Todavía con algunas solicitudes en proceso, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) realizaron una rendición de cuentas de la edición 2026 de las Becas Butiá, dirigidas a estudiantes de la educación media. Con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en primera fila, jerarcas de los tres organismos detallaron el trabajo realizado este año, luego de que se aplicara un rediseño de las becas, que se vienen ampliando tanto en montos como en cantidad de beneficiarios.
Según detalló el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, hasta el momento se llevan asignadas 20.958 becas. La meta que asumió el organismo a partir de los recursos otorgados en el presupuesto quinquenal fue alcanzar a 21.643 estudiantes este año, número que se prevé incluso superar. Además, la cantidad de beneficiarios se irá ampliando hasta 2030, cuando se alcanzará a 70.000 adolescentes que asisten a secundaria o UTU.
Precisamente, Caggiani destacó que el rediseño de las becas y otro conjunto de políticas, como el pago de un bono de inicio de clases y la duplicación de comedores en educación media, son posibles gracias al incremento de 50 millones de dólares para el ente, votado el año pasado por legisladores de varios partidos.
El jerarca resumió la importancia de las becas en un ejemplo: “Es algo tan sencillo como que un chiquilín se vincule con un par de championes que le permite ir al liceo”. Justamente, marcó la importancia de que los estudiantes asistan a los centros educativos como primer paso para discutir sobre el éxito o no de las propuestas educativas que se piensan desde el sistema.
Gabriela Pérez, directora de Integración Educativa de la ANEP, dio detalles del trabajo interinstitucional realizado para cumplir con el cambio de paradigma de las becas, que más allá del apoyo económico también cuentan con un componente de acompañamiento a los becarios que realiza cada centro educativo. Pérez contó que ese trabajo comenzó desde el momento en el que se abrió la convocatoria, a la que en total se postularon 75.000 estudiantes.
El trabajo incluyó una ardua coordinación con el Banco República, ya que se cambió el sistema de pago y los beneficiarios o algún integrante de sus familias debieron abrirse una cuenta en el banco del Estado uruguayo. Hasta el año pasado, las becas se pagaban a través de un sistema de postas de El Correo, lo que implicaba que el pago se hacía en efectivo en las sucursales de esa entidad. Según detalló Pérez, el trabajo coordinado permitió, entre otras cosas, que el pago pudiera realizarse dos meses antes en comparación con años anteriores.
En relación con el trabajo de rediseño a la interna del sistema educativo, Pérez resumió que “implicó movilizar a muchísimos más actores”, la realización de más tareas y mayor dedicación de forma contínua al tema.
En el proceso también se coordinó con organismos de referencia para atender distintas vulnerabilidades, como la étnico-racial, la discapacidad y la condición socioeconómica. Según detalló el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, eso implicó el acceso a distintas bases de datos, de forma que estas minorías sean alcanzadas por el apoyo. Por ejemplo, mencionó que se otorgó la beca a la totalidad de adolescentes que están bajo el amparo del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay y cursan bachillerato, y lo mismo ocurre con quienes tienen necesidades educativas específicas. Además, dijo que 17% de los beneficiarios tienen ascendencia afro, porcentaje que va en línea e incluso supera por poco el porcentaje de esa población en la sociedad en general.
Mientras que la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, destacó el rol que jugó la agencia en el proceso, en el que aportó capacidades tecnológicas, datos y en el acompañamiento de los estudiantes, el ministro José Carlos Mahía puso el foco en promesas de campaña del Frente Amplio. Además del compromiso concreto de la asignación de becas, el jerarca habló de esta política como un ejemplo de la transversalidad en el enfoque de las políticas que prometió el gobierno. Según resumió, se trata de realizar un esfuerzo común entre distintos organismos con un mismo objetivo, de forma que las acciones del Estado tengan un mayor impacto.
