Luego de que los diputados oficialistas de la comisión que investiga faltas del pasado período de gobierno de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) acusaran a dos exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente y Javier Landoni, y a dirigentes del sindicato de tener “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”, el gremio presentó este martes un alegato político respondiendo las consideraciones de los legisladores de la coalición multicolor.
Según habían acordado en filas oficialistas, los acusados tenían un mes para “presentar sus descargos”, algo que ocurrió una semana antes de ese plazo. Este martes, el sindicato de profesores convocó una conferencia de prensa para hacer públicos sus descargos. Junto a José Olivera, actual presidente de Fenapes, y los dirigentes Marcel Slamovitz y Virginia García Montecoral, tres de los seis acusados por el oficialismo, la vicepresidenta de Fenapes, Marcela Da Coll, señaló que hay “una manifiesta ilegalidad” de la comisión, en el entendido de que como comisión parlamentaria “no tiene ni las atribuciones ni el ámbito de potestad” para llevar adelante este tipo de procedimientos, que están reservados para organismos públicos.
Según el alegato, al que accedió la diaria, Fenapes entiende que esta “ilegalidad” implica una “flagrante violación al derecho de las organizaciones sindicales de organizar su administración y sus actividades”, en función de lo que establece un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el sindicato denuncia el incumplimiento del artículo 21 de la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias, que refiere a la investigación de hechos en entes autónomos como Secundaria, que es parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Dicho artículo señala que sólo se pueden investigar hechos que ocurran en el marco de entes autónomos cuando se trata de denunciar delitos electorales, resolver discrepancias surgidas del trámite de presupuestos y de rendiciones de cuentas o cuando se atribuyen responsabilidades políticas al ministro del ramo, “por omisión en el ejercicio de sus poderes de control administrativo”.
Por su parte, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, sostuvo que la presentación del alegato “no tiene como objetivo reconocer lo actuado por la comisión investigadora”. “Lo que hacemos, sí, es presentar un alegato político donde los seis compañeros que son citados y prácticamente imputados de forma ilegal por esta comisión se presentan ante el Parlamento planteando diferentes aspectos de orden jurídico y político donde queda presente la posición” del sindicato, afirmó.
En tanto, el abogado de Fenapes Marcelo Domínguez afirmó que, desde su origen, la comisión “ha nacido absolutamente ilegítima y antijurídica”, y aludió a la norma que regula el funcionamiento de estas comisiones parlamentarias. “No fue una comisión investigadora, sino una indagatoria, que en su propio título ya dice que está investigando a los integrantes de la Fenapes; por lo tanto, como dicha ley prohíbe expresamente que sea objeto de investigación una persona de derecho privado, acá se ha vulnerado flagrantemente la ley”, denunció.
El debido proceso
En suma, el alegato presentado ante el Parlamento señala que debido a “la manifiesta ilegalidad” de la comisión investigadora, el Parlamento no debería aprobar su actuación, porque podría “ser pasible de responsabilidad civil por un acto legislativo manifiestamente antijurídico”.
Para Da Coll, estas irregularidades “tienen que ver con la violación del derecho del debido proceso” hacia los exdirigentes y actuales integrantes de la federación. “No se dio el debido proceso” y hubo una “ausencia que de los elementos necesarios para la imputación que hace hoy hayamos evacuado la vista con estos puntos desarrollados”, apuntó. Al respecto, el alegato fundamenta que los miembros oficialistas en la comisión no pueden defenderse si no conocen de qué se los acusa, ya que la resolución que aprobaron en la investigadora no especifica quiénes cometieron los supuestos delitos que se denuncian. En ese sentido, el sindicato entiende que dicha resolución es “absolutamente nula”.
Domínguez afirmó que con una “imputación al barrer de una serie de delitos”, en la que “no se individualiza cuál es la conducta que se le atribuye a cada uno” de los seis integrantes de Fenapes denunciados por el oficialismo, “es imposible jurídicamente hacer un descargo”, porque no se atribuye un hecho determinado y circunstanciado a cada uno de los sindicalistas. Para el profesional, es “imposible” evacuar una “imputación de esta índole” cuando “no está precisamente individualizada” cuál es la conducta que los representantes del gobierno les atribuyen a los miembros de Fenapes. “Es una ensalada de delitos”, comentó.
Prime time
En una conferencia de prensa realizada el 25 de abril, los representantes oficialistas indicaron que de lo trabajado en casi un año de citaciones surgen delitos como fraude, falsificación, estafa, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos, abuso de funciones y encubrimiento. En paralelo, identificaron a seis sindicalistas y a Puente y Landoni, pero no aclararon quiénes habrían cometido cada presunto delito.
