El asesinato de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que vivía en la zona de Parque Guaraní, dejó expuestas fallas y problemas de coordinación de las instituciones encargadas de dar protección a menores de edad. Varias organizaciones e instituciones, como la Plataforma Infancias y Adolescencias y la Institución Nacional de Derechos Humanos manifestaron la necesidad de generar cambios de forma urgente, con el fin de lograr un mejor seguimiento de casos como el de Jonathan, cuya situación de violencia había sido denunciada en noviembre por la UTU de Flor de Maroñas, a la que concurría.
En diálogo con la diaria Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo que “es imposible” no ver reflejado en el caso de Jonathan la situación de violencia infantil en Uruguay. Según analizó, en situaciones de violencia que están atravesadas por desigualdades socioeconómicas o de género, “a medida que el accionar del Estado se aleja de “los vínculos cara a cara, el sistema de protección tiene cada vez más dificultades en activarse”.
Viscardi, quien desde hace años viene estudiando temáticas de convivencia y participación estudiantil desde su cargo docente en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, aseguró que los actores educativos son los que “sistemáticamente activan denuncias”, ya que son quienes están en contacto día a día con niños, niñas y adolescentes. En esa línea, señaló que es importante que, una vez que se activa, el sistema de protección “tenga eco en los actores del sistema que están más distantes de la situación” denunciada. “En este caso, el Poder Judicial, no importan las confusiones. Van a lo largo de los últimos años diferentes casos vinculados a la infancia que denuncian que tenemos que fortalecer el trabajo a nivel de la actuación en la situación”.
Nilia Viscardi (archivo, 2023).
Foto: Alessandro Maradei
Según la jerarca de ANEP, “Uruguay tiene conciencia de que la infancia es un sector vulnerable al que debemos destinar más recursos y más apoyo”, y que “todavía estamos lejos de haber encontrado una solución” a su protección. Debido a la dificultad de adelantarse a proteger a infancias y adolescencias de situaciones de violencia, que en buena medida se dan en sus propios hogares, Viscardi planteó la necesidad de trabajar en algunos cambios culturales. Concretamente, habló de “abordar la comprensión de lo que es el cuidado” y, en particular, “las relaciones familiares y de género”. Por ejemplo, indicó que “en la comprensión de fenómenos como las masculinidades violentas emergen con fuerza las figuras que desde la literatura sobre violencia social o urbana muestran cómo muchos sectores vulnerables de la población son, precisamente, aquellos que suelen repetir conductas violentas de modo reiterado.
De acuerdo a la socióloga, en casos como el de Jonathan es necesario considerar la dimensión de violencia social y, en particular, hacia los jóvenes, “porque es claro que se trataba de un padre joven que no tenía condiciones de tener bajo su responsabilidad a un niño”. Según completó, en su hogar no solamente no se identificaba lo ocurrido como un caso de violencia, sino que estaba “totalmente naturalizado el maltrato como forma de relación con ese niño”.
En adición, Viscardi marcó también la importancia de “fortalecer la formación de los jueces y de los abogados”, además de considerar “la cantidad de juzgados, que parecen tener poco personal y pocas herramientas”. “Se necesita más gente trabajando a nivel de la Justicia para la prevención, y para cuando llega la denuncia, en la formalización, pero también en caso de que el juez todavía no haya tenido tiempo para procesar formalmente el caso”. Ante ese tipo de situaciones es clave un rápido accionar en conjunto con el Ministerio del Interior, ya que en este tipo de procesos las medidas cautelares son “fundamentales”. “Acá no hubo activación de medidas cautelares que le hubieran salvado la vida al niño”, dijo, en referencia al caso de Jonathan.
Los pasos previstos para mejorar el abordaje interinstitucional
Consultada sobre los pasos que están dando los distintos organismos del Estado encargados de la protección de infancias y adolescencias, entre ellas la ANEP, la directora de Derechos Humanos señaló que desde la dirección se trabaja en conjunto con los subsistemas del ente y con distintos equipos técnicos que trabajan directamente en territorio. Además, relató que están “permanentemente en contacto” con diferentes organismos del Estado para atender distintas situaciones que tienen que ver con estudiantes y sus familias.
En ese sentido, Viscardi adelantó que desde la ANEP llamarán “a un diálogo con el Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia] para ver el modo en que desde el sistema educativo podemos fortalecer el trabajo de los compañeros del INAU [Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay] y del sistema de Justicia como integrantes de un sistema de protección que últimamente han enfrentado situaciones que muestran la debilidad institucional en esta materia”. A modo de síntesis, afirmó que la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP interviene en los dos extremos de la cadena: al inicio, con los factores culturales, sociales y educativos; y en el final, con la denuncia, la visibilización y el procesamiento de la información.
Por su parte, en el plano de la formación, la socióloga marcó la necesidad de una mayor y mejor oferta “de educación media superior, y superior en temas de justicia juvenil”. Según detalló, esa falta de propuestas y la escasez de recursos con la que cuenta el sistema de protección “contrasta con la alerta social de estos temas”.
La necesidad de pensar políticas articuladas y los problemas del sistema de protección del INAU
Diego Silva Balerio es educador social y docente en esa carrera del Consejo de Formación en Educación. Consultado por la diaria, recordó un artículo publicado en 2021 junto a Paola Pastore, en el que hablaron del recorte de varias políticas públicas que apostaron por un abordaje de cercanía y en territorio con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Más allá de que el INAU continuó con los Equipos Territoriales de Atención Familiar, consideró que en el quinquenio pasado “se redujo significativamente esa forma de diseñar y pensar la política pública, en contacto con las personas en los territorios, en los barrios”. Según completó, ese tipo de políticos generan “otros niveles de apoyatura para las personas” y también la posibilidad de “otra mirada y otro control” sobre situaciones como las de Jonathan.
