En los dos años de gestión del actual gobierno la inflación alcanzó un pico máximo de 11%, en mayo de 2020, en el marco de una suba de precios asociada al inicio de la pandemia y llegó en el mismo mes del año pasado a su menor nivel durante el período (6,6%). Si bien se puso la meta de converger hacia menores niveles inflacionarios, en línea con el objetivo anunciado de reducción del rango meta del Banco Central del Uruguay (BCU) para este año, desde octubre la inflación volvió al entorno de 8% y los analistas pronostican un primer semestre del año con presiones al alza sobre el índice de precios del consumo (IPC).
Esta cuestión tensiona la recuperación salarial planteada en la última ronda de negociación colectiva, tras el acuerdo puente acordado en 2020 que derivó en la pérdida de poder adquisitivo bajo la premisa de que se compensaría a futuro (octava ronda). Los convenios contemplaron en su mayoría las estimaciones de inflación del gobierno –por debajo del nivel actual y del previsto por los analistas para el año– y en agregado una recuperación de 1,6 puntos porcentuales del salario real perdido, un valor que bajo este panorama sería absorbido por la suba de precios. Así, el mencionado porcentaje de recuperación llegaría para la mayoría de los trabajadores al finalizar el período del convenio, o sea, hacia mediados de 2023.
El asunto del alza de precios dominó la agenda política la última semana, en un ambiente polarizado, a falta de dos semanas para el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. Las voces del gobierno y la coalición que se refirieron al tema asociaron la situación local a los coletazos de la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó la incertidumbre en el mundo y los mercados y ha tenido como consecuencia una suba adicional del valor de los commodities con impacto sobre el precio de los alimentos.
Sin embargo, la economista Alejandra Picco, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, indicó en diálogo con la diaria que el último dato oficial del IPC correspondiente a febrero mostró una suba de los precios de 8,85% en la medición de 12 meses, “bastante por encima del rango meta del gobierno y creciendo”, aun sin recoger completamente el impacto asociado “a la situación geopolítica”. Es decir que “previo a la invasión de Rusia a Ucrania y del impacto sobre el precio de los alimentos y el petróleo [en los mercados internacionales] ya teníamos una situación complicada en materia de precios internos”, consideró.
Por su parte, el gerente de Análisis Económico de la consultora CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, dijo a la diaria que en Uruguay y el mundo se está observando desde hace meses, antes incluso de contemplar la crisis actual por el conflicto bélico –un riesgo que los mercados, por ejemplo el del petróleo, ya venían asumiendo hace semanas–, una tendencia al alza de la inflación que pone en aprietos a los gobiernos y sus políticas económicas. Por ejemplo, en Estados Unidos 2021 cerró con la mayor inflación en 40 años (7% anual) y en el último registro –correspondiente a febrero– estuvo casi en 8%.
Esta situación global signada por presiones inflacionarias no sólo tiene relación con la coyuntura de la guerra y sus impactos, sino que también se asocia a la inyección de liquidez que realizaron los gobiernos para mitigar el impacto de la pandemia, una decisión que siempre genera discusiones en cuanto al calibre del gasto y el efecto inflacionario.
Esto podría estar detrás del fenómeno en Estados Unidos, además de una suba del IPC “vinculada al precio de los energéticos, uno de los factores que explicaron [la mayor inflación] en Brasil, Uruguay, Estados Unidos y otras partes del mundo”. Es que el mercado petrolero, de fuerte volatilidad y muy sensible a los sucesos geopolíticos, ha mostrado oscilaciones que llevaron al barril a los 140 dólares hace pocos días, tras finalizar el año pasado en torno a 75 dólares.
Un proceso similar de aumento vertiginoso lo experimentó el precio del trigo, dado que un porcentaje importante de su producción está alojado en la zona del conflicto. La suba de este commodity trajo como consecuencia un incremento de la harina y, con ello, de los productos panificados. Además, en Argentina hubo un movimiento del gobierno para topear el precio interno del trigo que generó alarma en los industriales locales, que solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas alguna medida espejo para evitar la diferencia de precios entre los productos producidos de un lado y el otro del Río de la Plata.
José Pedro Flores, presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia, dijo a la diaria que en los últimos meses hubo un aumento de los costos de producción –materias primas, energía y envases– que terminará confluyendo en un alza de los productos fabricados localmente. También señaló que “el cierre de fronteras había favorecido” porque limitó el ingreso de mercadería de contrabando, algo que ahora no sólo cambió, sino que se potenció a raíz de la diferencia relativa de precios con los vecinos, especialmente con Argentina.