Al igual que Fenapes, en dos notas que presentaron, los exjerarcas de Secundaria aseguraron que esa forma de proceder no les permite ejercer su derecho a la defensa. El escrito que presentó Landoni bajo la representación de Daniel Ochs señala, al igual que el sindicato, que la comisión se instaló en forma ilegal, ya que investiga a un privado y a un ente autónomo sin que se configuren las causales que establece la ley. En ese sentido, Landoni advierte que en función de la normativa vigente es claro que si la ANEP debe resolver un eventual problema referido a su funcionamiento interno, eso no puede ser objeto del Parlamento.
Landoni, quien meses atrás presentó un escrito ante el Consejo Directivo Central en respuesta a una sanción que le impuso la Dirección General de Educación Secundaria por este caso, también afirma que la investigadora no cumplió con el debido proceso y, al igual que lo había hecho antes, señala que no se cumplió con la reserva de la investigación y que todo el proceso supuso “una enorme mortificación” para él y su familia. En ese sentido, pide que el Parlamento archive la “infeliz actuación” de la comisión, que supuso “una enorme pérdida de tiempo” y de recursos y un “desprestigio” de la actividad parlamentaria y del ente autónomo ANEP. Respecto de esto último, el escrito de Landoni, al que tuvo acceso la diaria, asegura que frente a la opinión pública quedó expuesto como “incapacitado para gobernarse”.
Por su parte, Puente decidió no evacuar la vista de la resolución para no legitimar el trabajo de la investigadora, pero de todas formas presentó una breve nota en la que deja constancia de que se enteró de la resolución de la comisión a través de los informativos, en el horario central de televisión. Según expuso, a las 48 horas fue notificada del texto de la resolución por medio de un telefonograma y, al respecto, considera que eso es parte de los hechos por los que en el último tiempo fue “sometida al escarnio público, al prejuzgamiento y difamación en una suerte de acechanza cotidiana por el mero hecho de haber sido directora general del extinto Consejo de Educación Secundaria”.
“Fácilmente, cualquier observador imparcial comprenderá que la construcción de escenarios ficticios para endilgarnos responsabilidad nos afecta profundamente. Todo este año ha sido muy doloroso para mí, para mi familia y mis afectos. He sido expuesta sin miramiento en los medios públicos, juzgada sin elementos, calificada y menoscabada en mi imagen pública”, denuncia la exjerarca, quien junto con Landoni meses atrás presentó una demanda civil contra la ANEP, la actual directora de Secundaria, Jenifer Cherro, y la exdirectora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo.
Puente recuerda que ella asistió ante la comisión investigadora como testigo y que participó en una sesión en la que durante más de seis horas expuso sobre la justificación de faltas y el otorgamiento de licencias sindicales durante su gestión, y también sobre otros temas de la actualidad educativa por los que fue interrogada. En ese sentido, afirma que lo hizo “con buena voluntad”, pero aclara que la comisión no cuenta con potestades para establecer delitos de naturaleza penal, como plantea la resolución del oficialismo, que solicitará en el plenario de la Cámara de Representantes que la actuación sea remitida a la Justicia.
Un porqué
Según Mandacen, las acusaciones hacia Fenapes se dan en el marco de un “ajuste” pedagógico, presupuestal y de derechos. Sobre lo primero, hizo referencia al documento del Marco Curricular Nacional aprobado por la ANEP para sentar las bases de la reforma curricular, que según valoró viene siendo “rechazada” por “cientos y cientos” de profesores de todo el país. Para el sindicalista, eso quedará explicitado cuando las Asambleas Técnico Docentes culminen su labor de análisis del documento, lo que ocurrirá el 21 de mayo.
Respecto de lo presupuestal, denunció que hay un “recorte” en la ANEP que ronda los 80 millones de dólares, que implica la “pauperización” de las condiciones laborales y de aprendizaje. “Esto se traduce a menor cantidad de grupos, que son situaciones que desbordan hoy en los centros educativos”, agregó. Por último, sobre el “ajuste de derechos” consideró que se está interfiriendo con los derechos a la libertad sindical, que vienen asegurados por la Constitución y que “fueron y deben ser promovidos por el Estado” en forma obligatoria; aseguró que con la creación de la investigadora hubo “un deterioro constante de estos derechos”, que Fenapes ha denunciado ante la OIT.