En dos meses y medio, a fines del año pasado, el oficialismo dio trámite a un proyecto de ley que modifica la gobernanza de la Universidad Tecnológica (UTEC). Entre otros cambios que alteran lo previsto en la ley de 2012 que creó la segunda universidad pública del país, el texto enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo implicó la eliminación del cogobierno en el Consejo Directivo Central de la institución, más allá de que crea un consejo académico no vinculante que sí tiene participación de los órdenes.
Finalmente, el texto fue aprobado sólo con votos de la coalición de gobierno, ya que el Frente Amplio (FA) rechazó los cambios propuestos y entendió que si se registran modificaciones deberían ser producto de un acuerdo entre oficialismo y oposición, igual que ocurrió cuando la UTEC fue creada. Por su parte, colectivos de docentes, estudiantes y egresados de la universidad presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, con un argumento de forma y otro de contenido.
El argumento de forma tenía que ver con que no se cumplió con las mayorías necesarias en cada cámara para la votación de los consejos directivos de instituciones de enseñanza, que deben ser aprobados por mayoría absoluta de los componentes de cada cuerpo, pero en este caso se aprobó por mayoría de presentes. Dicho problema también fue advertido por el gobierno, que remitió un nuevo proyecto de ley que en su primer artículo deroga la norma aprobada en noviembre y en el segundo reproduce exactamente el mismo texto aprobado por el Parlamento meses atrás.
El martes, la Cámara de Representantes aprobó la norma, nuevamente con los votos del oficialismo y la negativa del FA. Durante la sesión, los diputados del MPP Agustín Mazzini y Cecilia Bottino hablaron de la “falta de apego y un poquito de desidia” de los parlamentarios oficialistas, especialmente de quienes se dedican a señalar docentes por no ir a trabajar, en alusión a la comisión investigadora creada en 2021 para investigar la justificación de faltas de sindicalistas en Secundaria. Según apuntó Mazzini, precisamente, la inconstitucionalidad ocurrió porque hubo legisladores que no estaban presentes en cámara cuando había que votar la norma.
Cuestión de forma
Más allá de reiterar los argumentos por los que no votaron la norma, los legisladores plantearon que la Cámara de Representantes incurrió en una nueva inconstitucionalidad por no haber consultado la opinión de la UTEC en esta segunda instancia. En la misma línea que los diputados, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC, Marcelo Ubal, dijo a la diaria que se está violando el artículo 202 de la Constitución que dice que los organismos de la educación “deben ser oídos” cuando se aprueban leyes que los regulan.
Ubal señaló que ello no ocurrió y, además, el proyecto fue aprobado mientras se encontraba en camino a Montevideo, ya que este miércoles el sindicato será recibido por la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja para opinar sobre el contenido de la norma. De todas formas, el sindicalista consideró que el nuevo proyecto no resuelve la inconstitucionalidad que los colectivos de la UTEC reclaman y que tiene que ver con la violación de la autonomía de la universidad.
Por su parte, desde la coalición de gobierno entienden que las autoridades de la UTEC ya fueron consultadas en el proceso de aprobación de la ley que transcurrió el año pasado, ya que tiene el mismo contenido que la norma que el martes recibió media sanción. El diputado nacionalista Miguel Irrazábal argumentó que el nuevo proyecto de ley es para “enmendar el error padecido” al no advertir que no se cumplió con la formalidad de ser aprobada por la mayoría de componentes de cada cámara.
A su vez, los legisladores de la coalición negaron que se viole la autonomía de la UTEC y destacaron la actitud del gobierno de mandar un nuevo proyecto y “asumir el error”. Quien lo hizo en primera persona fue el colorado Ope Pasquet, ya que presidía la cámara cuando se aprobó el proyecto sin las mayorías necesarias. Al respecto, el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez valoró que no se haya dejado pasar el tiempo y que ello redunde en la pérdida de recursos del Estado. En cambio, Mazzini consideró que los errores que se generaron durante el proceso tienen que ver con el “apuro” del gobierno por aprobar los cambios, cuando se requería de mayor tiempo de discusión parlamentaria.
Finalmente, la nueva norma fue aprobada por 53 votos, lo que superó el umbral de 50 voluntades necesarias para superar el vicio inconstitucional de forma.