se postergó tras el fallecimiento del secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, quien estaba a cargo de analizarlo. Berardo añadió que “primero deberá definirse” si el dispositivo Ciudadela continuará integrado al Centro Esperanza o tomará otro camino.
Cuestionamiento a las nuevas prestaciones
La directora departamental de Salud señaló que tomó conocimiento de la ampliación de los servicios “a través de las redes sociales” y sostuvo que no conoce una resolución ni una solicitud de ampliación de cobertura para incorporar las nuevas prestaciones. En ese sentido, planteó interrogantes sobre los programas que se desarrollarán, los profesionales involucrados y las condiciones institucionales en que se brindará la atención.
La discusión incluye el alcance de los recursos humanos que participan en el dispositivo original. Berardo sostuvo que, si los prestadores aportaron profesionales para un espacio interinstitucional destinado a atender situaciones de consumo problemático, esos recursos no pueden considerarse automáticamente disponibles para otras patologías o prestaciones que no estén contempladas en el convenio. “Si los prestadores pusieron sus profesionales, se dieron para un espacio interinstitucional para atención a personas en situación de consumo, no se puede estar brindando con esos profesionales atención a otras patologías o a otras cosas de salud mental o de prevención que no están dentro de ese convenio”, expresó.
El cuestionamiento de Berardo se centró en que el acuerdo original no comprende necesariamente la ampliación anunciada y en la necesidad de evaluar las prestaciones que se incorporaron. La funcionaria dijo que una vez que se determine qué sucederá con el dispositivo Ciudadela, se podrá analizar el desarrollo del Centro Esperanza y supervisar o auditar los servicios.
La mirada de la comuna
Fuentes vinculadas a la Dirección de Desarrollo Humano de la comuna coloniense consultadas por la diaria defendieron la ampliación de los servicios y señalaron que “el propósito es evitar que quienes necesitan atención deban afrontar esperas prolongadas para acceder a una consulta”.
Asimismo, las fuentes consultadas plantearon que la iniciativa busca ofrecer “una respuesta a usuarios de ASSE y de mutualistas, con una mirada centrada en el acompañamiento humano y en las necesidades de quienes atraviesan situaciones de depresión, padecimientos oncológicos o procesos vinculados al suicidio”. Las fuentes también señalaron que “el proyecto contempla la conformación de equipos de atención que no estarían integrados exclusivamente por psicólogos, sino que incluirían médicos y otros profesionales”. La intención, agregaron, es avanzar en la concreción de centros de atención en localidades donde actualmente no existe una respuesta de estas características.
La defensa de la iniciativa también apunta a que las dificultades de acceso a la atención emocional y psicológica requieren respuestas concretas. En ese marco, desde el entorno de Planchón se cuestionó que la discusión institucional pueda terminar postergando servicios dirigidos a personas que necesitan asistencia.
Otros aspectos de la discusión
Otro de los reparos de Berardo refiere a la comunicación pública de los nuevos servicios. La Intendencia de Colonia promocionó “una atención rápida y gratuita” para personas con depresión, situaciones vinculadas al suicidio y, más recientemente, pacientes oncológicos y sus familias. La directora consideró que la promesa de una respuesta rápida puede generar expectativas que no necesariamente se corresponden con la complejidad de los problemas de salud mental. “No existe una solución rápida y no existe la solución solo desde la atención en salud”, afirmó.
Berardo sostuvo que situaciones de depresión y otros padecimientos pueden estar vinculados con problemas habitacionales, dificultades en los vínculos familiares y comunitarios y otras condiciones sociales que requieren respuestas que exceden la consulta psicológica.
La funcionaria también cuestionó que, en ocasiones, las autoridades sanitarias tomen conocimiento de nuevos servicios cuando ya están funcionando, en lugar de participar desde la etapa de planificación para orientar sobre los requisitos y las condiciones necesarias.
