Más de 100 trabajadores de la asociación civil Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (Cepid), que ejercen sus tareas en nueve centros de educación no formal (Caif, centros juveniles y un aula comunitaria) hicieron ayer un paro de 24 horas y se concentraron a las 9.00 frente a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) mientras delegados sindicales y autoridades de la asociación civil y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) participaban en una audiencia. El Cepid está en proceso a dejar los convenios con INAU por la gestión de los centros educativos, después de que el instituto hizo una denuncia penal por irregularidades detectadas en el manejo de sus fondos públicos.
El INAU hizo llamados a organizaciones de la sociedad civil para gestionar los centros –las convocatorias están abiertas hasta agosto– y por primera vez ponderará las ofertas que aseguren la continuidad laboral de los trabajadores que se desempeñan en estos centros, de todo el equipo o de un mínimo de 60%. Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), aseguró que esto era un reclamo del sindicato por dos razones: “Una, de estricta justicia laboral, para que los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo y sus salarios; otra, por una razón pedagógica y de atención al interés superior del niño, para que se conserven los vínculos pedagógicos con la comunidad, las familias y los niños, que en algunos casos tienen muchísimos años”.
Hasta que los llamados se adjudiquen, se estima que durante agosto, el Cepid se mantedrá al frente de los centros, pero ayer los delegados del Sintep reclamaron el pago de 50% de los salarios de junio. En la audiencia en la Dinatra se logró establecer el 22 de julio como plazo para pagar 50% del sueldo restante, y se acordó que la asociación civil pague una multa de 10% por el atraso.
Desde el sindicato se cuestiona, más allá de la situación puntual y las soluciones, “las insuficiencias del modelo de la tercerización” de los centros. Según Sommaruga, “hay un problema en la gestión, en los contralores, y hay un problema en qué pasa cuando la situación no da para más”, ya que “terminan pagando los platos rotos las familias, los niños y los trabajadores, de algo que es ajeno al proceso pedagógico, al proceso comunitario y al buen desempeño de los trabajadores”. El sindicato ha planteado, en términos programáticos, que en lugar de insistir en la tercerización de servicios se debería caminar hacia la asociación del Estado con los trabajadores: “Que haya una propiedad estatal de los centros y una gestión privada a través de unidades cooperativas autogestionadas por los trabajadores en cada centro”. La autogestión, consideró Sommaruga, “genera un sentido de responsabilidad mayor en los trabajadores, debido a un tema de pertenencia, y también de microescala, que lo hace efectivo”. Enfatizó que desde esta perspectiva la cooperativa “no es un salvoconducto para preservar la fuente de trabajo y meramente mantener el centro abierto, sino que debería significar una política de Estado, y [es necesario que] se generen las políticas de formación, de asesoramiento y de seguimiento en la gestión como una política central del INAU, con una perspectiva de que sea una alternativa potente y a largo plazo”.