“Hemos aprobado la flexibilización total del ingreso de migrantes a la Universidad de la República”, afirmó ayer su rector, Rodrigo Arim, luego de que los 19 miembros del Consejo Directivo Central (CDC) votaran cambiar la normativa vigente (de 1986) sobre el ingreso a los estudios de grado de extranjeros. La modificación más importante implica que los migrantes sólo deberán demostrar la residencia en Uruguay, sin mínimo de tiempo; esta versión primó sobre las otras propuestas de pedir un año o tres de residencia. Otros cambios fueron la habilitación del pasaporte como documento oficial y el pase al CDC en los casos que los servicios nieguen la inscripción excepcional.
Eliminar el requisito de un año de residencia fue una propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y el consejero Rodrigo Nicolau explicó la decisión: “Mantener el año de residencia es seguir perpetuando desigualdades entre ciudadanos uruguayos y extranjeros”. Además, señaló que para obtener la residencia en el país se requieren controles muy específicos, por lo que “no hay justificación para, además, pedir un año de residencia”. El estudiante agregó que pedir ese tiempo “no toma en cuenta los años lectivos de la Universidad: una persona que consigue su residencia en julio debe esperar no sólo el año que le piden, sino hasta el próximo marzo”.
La mayor discusión sobre este punto giró en torno a los recursos económicos. El decano de Medicina, Miguel Martínez, marcó su preocupación por la falta de recursos para atender el posible aumento de matrícula que surja a partir de los cambios y pidió que se estudie con precisión los efectos que podría tener esta apertura antes de tomar una decisión. Sobre este punto Arim comentó que los estudiantes migrantes son “4% de la matrícula de ingreso de la Udelar. Es bastante irrelevante en el ingreso total, pero se observa un cambio en la tendencia del ingreso”.
Desde los órdenes estudiantil y docente apoyaron la evaluación de los impactos e insistieron en que es aun más importante abrir la Universidad, en el entendido de que es una cuestión de derechos humanos. La consejera Susana Rostagnol sentenció: “Se necesitan más recursos, lo sabemos, pero esto no se va a solucionar cerrándoles la puerta a los extranjeros”.