La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) denunció este miércoles ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) una resolución de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que promueve el “retiro de toda cartelería que atente contra los principios rectores de la educación”, en particular el de la laicidad.
La resolución llega después de que en varios liceos de Colonia la filial de Fenapes colocara carteles en contra del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que motivaron cuestionamientos del diputado de ese departamento Mario Colman (Partido Nacional), para quien al colocar carteles en los liceos se pretende “imponer la opinión de unos sobre la de otros”, lo que significa “avasallar la laicidad”. El tema fue analizado en el Consejo de Educación Secundaria (CES) y, tras consultas a la asesoría jurídica, la intervención de la inspectora departamental y una nueva asamblea de Fenapes, el cartel se retiró, explicó a la diaria Carlos Rivero, representante docente en el CES.
Pero el tema fue elevado al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, que el 20 de mayo emitió una resolución plasmada en la circular 15. En ella se alude a la situación “generada en centros educativos públicos en donde se ha colocado cartelería relativa a la LUC” y se reafirma una resolución de 2019 “estableciendo que los Consejos de Educación y de Formación en Educación adopten las medidas necesarias para el retiro de toda cartelería que atente contra los principios rectores de la educación”. La referencia a 2019 es también jurídica, ya que la resolución cita el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1° turno, que el año pasado determinó que se bajaran carteles del gremio estudiantil del liceo 28 que se manifestaban en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo.
La resolución de la ANEP señala que “no puede ampararse la utilización de edificios públicos, como lo son los centros educativos, para manifestarse por una u otra posición frente a temas de esta naturaleza, o de cualquier otra índole política, religiosa o filosófica”, y que esto “no pretende lesionar ni restringir el legítimo derecho del uso de carteleras gremiales, así como tampoco limitar, restringir, lesionar ni interferir con el ejercicio del derecho de libertad”.
Para Fenapes la resolución, “por su amplitud, imprecisión y ambigüedad, es violatoria de los principios que tienen que ver con la libertad de expresión”, según opinó en diálogo con la diaria Marcel Slamovitz, presidente de la federación. “Esta circular va más allá de la cartelería. Apunta a una censura previa de que vayas a colocar un cartel, puede remitir a una cartelera, a otras cuestiones”, puntualizó el sindicalista, que añadió que el texto no menciona “definiciones claras, establece un marco discrecional que pone en riesgo derechos fundamentales”.
Por su parte, Rivero explicó que manifestó ante el Codicen que no le parece correcto “darle al director la potestad de bajar carteles”, y que a su entender la solución “debe ser dialogada” y “analizada caso a caso”. Además, rechazó que se tome “en forma análoga el fallo de la Justicia de 2019, que se trató de un recurso de amparo para ese caso particular”.
Juan Francisco Pérez, uno de los representantes de los docentes en el Codicen, estuvo de acuerdo en que la resolución “da las garantías a cada uno de los actores”, aunque rechazó que se tome “como analogía” la resolución judicial de 2019.