Según comentó, estudios de la Cámara de Industrias han mostrado “una diferencia de costos de 50%” con la región, lo que ratifica que, “por su estructura, Uruguay es un país caro” para producir. En ese sentido, el empresario industrial añadió: “La preocupación principal que tenemos es que si aumentamos los precios, el consumo se contrae. Debemos tener un equilibrio al trasladar los mayores costos lo menos posible a los productos, porque también sabemos cómo pegan en la gente estos aumentos”.
Un shock transitorio
Cichevski aseguró que “la fase aguda” del proceso de suba de los commodities va a ser “transitoria”, en el entendido de que el conflicto protagonizado por Rusia no podrá extenderse demasiado en el tiempo. “La inflación en el corto plazo tendrá impactos [por la coyuntura internacional], pero eso debería disiparse hacia el segundo semestre”. Llevado a números, el analista indicó que en CPA prevén para los próximos meses “una inflación de 9%”, que podrá ser un poco más alta o más baja dependiendo, entre otras cosas, de la decisión del gobierno en torno al ajuste de los combustibles. “En el segundo semestre la inflación se va a moderar, quedando más cerca de 8%”, ratificó.
Florencia Carriquiry, economista socia de la consultora Exante, también destacó que hay “señales de cierta moderación” en la suba de los commodities, aunque aún “los valores siguen siendo altos y presionan los precios domésticos”. Explicó que “hubo componentes transitorios asociados a temas climáticos” que apuntalaron las presiones sobre los precios. Por ejemplo, este es el caso de las verduras y los huevos. “Ahora esas presiones inflacionarias se ven reforzadas por el incremento en los últimos dos meses de la cotización internacional de los granos” y otros alimentos.
Este escenario externo trae para Uruguay “impactos con signo diferente en función del sector de actividad”, evaluó Carriquiry. “Para los agroexportadores la mejora de los precios es una buena noticia, aunque también suben sus costos, por ejemplo los agroquímicos [como los fertilizantes]; para el resto de los sectores el shock externo no es positivo, porque se incrementan los insumos que se importan”, evaluó.
En Exante prevén una inflación “en abril y mayo arriba de 9%”, aunque luego cedería para cerrar el año en torno de 7,5%. Igualmente, la analista advirtió que en este contexto se verán “incrementos significativos de la canasta básica de alimentos: carne, panificados, aceite y otros rubros importantes”.
Por su parte, la economista de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Ana Laura Fernández dijo a la diaria que hay “una presión sobre los precios” por la suba del petróleo y de los commodities que Uruguay exporta, pero “más que la magnitud del impacto de eso a nivel interno deberá verse la persistencia en el tiempo”. Fernández señaló, asimismo, que la respuesta del gobierno vía “política monetaria” deberá contemplar esa situación, si se trata de un shock transitorio o de más largo aliento.
Supermercado del barrio Parque Rodó.
Foto: Pablo Vignali, adhocFOTOS
En la última semana cobró fuerza la posibilidad de que el gobierno reedite un acuerdo voluntario de precios, que implica pactar con las principales gremiales empresariales para que una canasta de productos no varíe su valor al público durante un período determinado. Si bien los analistas coincidieron en que es una señal que puede incidir sobre las expectativas y moderar algo las presiones inflacionarias, reconocen que tiene escaso efecto práctico, porque las empresas pueden ajustar antes de la vigencia del acuerdo o promover la venta de otras líneas de artículos que están por fuera de lo pactado.
Para Picco, del Cuesta Duarte, el acuerdo de precios es “un buen camino a explorar, pero sus impactos tienden a ser moderados”. En ese sentido, sostuvo que desde el gobierno se podría decidir “amortiguar” la suba generalizada de precios conteniendo los ajustes de las tarifas públicas y los combustibles. Sin embargo, evaluó esto como poco probable, en virtud del “énfasis” de las autoridades en “disminuir el déficit fiscal”. A su vez, opinó que la estrategia de incidir en las expectativas de inflación a través de la política monetaria y la suba de la tasa de interés “es poco efectiva por diferentes razones de la economía uruguaya, y porque en este contexto se prevé que la suba venga de los productos transables, una inflación importada, y la política monetaria ataca más los factores de la demanda” interna.
Un debate sobre lo transitorio o no del shock externo, así como de los caminos del gobierno para incidir en ello, tuvo lugar ayer en Twitter a raíz de una nota del diario El Observador. José Licandro, experto en macroeconomía e intendente de Regulación Financiera del BCU, señaló que si bien hay “cambios en precios relativos que impactan al alza” en la medición del IPC, esto “no tiene por qué afectar la inflación a mediano o largo plazo”. En su visión, desde la política monetaria “en el corto plazo no hay mucho para hacer que evite el incremento transitorio del IPC y su variación (inflación), más allá de una comunicación clara de que el shock no debería tener impacto a largo plazo”.
