Después de que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) cambiaran su postura en los últimos días y pasaran a prohibir las ocupaciones de estudiantes en liceos, eso generó controversia y distintos actores cuestionaron el sustento legal de la medida. En la misma línea de lo que sostuvo el profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, Hugo Barretto, la Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) manifestó su “preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles”.
Según planteó la organización en un comunicado, las ocupaciones “constituyen modalidades de protesta gremial” y “el ejercicio de un derecho fundamental”. En el caso puntual de las distintas ocupaciones estudiantiles que han ocurrido en los últimos días, AULA señala que “los estudiantes reivindican su derecho a ser escuchados y procuran garantizar el cumplimiento de otros derechos fundamentales inherentes a todo Estado democrático, entre ellos, el derecho a la negociación y a la libre expresión del pensamiento”.
Además, los laboralistas cuestionaron el procedimiento de desalojo que se llevó adelante en las últimas semanas, cuando las autoridades de la educación permitían que los estudiantes ocuparan, pero pedían el desalojo por medio de la Policía. Según plantea el comunicado, esos desalojos fueron realizados “al margen de la normativa vigente”. “Se procede mediante una simple comunicación de las autoridades educativas al Ministerio del Interior, y este último concede un exiguo plazo antes del ingreso del personal policial a los centros, todo ello sin intervención de la Justicia ni de otros órganos estatales cuya especialización institucional es la negociación entre partes”, señalaron al respecto.
También se refirieron a una comunicación recibida por docentes de los liceos Dámaso y Miranda hace unos días, en la que, según denunció la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, se hacía referencia a “un decreto de 2014 de Tabaré Vázquez”, cuando este no era presidente. Al respecto, los laboralistas señalan que ese año no se aprobó ninguna norma que regule el tema y “seguramente han querido referirse al Decreto 354/2010”, pero aclararon que no se encuentra en vigencia. En ese sentido, recordaron que el decreto vigente sobre ocupaciones es el 281/2020 y entienden que Secundaria incurrió en “un grueso error al fundamentar la supuesta ilegalidad en un decreto derogado”.
En suma, el comunicado aclara que el decreto de 2020 reglamenta el artículo 392 de la ley de urgente consideración y, en principio, se aplica “a las ocupaciones en el ámbito laboral, pero la propia norma posibilita su extensión a otros como, por ejemplo, el estudiantil”. Si bien consideran ese decreto y su antecesor, de 2010, como de “dudosa legalidad”, AULA señala que “establecen un mínimo de garantías”, aunque “bastante limitadas”. Según aclaran, estas son la obligación de concurrir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solicitar su intervención y que dicho organismo tenga “una instancia de conciliación, sin perjuicio de intimar el desalojo”.
Diálogo y negociación
Los laboralistas recuerdan que la normativa vigente “establece la posibilidad de una negociación”. En ese sentido, dicen que “da a las autoridades la oportunidad de dispensar a sus estudiantes el trato inherente a sujetos de derecho, tal como lo prevén los estándares internacionales” y no tratarlos como “meros objetos de obligaciones sobre los cuales se hace recaer el desprecio institucional que se refleja en el envío sin más a los efectivos policiales a desalojarlos”.
Al respecto, la asociación de laboralistas afirma que esperan “que las autoridades encaucen su proceder” y apelen “a procedimientos garantistas en el marco de la normativa vigente”.
El tema también fue discutido en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura de diputados de este miércoles, a la que concurrieron autoridades de la ANEP. Allí, el presidente del Consejo Directivo Central del organismo, Robert Silva, señaló que el cambio de postura de las autoridades se debió a la replicación de las ocupaciones, ya que cada vez más centros de estudiantes fueron apelando a esa medida y que, más allá de los desalojos, se comenzaron a repetir en el tiempo. Además, sostuvo que las autoridades empezaron a recibir reclamos de quienes querían concurrir a estudiar y trabajar a los centros ocupados.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio Lilián Galán se refirió al tema y puso como ejemplo una situación que vio en el liceo 63, donde las inspectoras de secundaria pidieron a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar que las acompañen para hablar con los estudiantes que ocupaban. “¿Desde cuándo los docentes les tenemos miedo a los alumnos?”, se preguntó “con dolor” la diputada. Según agregó, en su lugar se hubiera acercado a los alumnos para preguntarles “por qué están ocupando” y “qué está pasando” en el liceo. “Me parece que esta tiene que ser la forma de diálogo hoy con los estudiantes”, concluyó.