Resulta pernicioso para el abordaje de los fenómenos migratorios recientes desconocer un hecho que ha sido documentado y señalado por diversos especialistas: la mayoría de las personas migrantes que llegan al país están más calificadas que la media nacional.
A pesar de este dato, diversos medios de prensa hacen generalizaciones a partir de las que se advierte el estado de necesidad y urgencia que padecen los recién llegados, los caracterizan como trabajadores que están de paso, dóciles, precarios, ruidosos y descartables que sueñan con regresar a “su lugar en el mundo”.
Al mismo tiempo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados elaborada el año pasado, se sabe que el grueso de la población nacional ante la llegada de migrantes prefiere que estos sean “calificados”. Que tengan algo que aportar, que se desempeñen en alguna ciencia o algún arte, por lo menos.
Esta mirada utilitaria sobre la inmigración “deseable” no se condice a su vez con la manera en que la Universidad y los colegios de profesionales flanquean y obstaculizan sistemáticamente la aspiración de cualquier persona formada en el extranjero para insertarse profesionalmente en Uruguay.
Muchos de los migrantes universitarios que llevamos más de siete, 15 o 20 años en el país cargamos en nuestros hombros el peso de la burocracia de la Universidad de la República y la tristeza infinita de no poder ejercer nuestra profesión en el país que desde hace años es nuestra casa. La desidia de muchos docentes y funcionarios hacen posible que una gran cantidad de expedientes reposen en cajones o queden arrumbados en escritorios durante años.
Existen muchas historias no contadas de personas cuya decisión de quedarse en Uruguay estuvo atada a la renuncia del ejercicio de la carrera en la que se formaron, o cuya renuncia a vivir en este país estuvo vinculada al sueño frustrado de no poder realizarse profesionalmente.
Esta situación, sin duda, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos para capitalizar, en el mejor de los sentidos, los beneficios de los flujos migratorios, de saberes, experiencias y el potencial de esa otra mirada, de los ojos inquietos, de la imaginación y el talento de transterrados y transterradas que tienen todo para aportar a esta comunidad.
Evidentemente, la reválida de algunas carreras es más difícil que otras, en parte por las especificidades locales, como claramente lo es la normativa local en el caso de abogacía, por ejemplo, pero también debido a los compartimentos institucionales de las distintas facultades.
Los procedimientos no son transparentes, y no existen garantías que protejan al aspirante de demoras injustificadas o de decisiones arbitrarias. Hay muchos casos que mueren en el olvido y resurgen como anécdotas de las personas que tuvieron una carrera y no la pudieron ejercer, y renunciaron a ella porque la burocracia se impuso.
En general las expectativas de quien inicia un trámite de estas características no son muy altas, y está dispuesto a cursar las materias que sean necesarias. Sin embargo, el proceso de revisión no tiene plazos establecidos y pueden pasar muchos años para saber qué materias son las que hay que cursar nuevamente.
Mi experiencia personal me permite sostener esta afirmación.
En 2013 inicie el trámite de reválida de mi título de abogada expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde esa fecha hasta ahora hay institutos de la Facultad de Derecho de la Udelar que no se han pronunciado sobre mi caso. Y mientras esto no suceda, mi expediente no podrá avanzar. (1) ¿Y la razonabilidad de los plazos?, ¿y el principio de simplificación de trámites?, ¿y el principio de equidad?
En este proceso de reválida, según los criterios de la Universidad y tal como me informó “amablemente” una funcionaria de bedelía el jueves, como aspirante a revalidar mi título no tengo derecho a estar inscrita como estudiante y, por lo tanto a conocer, como cualquier otro estudiante, las calificaciones de los exámenes que se van rindiendo y el grado de avance de la carrera.
La manifestación que visibiliza más claramente que el capital humano proveniente del exterior no es valorado –y de hecho es rechazado por el corporativismo profesional en el país– está dada por una prohibición contundente y que incluso sugiere que podríamos incurrir en algún delito aquellos que osemos “usurpar” un título: “Se encuentra prohibido el uso público de un título habilitante obtenido en otro Estado, aun cuando se hubiere especificado la procedencia extranjera del título; así como atribuirse las denominaciones derivadas de los mismos, como las de: maestro, profesor, doctor, y otros; pues se considera que tal actitud, afectaría los intereses de los profesionales nacionales, únicos autorizados para usar esos títulos en el territorio uruguayo; y asimismo, se produciría una confusión en el público”.(2)
El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, así que, por las dudas, si me preguntan “lo que soy” contesto: una estudiosa del Derecho desde hace 15 años, aspirante al grado de doctora en Derechos Humanos, pero sobre todo, una necia que se resiste a que la Universidad, con una historia y trayectoria como la de la Udelar, le dé la espalda.
El conocimiento fluye y se expande, no es un bien finito, se multiplica; la Universidad juega un rol protagónico en la construcción de una política migratoria en Uruguay que sea capaz de desafiar la xenofobia y las distintas formas de exclusión que enfrentamos como humanidad.
Una Universidad ensimismada y poco plural no le sirve a nadie.
(1) Requisitos de reválida: Se presenta la solicitud de reválida de título y toda la documentación debidamente legalizada/ apostillada. Sección Comisiones envía la documentación a la Comisión de Reválidas, que está integrada por lo menos por un integrante de cada orden (docentes, estudiantes y egresados). La Comisión de Reválidas determina a qué Plan de Estudios asigna la solicitud. Hace una comparación de los programas y envía los programas a los institutos correspondientes. Los institutos evalúan la razonable equivalencia entre los programas de ambas universidades. Informan a la Comisión de Reválidas si existe tal equivalencia o si el solicitante tiene que cursar y rendir examen en alguna materia. La Comisión de Reválidas va recibiendo los informes de los distintos institutos. Una vez que la Comisión de Reválidas tiene toda la información de los institutos, eleva el expediente al Consejo de la Facultad de Derecho, aconsejando que resuelva acerca de las materias que tienen razonable equivalencia y aquellas que el estudiante tendrá que cursar y rendir.
(2) Esta prohibición se encuentra descrita por Emilio Biasco, director del Área Jurídica de la Udelar en el período comprendido entre 1986 y 2003, en un estudio al respecto denominado “Reválidas de títulos y de asignaturas y acreditación de instituciones de enseñanza superior, con especial referencia al Mercosur”, disponible en http://www.eumus.edu.uy/gestion/extranjeros.pdf