Mientras se discutía el proyecto de Rendición de Cuentas en la cámara baja, que ya fue aprobado en general por la coalición de gobierno, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) paró y marchó por más presupuesto para la educación pública, dado que entienden que hay “recortes” y es “sumamente austero”. Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), y Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), fueron los principales oradores en el acto realizado en las afueras del Palacio Legislativo.
Para los sindicatos, el proyecto de ley aprobado por el oficialismo “constituye un claro mensaje” en línea con el “ataque a la educación pública”, que afectará tanto a estudiantes como a familias y trabajadores. Pese a la insistencia del reclamo de un presupuesto mínimo para la educación de 6% más 1% del producto interno bruto para investigación e innovación, consideraron que en las actuales circunstancias dicho reclamo no sólo no se concretará, sino que “se retrocederá en términos absolutos al final del período del actual gobierno”.
En ese sentido, estimaron un recorte presupuestal de unos 300 millones de dólares al cierre de 2024 que impactará de “forma regresiva” en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la Universidad de la República (Udelar), en la Universidad Tecnológica (UTEC) y en las instituciones que llevan adelante e impulsan procesos de investigación científica e innovación, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
“Este impacto afectará por igual a estudiantes, que verán afectadas negativamente sus condiciones de aprendizaje, el sistema de becas y otras prestaciones necesarias para el desarrollo de sus procesos formativos; así como a trabajadoras y trabajadores de nuestra educación pública, que verán afectadas negativamente sus condiciones de trabajo, perspectivas de desarrollo profesional, salario y prestaciones sociales”, enumeró Cancela.
Los oradores sostuvieron que el recorte presupuestal constituye una “definición política, con fuertes bases ideológicas, de las fuerzas políticas que nos gobiernan en coalición, y para nada puede ser explicada como una consecuencia de la pandemia”.
Cancela aseguró que seguirán “reivindicando y militando” por la “construcción” de un proyecto educativo “democrático y democratizador, centrado en el estudiante y su formación general como requisito imprescindible para democratizar el acceso al conocimiento”.
Cambios en marcha
Por otro lado, afirmaron que el gobierno promueve “procesos de privatización y mercantilización” de la educación. Un ejemplo de esto, dijo Pereira, es el proceso de transformación de la formación docente iniciado desde el Ministerio de Educación y Cultura, que “viola la autonomía de la ANEP” y está “inscripta en una clara orientación de privilegiar en dicho proceso al sector privado”.
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A su vez, Pereira se refirió a los cambios previstos desde la ANEP para Secundaria, como la reforma curricular del bachillerato. Para los sindicatos, estas modificaciones están “formuladas desde una lógica que busca contribuir a profundizar el recorte presupuestal, capacitar en competencias a la mano de obra barata que el capital requiere y limitar el acceso o la continuidad educativa a la inmensa mayoría de nuestros jóvenes”.
“Imponer” este proyecto “restaurador, concentrador y excluyente” implica en su “práctica política” generar un fuerte proceso de “ataque a nuestra educación pública mediante la tan mentada ‘crisis’”, añadió.
Asimismo, hicieron hincapié en la campaña para ganar el referéndum en busca de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, que cuenta con varios incisos del capítulo de Educación. Pereira sostuvo que con esta ley, ya promulgada hace un año y un mes, “se avanza” en el “desmantelamiento de nuestra educación pública, que deja de ser un derecho fundamental” en el que el Estado “debe ser el responsable de garantizar su pleno ejercicio para todas y todos”.
“Militemos para desterrar de nuestro ordenamiento jurídico esta ley restauradora, concentradora y excluyente, verdadero programa que expresa los intereses de la oligarquía en contra de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”, agregó.
Gobierno “ve como un éxito” los ahorros aunque signifique “negarle a un niño otro plato de comida"
Uno de los ejes de la oratoria fue la polémica que se suscitó en torno al Programa de Alimentación Escolar. Cruces entre la FUM y el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, sobre a quién le cabía la responsabilidad de dejar “niños sin comer” el día del paro, generó que finalmente el gobierno activara “menús de emergencia” para atender los comedores.
Luego de enumerar las limitantes que hay para los trabajadores por el escaso presupuesto para la educación, Pereira señaló que los ahorros logrados se ven “como un éxito” desde el gobierno, “aunque ello implique negarle a una niña o niño otro plato más de comida”. También cuestionaron que se destaque el ahorro cuando no se pudo “garantizar la plena presencialidad en el marco de la pandemia, ni tampoco definir ni financiar ninguna línea de acción que den respuestas al conjunto de demandas que estudiantes y familias trasladan al sistema educativo como consecuencia de la no presencialidad”.
En tanto, a nivel universitario, en la Udelar el recorte presupuestal “impide crear cargos de funcionarios y aumentar las horas docentes, necesarios ante al aumento de la matrícula estudiantil, así como mejorar el sistema de becas estudiantiles”. Por el lado de la UTEC, la secretaria general de la FUM aseguró que “no se podrá concretar el cogobierno y la sede de la misma en el interior, siendo grave la ausencia de financiamiento de acciones que contemplen las dificultades de los estudiantes, en especial que permitan resolver los problemas de alimentación y transporte que estos tienen”.