Tras realizar “un detallado análisis de la situación económica y social”, el gobierno decidió el viernes postergar para junio el aumento de las tarifas de combustible, que vendrán de la mano de un nuevo esquema de fijación de precios que comenzará a aplicarse. Por segunda oportunidad esta decisión política se impone por sobre la visión económica de que deben ajustarse los precios en virtud del aumento del crudo y la situación financiera de Ancap.
La medida fue defendida por el oficialismo, como una señal hacia el sector productivo –está llegando al final el ciclo de cosecha agrícola– y el consumidor. La postergación del ajuste tiene impactos económicos en Ancap, que acumulará en el semestre un deterioro superior a 90 millones de dólares por absorber la suba del petróleo. Por esto, el director del Frente Amplio (FA), Walter Sosa, reclamó que no sea únicamente el ente quien aporte y que se estudie si el Estado puede resignar algo de lo que recauda por los combustibles.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) resolvieron la postergación “en acuerdo” con el presidente Luis Lacalle Pou, “como aporte para continuar apalancando el proceso de reactivación de la actividad local durante la pandemia”, informó el gobierno.
Para el senador nacionalista Sebastián da Silva, productor rural, es “una nueva muestra de la apuesta por el esfuerzo, el trabajo y la producción”, dado que se está “a mitad de la cosecha de soja” y el ahorro traerá “un derrame lógico hacia el interior del país”. Explicó que la soja moviliza en la zafra 80.000 camiones, que implican unos 20 millones de litros de gasoil, por lo que “postergar la suba implica un ahorro sustantivo”.
Más allá de esos efectos, la economista Tamara Schandy, socia de la consultora Exante, señaló que esta medida “no es sostenible [en los meses siguientes] desde el punto de vista fiscal y no es la forma más eficiente de gastar los recursos; si la preocupación última son los hogares más afectados por la pandemia, hay formas más focalizadas de gastar los mismos recursos”. Un informe de Exante había revelado que 41% del gasto en combustible de los uruguayos se concentra en el quintil más rico –20% de mayores ingresos–.
Lo que resigna Ancap y sus efectos
El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, sostuvo que, “a pesar del aumento del crudo y del tipo de cambio, de la merma de volumen, de la inexistencia de la temporada turística, de cuestiones regionales y mundiales, se viene optimizando la eficiencia” en la empresa, lo que permite postergar la suba de tarifas. “Para las finanzas de Ancap no hay problema. Antes se manejaba rentabilidad trasladando precios al consumidor. Hoy se piensa en no afectar al consumidor”, añadió.
Pese a esto, el mensaje que envió el directorio de Ancap al Ejecutivo sugería un aumento de tarifas, lo mismo que ocurrió un mes atrás. Según informó el diario El Observador, el informe del ente contenía una estimación de pérdidas este año por 253 millones de dólares por no actualizar tarifas. La empresa viene de perder 12 millones de dólares en 2020, afectada principalmente por el efecto financiero en sus deudas de la suba del billete verde.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, había señalado en abril que la postergación por ese mes implicaba resignar 30 millones de dólares, habiéndose acumulado un valor igual por no ajustar las tarifas en los tres meses previos. El director de Ancap por el FA sostuvo que al cierre de mayo la resignación por parte de Ancap será de 93 millones de dólares.
“Ancap está vendiendo un litro de combustible refinado a menos de lo que sale un litro de crudo. Es como si un carnicero vendiera un kilo de chorizos más barato que lo que sale un kilo de cerdo en pie”, sostuvo Sosa. “El gobierno sostiene los precios gracias al esfuerzo sólo de Ancap, mientras el MEF sigue recaudando como si no estuviéramos en medio de una crisis sanitaria, social y económica”, agregó.
Esto último porque Ancap recibe sólo un porcentaje del valor del litro de nafta o gasoil en el surtidor, ya que cerca de la mitad corresponden a impuestos. Sosa señaló que el gobierno “en plena pandemia subió dos veces el imesi”, un tributo específico sobre los combustibles.
La opinión del director opositor, reflejada en el directorio cuando se discutió el ajuste de tarifas un mes atrás, es que debe postergarse la suba pero a la vez generar “una mesa de acuerdo en la que participen el MEF, el MIEM y Ancap para analizar la carga impositiva que grava los combustibles”, en busca de alguna resignación por parte del Estado.
Los números hacia el ajuste de junio
Luego de postergar la suba de los combustibles en abril, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó en entrevista con la diaria que se trata de una “decisión política” atendiendo la coyuntura, pero advirtió que “desde el punto de vista técnico corresponde un ajuste”, en virtud de la evolución del crudo.
En la comunicación del viernes, el gobierno incluyó una tabla numérica que muestra que el crudo aumentó 36,6% desde diciembre y en estos meses el gasoil y la nafta subieron entre 24% y 36% en cuatro territorios que se toman como referencia –Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos–. Pese a esto, y según datos publicados por la consultora especializada en temas energéticos SEG Ingeniería, a fines de abril el litro de nafta en Uruguay medido en dólares era el más caro de América Latina, mientras que el gasoil está en el sexto lugar.
El nuevo esquema definido por el gobierno toma como referencia el precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre cuánto costaría a un potencial competidor de Ancap importar combustible en las condiciones vigentes. En noviembre se actualizó la metodología del PPI y los primeros informes mostraron una diferencia de precios en favor de la importación teórica, es decir que Ancap vendía por encima.
Sin embargo, ante el alza del crudo y el mantenimiento de las tarifas la situación cambió. El informe de abril de la Ursea publicado la semana pasada marcó un valor de la nafta súper que es 34,8% superior al que tiene hoy Ancap a la salida de la planta de refinación e incluyendo la mezcla de biocombustibles –27,2 pesos contra 20,2 pesos, es decir siete pesos de diferencia–, mientras que el gasoil se encuentra 12,4% por encima –24,7 pesos contra 22 pesos, lo que da 2,7 pesos de diferencia–.
Tomando el promedio de los dos valores que publicó la Ursea se llega a una diferencia de 23,6% entre el PPI en abril y los valores vigentes. La ministra de Economía había dicho que correspondía, según la metodología, un aumento de combustibles de 18% en abril.