La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) convocó a una conferencia de prensa para rechazar la última resolución de la comisión investigadora parlamentaria sobre faltas de dirigentes sindicales en el anterior período de gobierno. Este lunes, la mayoría oficialista de la comisión acusó a exjerarcas de Secundaria y a dirigentes de Fenapes de haber cometido “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”, lo que fue catalogado como un “circo” por la oposición. En una línea similar, el martes Fenapes consideró que la resolución de la comisión, que acusa en particular a cinco sindicalistas, no es una sorpresa, ya que había una intención política clara desde el principio.
José Olivera, presidente del sindicato y uno de los acusados por el oficialismo, sostuvo que “algunos actores montaron un juzgado dentro de la comisión investigadora, lo que violenta el principio de separación de poderes”. En suma, Olivera consideró que es parte “de una persecución política y antisindical” que busca “deslegitimar” y “criminalizar” al sindicato, para lo que “se actúa contrario a derecho”. A modo de ejemplo, mencionó que el artículo 26 de la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias prohíbe que se investigue a actores regidos por el derecho privado, como Fenapes.
Además, el presidente del sindicato dijo que la actuación de la investigadora es parte de una nueva ampliación que ya admitió el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ante la última resolución se presentará una nueva ampliación. Por su parte, adelantó que por intermedio del PIT-CNT la federación ya concretó reuniones con actores de la OIT, en el marco de la 110ª conferencia del organismo, que transcurrirá entre fines de mayo y comienzos de junio.
Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, consideró que el trabajo de los legisladores oficialistas responde a un “objetivo político”, ya que la federación “viene denunciando desde hace meses, con documentación y análisis, un ajuste brutal en la educación pública, con tres componentes claves: de derechos, presupuestal y pedagógico. Al respecto, habló de las 12.000 horas de clase vacantes que hay en secundaria y dijo que ello se debe al “ajuste presupuestal” del gobierno, que “deja a miles de estudiantes sin clase para generar presupuesto”, lo que definió como “negligencia”. En referencia a la reforma educativa que impulsa el gobierno, Mandacen habló de un “ajuste pedagógico”, ya que “se intercambia la educación y el acceso democrático al conocimiento por una sumisión al mercado laboral”, sostuvo. Para el sindicalista, se apunta a “estructurar una educación para pobres y otra para ricos”.
Mandacen afirmó que Fenapes “está de pie” y “va a seguir luchando por la educación pública”. Agregó que no va a “claudicar ante ningún esquema político autoritario, que por momentos practica elementos propios del fascismo, persiguiendo trabajadores y escrachándolos públicamente”.
Respecto de los pasos a seguir, Olivera dijo que el sindicato está analizando si presenta descargos, tal como habilitaron los legisladores de la coalición de gobierno que integran la investigadora. Según explicó, todavía no tiene claro “de qué se los acusa”, ya que la resolución de la comisión “es un mamarracho jurídico”. Al respecto, Marcelo Domínguez, uno de los abogados del sindicato, sostuvo que no se sabe “cuál es el hecho que se le atribuye a cada uno de los docentes mencionados en la resolución”. En suma, afirmó que “no hay elementos que permitan ni siquiera inferir o presumir la apariencia de alguna conducta con relevancia jurídico penal”.