Lo que no descartó Licandro –que aclaró que habla a título personal y no por el BCU– es que puedan realizarse nuevos aumentos de la tasa de política monetaria si se “desanclan las expectativas inflacionarias” de lo que prevé la autoridad monetaria en un horizonte de dos años. En respuesta a estos comentarios, el economista Javier de Haedo advirtió que “cuando hay indexación institucionalizada, los aumentos transitorios del IPC por cambios en precios relativos se vuelven permanentes”.
La postergada recuperación salarial
Desde el Cuesta Duarte, y en línea con la previsión de las consultoras, visualizan que la inflación “se ubicará por encima del rango meta” del BCU, que previó que a mediados de año pase de 3% a 6% –actualmente el techo se ubica en 7%–. La proyección oficial contenida en la Rendición de Cuentas preveía una inflación al cierre de este año de 5,8%, lo que fue incorporado “en la mayor parte de los convenios colectivos” acordados en el marco de la novena ronda, que culminó hacia fines de 2021 y refería a acuerdos que vencieron a mitad del año pasado –unos 190 en total–.
“Muchos de los acuerdos siguieron los lineamientos del gobierno, que estipulaban un único correctivo al final de los dos años del convenio [en julio de 2023]”, cuando se compensará la diferencia entre la inflación real y la prevista, pero aproximadamente “una tercera parte de los convenios, unos 60 en total, incorporaron correctivos anuales para mitad del año”, repasó Picco. En estos últimos casos, puso como ejemplo, si la inflación se mantiene en 8,8% habría un correctivo de 3%.
“La consecuencia de una mayor inflación [respecto de la prevista por el gobierno] es que se posterga la recuperación salarial, un término que no es certero porque en realidad el salario perdido no se recupera, lo que posterga la vuelta a los niveles salariales de comienzos de 2020. En la medida en que la inflación sea mayor, esa suba termina comiéndose el porcentaje de recuperación” pactado en la ronda salarial, detalló.
Lo previsto como recuperación dentro de los lineamientos del gobierno ascendía a 1,6 puntos porcentuales en el mejor de los casos, aunque algunos acuerdos “fueron a más”. Incluso esa variación, marcó Picco, resulta inferior a la caída del salario real durante los últimos dos años, que en promedio sostuvo que llegó a 3,1% al incorporar las remuneraciones públicas y las privadas.
Además, la economista del Cuesta Duarte informó que hay unas 40 mesas de negociación que comenzaron en febrero, luego de que los convenios vencieron en diciembre pasado, y “se hace más difícil que sea creíble incorporar las estimaciones del gobierno, en la medida en que la inflación se aleja cada vez más de la proyección” oficial. A su vez, a mitad de año negociarán los sectores calificados como “en problemas” en la ronda de mitad de 2021 –como el turístico, por ejemplo–, que tuvieron un ajuste de 3% y, por ende, una pérdida salarial mayor.
Del resultado de estas negociaciones a procesarse en 2022, así como de la cantidad de acuerdos que tengan correctivo a mitad de año, dependerá lo que ocurrirá con la evolución del salario real. Lo proyectado por el Cuesta Duarte, con una inflación de 7%, era un crecimiento “menor a un punto”, y con el mayor nivel del IPC esto podría ser menor, e incluso “existe el riesgo de que no haya crecimiento, sino una pequeña caída”. Picco contrastó esto con la previsión de que la economía crezca 3,5% este año, lo que muestra que “vamos a volver a tener otro año en que el producto interno bruto crece más que el salario y el empleo”.
A este respecto, Carriquiry expresó que se llegará a mitad de año con una inflación en el entorno de 9%, y entonces “habrá correctivos mayores a los contemplados antes”. De esta manera, la previsión es que el salario real, que previo a este shock de precios “iba a tener una variación nula o levemente positiva, tendría una nueva caída en el promedio del año; en la medición punta a punta [comparando el cierre de 2021 con el cierre de 2022] se estabiliza o tendrá una leve suba”.
En esta línea, Cichevski señaló que habrá “una recuperación salarial más lenta en 2022 de la que estaba arriba de la mesa” cuando se negoció entre las partes. Esto es así en tanto “la recuperación se irá efectivizando a medida que se ejecuten los correctivos”, que puede ser a los 12, 18 o 24 meses del inicio del convenio. “Se trata de una consecuencia negativa de la aceleración de la inflación, hasta no llegar los correctivos habrá pérdida del poder adquisitivo”, concluyó.