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Comisión investigadora sobre Fenapes en el Anexo del Palacio Legislativo (archivo, febrero de 2022).

Foto: Mauricio Zina

FA acusa al gobierno de hacer “persecución política y sindical” para “deslegitimar” la gestión educativa anterior

2 minutos de lectura
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La oposición y un colectivo de profesores jubilados rechazaron la última resolución de la comisión investigadora parlamentaria sobre Fenapes.

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El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) emitió este jueves una declaración sobre la resolución primaria tomada por la mayoría oficialista de la comisión investigadora parlamentaria sobre las faltas de sindicalistas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019. En el texto, el partido de oposición acusa al gobierno de llevar a cabo una “persecución política y sindical” para “deslegitimar” la gestión educativa del Frente Amplio de los últimos 15 años.

El pasado lunes los legisladores de la coalición de gobierno hicieron público su dictamen, que considera que exjerarcas de Secundaria y dirigentes de Fenapes cometieron “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”. La resolución nombró explícitamente a cinco sindicalistas y a dos consejeros de Secundaria en el último gobierno del FA, Celsa Puente y Javier Landoni.

El FA mostró su “apoyo y solidaridad a los compañeros y las compañeras que son sometidas al escarnio público” en el marco de una comisión investigadora “que actuó por fuera de las competencias que la ley le asigna”. Como lo había manifestado la bancada del FA y Fenapes en dos conferencias de prensa, la ley que regula el funcionamiento de este tipo de comisiones deja en claro que no se puede investigar a entidades que se rigen bajo el derecho privado.

Además, la mesa política considera que el accionar de la comisión se enmarca “en una clara persecución política y sindical” del gobierno de coalición, “con la finalidad de deslegitimar la gestión educativa llevada adelante durante los 15 años de gobierno frenteamplista”. En ese sentido, la declaración “destaca el desempeño y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la educación”, y también “defiende los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva”.

Finalmente, el FA muestra su “preocupación ante el daño que estas acciones generan en las instituciones democráticas y en los derechos de la ciudadanía”. Según se agrega, el partido de oposición entiende que el Parlamento es tomado “de rehén para ejecutar prácticas persecutorias y antidemocráticas que obedecen a fines revanchistas y personales”.

También los profesores

Por su parte, un grupo de profesores jubilados conformado recientemente para denunciar las condiciones en las que tienen que trabajar los docentes en actividad también se pronunció al respecto y mostró preocupación sobre la forma en que se está procediendo en la educación.

El colectivo entiende que el lugar que ocupan los educadores está siendo “cuestionado de forma agresiva y pública”, sumado a que “hechos administrativos, como la justificación de inasistencias por tareas sindicales”, se llevan a una comisión investigadora parlamentaria que “judicializa el tema”, ya que los legisladores manifestaron su intención de remitir su actuación ante la Fiscalía y el Poder Judicial. En suma, rechazaron la resolución a la que llegó la mayoría oficialista en la comisión y entienden que, al dar nombres y apellidos, se viola la Ley de Protección de Datos Personales.

Por su parte, los profesores jubilados consideran que “no es casual” que los legisladores de la coalición de gobierno hayan hecho el anuncio en simultáneo a “la formulación de un proyecto de reforma hecho entre gallos y medianoches” y “sin las consultas adecuadas”, en referencia a la transformación curricular que impulsan las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública. En ese sentido, advierten que los cambios se impulsan en un contexto en el que se perdieron espacios de participación, como los consejos de los subsistemas de ANEP, y con una inadecuada convocatoria a Asambleas Técnico Docentes por la falta de tiempo para la discusión.

“Todos estos hechos demuestran la centralización de una estrategia de manejo de la opinión pública para instalar, sin el adecuado debate, una reforma profunda. Ello ocurre mientras se desarrolla la persecución sindical, la consulta a organismos paralelos, los recortes presupuestales y la ineficacia de una gestión que se presenta en el discurso de una manera, pero que al día de hoy tiene innumerables grupos sin profesores”, concluye el comunicado.

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