Una vez ratificados los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) sometidos a referéndum, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dejó en claro que uno de los temas prioritarios para el gobierno será la reforma de la educación. Según explicó a la diaria el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, la LUC es “la base jurídica” para desarrollar “las políticas que prometió el gobierno ante los ciudadanos”. El ministro señaló que, en particular, el capítulo de Educación de la LUC es extenso y entre los artículos impugnados estuvieron varios de esa sección, por lo que para el gobierno era importante que se mantuvieran.
Muchos de ellos modificaron la Ley General de Educación, de 2008, sobre la que Da Silveira ya ha dicho que debería generarse una reformulación más profunda. Consultado al respecto, dijo que la LUC realizó cambios a la Ley General de Educación, pero no tuvo la intención de reformularla. Por lo tanto, quedó “un texto significativamente diferente” al de 2008 y “hasta puede haber algún problema de coherencia”. En ese sentido, opinó que “algún día” habrá que “emprolijar” la ley de educación, pero indicó que ello “no está en la agenda del gobierno” para el corto plazo.
La reforma más relevante del actual período de gobierno en materia educativa será la transformación que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En diálogo con la diaria, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo, Robert Silva, valoró la ratificación de los artículos, en especial los vinculados a educación. A modo de ejemplo, valoró que se mantenga la nueva gobernanza en los subsistemas de la ANEP, que ahora son direcciones unipersonales y no consejos con participación docente. “Venimos estrenándola desde febrero de 2021 y la valoro positivamente. Nos ha permitido articular y coordinar mucho más”, expresó.
Para Silva, estas cuestiones “ahora tienen un estatus superior”, puesto que primero fueron aprobadas por los representantes en el Parlamento y este domingo ratificadas por la ciudadanía. Consultado sobre el margen estrecho por el que la LUC se mantuvo, dijo que “es como en los partidos de fútbol: uno gana y otro pierde”. “Yo creo que la educación ganó porque la LUC se ha ratificado”, consideró.
Más allá de la corta distancia entre el Sí y el No, Silva dijo que van “a seguir actuando en un marco de diálogo” para “procurar acuerdos”. En ese sentido, expresó que con el accionar de la ANEP van a “demostrar” que “muchas cosas” que se dijeron vinculadas a la educación y a la LUC eran “falsedades o mentiras”, por ejemplo, que no hay “ninguna privatización de la educación o introducción de prácticas privatizadoras”.
Por otra parte, el presidente del Codicen indicó que antes del referéndum ya habían dicho que en este año se iba a poner el pie en el acelerador con la transformación educativa, que se prevé implementar en 2023. “Estamos terminando el marco curricular nacional para ponerlo a consideración de las Asambleas Técnico Docentes, de distintos colectivos, en un marco de discusión”, afirmó. “Que ya esté saneado el tema de la LUC, que ya no se discuta más y que los temas que estaban en cuestión fueran ratificados es un impulso importante para seguir avanzando en la transformación educativa”, festejó.
Formación docente
En relación a los artículos de la LUC que competen directamente al MEC, Da Silveira señaló que a causa del referéndum el ministerio tuvo que dejar su agenda “un poco en suspenso hasta que la cuestión se dirimiera”, ya que entendían que si avanzaban podía interpretarse como una “falta de respeto hacia los ciudadanos”. Entre estos temas, el ministro señaló que el más relevante es el reconocimiento universitario a los títulos de formación en educación.
Al respecto, Da Silveira informó que la cartera empezará a hacer “lo que hubiera hecho el año pasado si no se hubiera llegado a las firmas”: dar a conocer los requerimientos para otorgar el reconocimiento universitario a las carreras que aspiren a ello, y la instalación del consejo consultivo que atenderá en primera instancia los pedidos. El ministro planteó que si bien el MEC es “muy respetuoso” de la autonomía de la ANEP, ha estado en conversaciones con el Codicen y el Consejo de Formación en Educación (CFE) para saber si las exigencias resultan aceptables para el organismo encargado de la formación pública de formadores.
Además, Da Silveira señaló que también se continuará con otras acciones que el MEC asumió a partir de la LUC, como las comisiones coordinadoras de la educación y de la educación pública, pero también con el “fortalecimiento” de comisiones de este tipo que funcionan a nivel departamental.
La Constitución y la obligatoriedad
Consultado sobre la ratificación del artículo de la LUC que cambió la redacción de un artículo de la ley de educación que obligaba a los padres a la inscripción de los niños en un centro educativo, Da Silveira consideró que ese “es uno de los muchos casos” en los que durante la campaña “se agitaron fantasmas y se alimentaron miedos que no existen”, en alusión a quienes interpretan que los cambios favorecen que una familia pueda decidir que los niños estudien en la casa. “Este gobierno y este ministro no tienen el menor interés en desarrollar la educación en el hogar”, señaló al respecto, y añadió que las diferencias sobre este tema no tienen que ver con política educativa sino con la forma en que se entiende la Constitución de la República.
Da Silveira explicó que el artículo 68 de la carta magna, incorporado en la reforma de 1934, “abre dos caminos posibles para cumplir con la obligatoriedad de la educación: mandar a los hijos a la escuela o al liceo, y el otro es educarlos en el hogar”. El jerarca dijo que esta última era una práctica “relativamente frecuente en 1934 y en algunas partes del mundo hoy está ganando actualidad, pero eso es algo que no tiene nada que ver” con Uruguay y su “tradición” en materia educativa.
En ese sentido, el ministro consideró que la Ley General de Educación de 2008 dio “un paso peligrosísimo” al marcar la obligatoriedad de la inscripción en centros educativos, ya que “va en contra de lo que dice la Constitución y es algo que “los republicanos no aceptamos”, dijo. Da Silveira señaló que desde 1934 ninguna de las normas antecesoras de la ley de educación de 2008 planteó la obligatoriedad en esos términos y ello no generó que se propagara la educación en los hogares. “Armaron tanto lío con esto, agitando fantasmas y tratando de alimentar miedos, que todavía le van a meter a alguno la idea de empezar a promover la educación en el hogar. Pero no va a ser este gobierno, que no tiene la menor intención de promover nada que tenga que ver con eso”, concluyó.
Al respecto, Silva coincidió en que en lo que queda de período de gobierno la obligatoriedad de la educación no se va a ver afectada, dado que la propia ANEP está desarrollando acciones para que los familiares de los niños los inscriban en el sistema educativo. “Estamos poniendo en conocimiento del Poder Judicial situaciones de niños para que vayan a las escuelas”, adelantó el presidente del Codicen, y aseguró que no es algo que tenga que ver con los cambios que realizó la LUC, sino que ya viene desde antes.
El propio Silva ha planteado que la obligatoriedad de la inscripción en un centro educativo sigue vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que no fue modificado. Consultado al respecto, Da Silveira dijo que ello es así y que “alguien podría objetarlo”, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, planteó que “el punto central es que hasta hoy no ha existido ningún gobierno al que le interese promover la educación en el hogar, ni siquiera este”. “Todos los que estamos en el gobierno mandamos a nuestros hijos a la escuela y al liceo, y hasta ahora no ha habido ninguna demanda social, porque los uruguayos tenemos otra cabeza”, sostuvo.