Este viernes, el Colectivo de Docentes Jubilados de la Educación Pública emitió un comunicado al respecto de la reforma educativa que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretenden instalar a partir de 2023. “Como docentes jubilados de la Educación Pública hemos transitado nuestra vida atravesados por esta profesión y su dedicación, por ello no podemos permanecer en silencio cuando vemos con profunda preocupación los avances del proceso denominado 'transformación de la educación'”, consideraron.
En ese marco, en primera instancia reiteraron su “compromiso con la defensa de la Educación Pública frente a una reforma que se intenta imponer sin los espacios de consulta y participación democrática imprescindibles”. En relación a ello, refirieron a las Asambleas Técnicas de Docentes (ATD) como “instancias que nacieron como una forma de discutir el destino de la educación entre todos los educadores”.
Sin embargo, el colectivo aseguró que “se minimizan a tribunas para obtener el visto bueno a documentos discutidos en otras esferas y que incluso contienen plagios y no registran adecuadamente sus fuentes”, y que las ATD de los distintos subsistemas de la ANEP “expresaron sus reclamos al respecto, conscientes de que los docentes deben ser considerados constructores y no solo aplicadores”.
Por otro lado, hicieron foco en la propuesta de titulación universitaria de docentes en manos del Ministerio de Educación y Cultura y manifestaron su “desacuerdo” ante el hecho, que interpretan como una “sustitución de la real formación y profesionalización en una Universidad de la Educación”.
Asimismo, entienden que “cualquier reforma auténtica de la educación sólo se haría posible invirtiendo recursos en ella”. Sin embargo, remarcaron que actualmente hay un “recorte presupuestal” que “no sólo afecta negativamente a lo ya existente sino que impedirá llevar adelante cambios reales si se propone la mejora de la educación”. Rechazaron además el “desmantelamiento de experiencias educativas y programas que estaban funcionando bien” así como “la sustitución de nombres de distintos dispositivos educativos con el objetivo de presentarlos como novedad”.
Para manifestar la “disconformidad” del colectivo “con la falta de ética de las autoridades que expresan una cosa y hacen otra, incluso en extensas declaraciones sobre sus objetivos”, ejemplificaron con las recientes declaraciones de la directora ejecutiva de Política Educativa del Consejo Directivo Central de la ANEP, Adriana Aristimuño. La jerarca dijo en Arriba gente que iba a plantearse la posibilidad de que los colegios privados puedan tomarse un año más para aplicar los cambios de la reforma, porque se trata de empresas privadas que, por ejemplo, podían definir sobre si eran necesarios despidos para aplicar el nuevo plan. “Estas consideraciones no parecen valer para la Educación Pública según estas autoridades que siguen sometiéndola a la improvisación y a la arrogancia”, esgrimieron los docentes jubilados.
Por último, el colectivo enfatizó que les preocupa ver “cómo la persecución a docentes sindicalizados, a ex jerarcas de la educación y a estudiantes, así como también una cultura de la competencia y la vigilancia que pretende sustituir el diálogo y la colaboración en los centros, han venido conformando un clima tenso, de temor, que recuerda a otras épocas en la educación, y que para nada favorecen la reflexión, el intercambio y la generación de proyectos para el futuro”.