Este jueves se concretó la reunión que por unanimidad el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) había solicitado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tras conocerse un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que habilita el homeschooling en Uruguay. Tras la reunión, que duró unos pocos minutos, el titular del MEC, José Carlos Mahía, consideró que el pedido del Codicen es “una señal muy positiva”.
El jerarca dijo, además, que la ANEP y el MEC coinciden en el objetivo de fondo, que es “que todas las niñas y los niños del país puedan asistir y estar en el sistema educativo”. “En el sistema educativo tenés opciones, tenés la educación pública, que es cerca del 85% de la matrícula del país, y tenés también la privada”, dijo Mahía, que valoró que “lo fundamental es que tengamos como definición que es bien importante que nuestros hijos puedan crecer en un ámbito de socialización” como la escuela. En ese sentido, sostuvo que lo importante no es solo lo que se aprende a nivel académico, sino también que “los valores que te da la educación uruguaya sigan siendo los que siempre compartimos”.
Por ello, el titular del MEC anunció que el gobierno irá por el camino de “una modificación legal” del artículo 7 de la Ley General de Educación, que fue modificado por la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno anterior. Mientras que antes de la LUC se planteaba la obligatoriedad de la inscripción en un centro educativo, sea público o privado, después de dicha norma la obligación es solo la de dar educación a los niños y adolescentes, sin que se explicite la necesidad de asistir a un centro educativo.
De acuerdo al ministro, el cambio generó que se “rebajaran las condiciones para la obligatoriedad” en el sistema educativo uruguayo.
El presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo al final de la reunión que tanto la actual administración del ente como la anterior consideraron que con la opción que tomó la comunidad menonita no se garantiza el derecho a la educación de los 11 niños implicados, dos de ellos ni siquiera son parte de la comunidad religiosa. Según completó, de esa manera “no se cumple con la obligatoriedad tal cual se la entiende en Uruguay desde hace 150 años” ni tampoco con las políticas educativas de la historia reciente, por la que se ha intentado que cada vez más niños, niñas y adolescentes sean parte del sistema educativo.
Si bien dijo que respetan el fallo de la SCJ, el jerarca entendió que es necesario introducir modificaciones normativas para superar “la incongruencia que supone tener un sistema educativo al cual nadie está obligado a ir”. Consultado al respecto, Caggiani dijo que la ANEP presentó otros dos recursos de casación ante la SCJ por casos similares y tiene otro proceso de judicialización avanzado. En ese sentido, aseguró que “ANEP va a seguir judicializando situaciones en las que veamos que se vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes”.
Respecto al argumento de que al obligar a las familias a inscribir a niños y adolescentes en centros educativos uruguayos viola la Constitución, Caggiani dijo que se trata de una interpretación parcial de la carta magna. “El problema es leer que el único artículo en la Constitución que habla de educación es el que dice que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos. Hay otros artículos en la Constitución que establecen también que son obligatorias la educación primaria, secundaria e industrial, y eso implica que hay alguien que define qué es ese tipo de educación; y el que define es el Estado”, concluyó.