Por su parte, Silva Balerio se refirió a otro artículo en el que reflexiona sobre la transformación del sistema de protección. Según planteó, la transformación “tiene que darse a partir de reconocer que se interna a niños adolescentes por situaciones de vulneración de derechos”, pero luego el propio sistema de protección continúa vulnerando derechos, ya que “la violencia institucional es algo bastante marcado”.
De acuerdo al educador, “una transformación del sistema de protección del INAU tiene que ir por cerrar centros de 24 horas, porque son muy muy costosos, e incrementar la cercanía en el territorio”. En ese sentido, planteó que “solamente cuando los niños o los adolescentes entablan un vínculo estable y persistente de confianza, es cuando logran abrirse y contar las situaciones que viven”. Según completó, las infancias y adolescencias muchas veces son “ambivalentes” a la hora de señalar a sus adultos referentes, ya que está en juego el afecto hacia ellos o el temor a represalias.
Silva Balerio recordó que en la investigación que realizó junto a otros educadores, y que luego terminó en la publicación del libro Adolescentes y vínculo educativo, surgió que “la vivencia de los chiquilines en la internación [en centros del INAU] está muy polarizada”: de un lado, algunos consideran que eso les salvó la vida y, en el otro extremo, hay quienes sufrieron importantes vulneraciones como el abuso sexual, lo que los deja marcados negativamente de por vida. “En el medio de esos extremos, toda una serie de matices y grises”, completó.
El sistema político y la falta de propuestas de reformas integrales del sistema
El educador también se refirió a algunas dinámicas que se dan desde el sistema político con instituciones que son parte del sistema de protección, como el INAU, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) o el Ministerio de Desarrollo Social. En concreto, planteó que en ellas “no se han establecido bases para la construcción de políticas públicas estables que puedan ir transformándose y mejorando progresivamente”.
Silva Balerio cuestionó que “las direcciones políticas han tomado la decisión” de que los mandos medios de las instituciones, como directores de división o de departamento, salvo excepciones, “son personas que van cambiando administración tras administración”, ya que desde hace casi dos décadas que no se realizan concursos para muchas funciones, como directores de hogares. Pese a que ello no ocurrió en la actual administración, señaló que el nombramiento de jerarcas del INAU e Inisa suele quedar “para el final” cuando asume un nuevo gobierno y que, en general, “ninguno de los partidos políticos tienen un plan de transformación” para las estructuras de ambos organismos.
Por lo tanto, indicó que las políticas terminan dependiendo “de las personas concretas”, que, si bien son “buenos profesionales” y “bien intencionados”, en general “ingresan desconociendo las instituciones que van a dirigir”. “Con su buen saber y entender y con los lineamientos generales [del gobierno] instalan una racionalidad, pero que [en el] gobierno siguiente se modifica”, lamentó.
Silva Balerio entendió que “este cambio permanente genera una inestabilidad” y, además, valoró que “el cambio es virtual”, porque la política queda con poco margen de acción ante la cultura institucional de cada organismo. Según planteó, en el caso del INAU esa cultura viene de la época del Consejo de Niño, en el que había una importante criminalización hacia quienes estaban bajo el amparo del organismo.
Según valoró el educador, el principal problema para concretar los cambios necesarios no son presupuestales, ya que en los últimos 20 años se han registrado incrementos importantes de los presupuestos del INAU e Inisa.
Algunas posibilidades de un mejor abordaje con políticas territoriales
En relación a la necesidad de cambios institucionales, hay propuestas más drásticas que hablan de la necesidad de integrar las políticas sociales al sistema educativo con el objetivo de acompasar de otra manera la creciente complejidad para el abordaje de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Consultado al respecto, Silva Balerio señaló como un problema para las personas que deban recurrir a distintas instituciones para resolver problemas que están conectados o que incluso son parte de una misma situación.
Según dijo, en Brasil esos problemas en el diseño de la política se resolvieron con el Estatuto de la Crianza y la creación de “consejos tutelares”, que son espacios que operan a nivel de los municipios y que tienen “una puerta única de recepción de las situaciones del sistema de protección de la infancia. En Perú, por su parte, mencionó el caso de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que también son espacios municipales pensados para la protección de derechos y el abordaje integral.
El educador mencionó que este tipo de dispositivos también han existido en Uruguay en algunas zonas, a través de los centros de protección de derechos, y señaló el ejemplo del que está instalado en Young.
En relación a los protocolos para el abordaje de las situaciones de violencia, planteó que si bien tienen un lado positivo, estos también son problemáticos, ya que operan a la interna de cada institución. “El protocolo muchas veces es protector y alienta una trayectoria de protección, en tanto se van tomando las medidas, y otras veces el protocolo es una medida de protección para el profesional y la institución”, planteó, y agregó que de esa forma distintos actores institucionales sienten que su trabajo termina una vez que realizan la denuncia.
En una línea similar a la de Viscardi, Silva Balerio consideró que se requiere incorporar el enfoque de derechos de infancias y adolescencias a la formación de distintos profesionales. Según dijo, es posible que algunas carreras que ya lo tienen incorporado ofrezcan cupos o se repliquen cursos en otras propuestas curriculares, ya sea como optativos o como seminarios. Además, planteó la necesidad de atender la falta de espacios de abordaje integral para agresores, como espacios de formación para desnaturalizar y problematizar las situaciones de violencia.