A pocos días de que se conociera una comentada resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la obligatoriedad de inscripción de menores de edad en centros educativos, la Usina de Percepción Ciudadana hizo una consulta de opinión pública sobre el tema.
Realizada entre el 8 y el 12 de octubre, la encuesta es representativa de la población uruguaya mayor a 18 años. Más allá del debate jurídico sobre el tema, la consulta arrojó la opinión de la ciudadanía sobre el fallo de la SCJ que avaló a 11 familias de Florida a recibir educación a distancia proporcionada por un colegio religioso de Estados Unidos. Al respecto, 32% de los consultados valoró negativamente el fallo, 26% lo evaluó favorablemente y 17% en forma neutra. Por su parte, 16% dijo no conocer el hecho y 9% prefirió no responder.
Si las respuestas se analizan en función del nivel socioeconómico de quien responde, se observa que las personas del nivel bajo son quienes en mayor medida (36%) desconocían el fallo de la SCJ. Además, ese estrato es el único en el que la opinión favorable sobre el fallo (24%) supera a las opiniones negativas (10%). En el nivel medio, por su parte, 24% también está de acuerdo con la sentencia, pero 34% está en desacuerdo; en el sector socioeconómico alto, 30% está de acuerdo y 36% está en desacuerdo.
Otra dimensión del análisis es la fórmula que votaron quienes respondieron la consulta en el último balotaje, lo que muestra diferencias significativas entre quienes apoyaron al Frente Amplio (FA) y a la Coalición Republicana (CR). Mientras que 39% de los votantes del FA valoraron negativamente el fallo, ese porcentaje baja a 19% entre los votantes de la CR. Por su parte, 36% de estos últimos valora positivamente la sentencia, lo que solo hace 20% de quienes optaron por el FA.
Más allá del fallo de la SCJ, la encuesta también preguntó sobre el grado de acuerdo con la posibilidad de que en Uruguay se habilite el homeschooling y los resultados marcan que 41% está en desacuerdo con que se habilite la educación desde el hogar, mientras que 32% está de acuerdo; en tanto, 18% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 9% prefiere no contestar.
En la misma línea que el análisis anterior, el acuerdo con esta modalidad es mayor en el nivel socioeconómico bajo de la población, donde registra 44% de acuerdo y solo 15% de desacuerdo. Con 16%, en dicho nivel también se acumula la mayor proporción de personas que dicen no saber y, por lo tanto, prefieren no responder. En el nivel socioeconómico medio, 32% está de acuerdo con el homeschooling y 42% está en desacuerdo, mientras que en el nivel alto solo 26% está de acuerdo y 50% está en desacuerdo. Por lo tanto, el desacuerdo con la educación en el hogar crece en la medida en que aumenta el nivel socioeconómico de las personas.
En cuanto al voto en el último balotaje, 43% de los votantes de la CR está de acuerdo con dicha modalidad y 29% está en desacuerdo. Por su parte, entre los votantes del FA, 25% está de acuerdo y 48% se encuentra en desacuerdo.
También se consultó acerca de los motivos de acuerdo y desacuerdo con la educación a distancia. Entre quienes dijeron estar de acuerdo con esa forma de enseñar, 89% consideró que “garantiza la libertad de las familias a elegir dónde educar”, 34% entendió que se puede acceder a mejores programas de estudio en el exterior y 31% argumentó que, de esa forma, se cumple con la Constitución de la República. Por su parte, alrededor de 20% de quienes están de acuerdo con el homeschooling sostuvo que “los padres y madres educan mejor que los centros habilitados” por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y 19% no está de acuerdo con los programas oficiales de la ANEP.
Entre quienes están en desacuerdo con la educación en el hogar, 83% manifestó que “los niños/as pierden la socialización con sus pares y docentes”, 46% respondió que “los programas oficiales de educación de la ANEP son los que se encuentran regulados por el Estado” y 33% consideró que esta modalidad “debilita al sistema educativo uruguayo”. En tanto, 14% de quienes están en desacuerdo con habilitar este tipo de enseñanza señaló que su principal motivo es que “la educación privada cuenta con propuestas para las familias que no estén de acuerdo con los programas oficiales”.
En cuanto a la postura que más los representa en relación con la educación en el hogar, 49% consideró que “todos los niños y adolescentes deberían estar inscriptos en un centro educativo, sin excepciones”, 23% opinó que la educación en el hogar debería permitirse con controles del Estado, 16% entendió que las familias deberían poder decidir libremente, mientras que 12% prefirió no contestar. Un análisis de las respuestas según el sexo muestra que “los hombres son quienes en mayor medida piensan que las familias deberían poder decidir libremente educar a sus hijos en el hogar (21% vs. 11% en el caso de las mujeres)”. De acuerdo con la región de residencia, 21% de los montevideanos está de acuerdo con dicha afirmación, porcentaje que baja a 10% en el interior.
La Usina también reporta que la afirmación de que las familias puedan decidir libremente educar a sus hijos en el hogar es elegida en mayor medida por quienes votaron a la CR (29%) con relación a quienes votaron al FA (7%). Del otro lado, 57% de quienes votaron al FA se inclinan por la afirmación de que todos los niños y adolescentes deberían estar inscriptos en un centro educativo en el país, sin excepciones, proporción que baja a 36% entre quienes votaron a la CR.
