“En defensa de la educación pública”, decía la bandera apoyada sobre la mesa en la que este lunes, en la sede central del PIT-CNT, siete representantes de sindicatos de la educación dieron una conferencia de prensa en su calidad de integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), con miras a la Rendición de Cuentas y con el principal reclamo de que se otorgue mayor presupuesto para la educación.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) manifestaron sus reivindicaciones particulares y, con el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, como vocero, plantearon una plataforma conjunta.
Según el dirigente, la instancia tuvo como objetivo “instalar a partir de hoy una campaña que nos vuelva al debate de la Rendición de Cuentas, que está establecida como la última del período. Es especial preocupación para esta coordinadora establecer algunos ejes clave”.
Los ejes se dividieron en tres: masa salarial, atención integral al estudiantado e infraestructura. Sobre el primer punto, se pide que en todo el sistema de la educación pública se creen cargos de funcionarios de gestión y servicio, y de docentes, además de que los cargos de gestión y servicio se extiendan y pasen de 20 a 40 horas semanales en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “sin vulneración de derechos adquiridos”.
Por otro lado, reivindicaron la necesidad de que haya un aumento salarial y que se atiendan las “inequidades” salariales. Por último, dentro del eje de la masa salarial, solicitaron que se efectivice el “pago de la prima por antigüedad en la enseñanza privada no formal” y, por otro lado, que haya mayor desarrollo profesional y de las carreras docente y funcional.
Con respecto al estudiantado, las necesidades concretas en todos los subsistemas son tres. En primer lugar, el apoyo para aquellos estudiantes que tengan “dificultades” en el proceso educativo, particularmente en cuanto a la alimentación, el transporte y el alojamiento. Asimismo, plantearon la necesidad “inmediata” de que sea abordada la salud de los estudiantes, sobre todo la salud mental. En última instancia, esbozaron que se precisa presupuesto para que puedan atenderse situaciones de discriminación, acoso y violencia.
La infraestructura es uno de los reclamos históricos de la educación y, de cara a la Rendición de Cuentas, no fue la excepción. La CSEU manifestó la necesidad de obras nuevas, reparaciones y mantenimiento de los edificios de la educación pública, así como equipamiento y “material fungible”.
“El presupuesto está realmente golpeado por un ajuste de 150 millones de dólares en la ANEP”, afirmó Mandacen. El presupuesto que la CSEU exige, según argumentaron, “sí hace centro en el estudiante”.
Educación primaria y secundaria
La principal reivindicación planteada para primaria es el aumento salarial. Cecilia Notari, en representación de la FUM-TEP, se detuvo también en la necesidad de que se aumente a 20 horas semanales los cargos de talleristas y profesores especiales, que hasta el momento pueden trabajar 15 horas. A su vez, manifestó el requerimiento de que pueda haber extensiones horarias para todo el personal de Primaria que quiera pasar de 30 a 40 horas semanales, que se creen cargos de maestros “en modalidad maestro más maestro”, que la nominación de auxiliares de almacenes cambie a operarios y que “se ajusten las tareas que desarrollan”.
Por otro lado, manifestó la necesidad de que los salarios de los choferes de Primaria sean equiparados a los del Consejo Directivo Central (Codicen), así como que sean equipados a los funcionarios del Codicen “todos los funcionarios, auxiliares, administrativos, choferes, pertenecientes a la división de Adquisiciones y Logística”. La última reivindicación planteada por Notari refiere a las maestras comunitarias: que el pago sea anualizado y que su función se jerarquice.
Nelson González habló en representación de Fenapes. Si bien también destacó la necesidad de mayor presupuesto para los salarios, se detuvo en la relevancia de volcarlo en “las trayectorias educativas de los estudiantes”, “particularmente con esta coyuntura”, a la que caracterizó como “de hambre”, con problemas de salud mental y de transporte, entre otros puntos que atraviesan al estudiantado “y golpean en los salones de clase perjudicando los procesos educativos”.
En cuanto a la infraestructura, evidenció que si bien el gobierno prometió en la campaña electoral construir 146 liceos, se han hecho seis y unos pocos más están en construcción. “Nos parece importante atender esa carencia, porque lejos estamos de lo prometido”, sentenció.
La extensión horaria también es parte de los reclamos principales de ATES. Pablo de León, presidente del sindicato, considera “importante” que los trabajadores “puedan tener el pasaje de 30 y 40 horas, porque hoy los funcionarios entran con un salario menor al mínimo”.
Por otro lado, destacó que la carrera funcional “está estancada históricamente”, lo que significa que los trabajadores de los centros educativos son grado 1 y 2 y, por lo tanto, el reclamo es por “la equiparación y poder resolver esa inequidad y brecha salarial, para que tengan un salario de calidad y condiciones dignas de trabajo”.
Asimismo, volvió a denunciar la falta de equipos multidisciplinarios y reclamó que quienes los integran “tengan mejores condiciones salariales y de trabajo”. “Por lo tanto, planteamos que a nivel de gestión y servicio necesitamos una importante proyección salarial y de trabajo”, finalizó.
Desde la enseñanza secundaria privada, la plataforma de los sindicatos de la educación media pública fue respaldada por el representante de Sintep, Cristian Quinteros. En su ámbito en particular, exigió “el pago por antigüedad a los trabajadores de la enseñanza no formal”, que depende del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a pesar de que, según manifestó, desde 2018 el sindicato “tiene el reconocimiento por parte de las patronales de llevar adelante este pago, pero falta la voluntad política para poder efectuarlo”.
Educación terciaria
Desde la formación docente se ha denunciado, desde el momento en que la reforma educativa comenzó a discutirse y desde que comenzó el año lectivo con su implementación en primer año, “el tiempo escaso que se había tenido en la implementación y el carácter inconsulto del proceso”, reafirmó Pablo Langone, en representación del Sidfe.
Particularmente en Formación en Educación, Langone subrayó que la reforma educativa “afecta condiciones académicas, de formación, pero también de trabajo”. En ese marco, resumió los principales reclamos en dos puntos: “el respeto a los [docentes] efectivos” y “que se generen los cargos que se habían prometido en el capítulo 14 del Estatuto de Formación Docente”. Según Langone, la presupuestación de estos cargos es “fundamental para otorgar estabilidad y una dinámica que les permita estar afincados en su lugar de trabajo y la necesaria formación que el cargo requiere”.
Con foco en “las condiciones de estudio y trabajo para una educación de calidad”, Héctor Cancela, presidente de ADUR, puntualizó que para lograr ese cometido en la Universidad de la República (Udelar) se precisa “atender el crecimiento constante de la matrícula, que eso ha hecho que se reduzca la cantidad de horas de docentes, de técnicos y de servicios”.
Además del restablecimiento de esa relación, Cancela manifestó que hay una gran demanda de becas pero que, actualmente, la Udelar sólo puede atender la mitad. “Reclamamos los fondos para alimentación, apoyo en vivienda, transporte y trabajo”, esgrimió.
En el orden del trabajo también enfatizó en la necesidad de que pueda haber más en territorio, y “lograr consolidar los Centros Universitarios Regionales y avanzar en la creación de nuevos”. Así como se ha reclamado en otros subsistemas, solicitó un “salario digno”, ya que el salario de los docentes universitarios “ha retrocedido con respecto a lo que ocurría años atrás”, y que puedan ser abordados los conflictos vinculados a la salud mental, al género, a la discriminación, de la mano de una ampliación de los espacios de cuidado y de equipos técnicos.
“Es importante reconocer que una mejor educación y mejores procesos pedagógicos no pueden estar divorciados de una mayor asignación de presupuesto para la educación pública”, resumió González.