La violencia en instituciones educativas y sus entornos viene de larga data. En momentos en que la sociedad está más violenta eso se traslada a los centros educativos, que en muchos territorios son la única o casi la única presencia del Estado, luego de que en el gobierno anterior se retiraran muchas políticas sociales de alcance territorial.
A ello se suman las consecuencias de distintas crisis como la de 2002 y más recientemente la pandemia de covid-19. Por si fuera poco, el crimen organizado está cada vez más presente en muchos barrios que a diario son escenario de balaceras, enfrentamientos entre bandas y crímenes a sangre fría que se incluyen bajo la carátula “ajuste de cuentas”.
En este contexto, el acto educativo sigue ocurriendo, aunque muchos docentes sienten que cada vez tienen menos tiempo, energía y salud para ello. Si bien no hay datos ni registros completos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que permitan cotejarlo, 2026 viene marcado por un aumento de la cantidad e intensidad de las situaciones de violencia en liceos y escuelas técnicas, de acuerdo con la percepción de varios actores consultados por la diaria.
Las situaciones que derivan en violencia física son denunciadas casi a diario por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, pero no solo se dan en la capital y tampoco son la única expresión de violencia. Los insultos y las amenazas de violencia física también están cada vez más presentes en los centros de educación media y en muchos casos se han naturalizado; ya ni siquiera son situaciones que se sancionen o se denuncien. En particular, los equipos de gestión de los centros educativos deben lidiar con conflictos entre estudiantes, pero también con la violencia de muchos adultos referentes, que les llega de forma presencial y virtual.
Una adscripta de un liceo de Ciudad de la Costa contó a la diaria que recibe con frecuencia insultos de estudiantes y también amenazas por parte de padres y madres, que le llegan directamente al celular institucional. En el caso de su centro educativo, manifestó que son los propios docentes los que a diario tienen que hacer frente a ese tipo de situaciones, más allá de que el liceo cuente con un cargo de psicólogo y otro de trabajador social. De acuerdo con su relato, el miedo a sufrir una agresión física es casi constante y los apoyos que tienen a disposición no son suficientes. Según dijo, la Policía solo concurre al centro educativo cuando es llamada por una situación de gravedad.
¿Cómo abordar una problemática que parece ir en escalada?
Otros trabajadores que enfrentan estas situaciones de manera directa son los psicólogos y los trabajadores sociales que desempeñan su labor en distintos centros de estudio. la diaria habló con profesionales que forman parte del colectivo de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), quienes expresaron que para ellas “la violencia viene en escalada”.
Natalia Luraschi, que trabaja como psicóloga en Secundaria desde 2014, dijo que para ella “no se puede pensar una violencia adolescente como si fuera algo aislado o que tiene que ver con una característica del adolescente” o de “la institución” en sí. Sus compañeras del colectivo, Estela Vicente, Alejandra Amado y Adriana Gregores, estuvieron de acuerdo.
Luraschi dijo que desde su equipo de trabajo, integrado por ella y una trabajadora social, abordan las situaciones de violencia pensándolas como “un problema de convivencia”, pero que también se presentan de forma “multifactorial”. La psicóloga expresó que los centros educativos terminan siendo, en algunos casos, los lugares donde se “muestran” las problemáticas que vienen de “violencias anteriores”, pero que desencadenan en conflictos que suceden en los centros educativos por ser un lugar de “encuentro”.
“¿Qué lugar tiene el adolescente en la institución educativa?”, se preguntó Amado, también psicóloga. Para ella, existen distintas formas de abordar los conflictos desde su rol. Una es la búsqueda de la resolución del conflicto puntual luego de ocurrido; otra lo trasciende e implica un proceso de trabajo con los jóvenes implicados. Según explicó, en ciertas situaciones “es más difícil decodificar rápidamente” el porqué tras el hecho de violencia, debido a que cada joven ingresa en el ámbito educativo con “historias familiares”, “vulnerabilidades”, entre otros factores, y estos se entrelazan con la cotidianidad, y en ocasiones las emociones contenidas explotan en las instituciones educativas. En ese sentido, Amado se preguntó si en los liceos hay “espacios donde problematizar y desnaturalizar la violencia como forma de resolver conflictos”.
Las profesionales aseguraron que, de manera paralela al incremento de la violencia, ha crecido la necesidad afectiva de sostén en los adolescentes, y señalaron que “es importante” demostrarles a los estudiantes que en los liceos hay personas que los pueden “proteger” y “escuchar”. A su vez, destacaron que, además de brindar respuestas, es fundamental brindar “silencio” para generar espacios de escucha.
Para las profesionales, acudir a la medida preventiva resulta insuficiente si se hace de forma aislada. “Si el chiquilín, cuando se va [de la institución educativa], se va a un nicho de violencia instalado que no cambia”, la prevención “no va a servir tanto”, señalaron.
A su vez, las profesionales señalaron que estos episodios requieren una atención y contención que no puede limitarse únicamente a los adolescentes implicados. Las y los docentes, como así también aquellos adultos referentes, necesitan dispositivos que permitan un mejor abordaje de la problemática y un espacio para la “contención”.
Cambio de enfoque en la gestión de la ANEP
En 2025 se instaló un nuevo gobierno que, para abordar las situaciones de violencia en los centros educativos, trajo consigo un cambio de enfoque que –sin dejar de atender los emergentes de violencia extrema– creara un plan de convivencia y participación de ANEP.
En ese marco, la DGES elaboró recientemente el proyecto de promoción del área de Derechos Humanos, que trabaja en coordinación con el Departamento Integral del Estudiante. Su coordinadora, Jimena Valdés, dijo a la diaria que se apunta a ser “un canal de entrada” a los reclamos para el cumplimiento de derechos en ese subsistema.
Valdés señaló que desde los centros educativos muchas veces se percibe que las familias de los estudiantes no encuentran formas para resolver los conflictos sin acudir a la violencia y se genera una especie de espiral cuando alguien se siente violentado, y la respuesta es una nueva agresión. Después de algunas agresiones a docentes, contó que un lineamiento que se ha dado es que ante una situación conflictiva con adultos siempre participan al menos dos integrantes del liceo y que las conversaciones no se dan en espacios cerrados.
Con relación a las agresiones entre estudiantes, analizó que muchas veces están asociadas a las características de la propia etapa vital que viven los adolescentes, que tienen la fuerza de un adulto, pero no su capacidad de reflexión, lo que justamente debe trabajar el centro educativo. Según detalló, la participación es un mecanismo clave para el abordaje de conflictos entre pares y, un paso antes, para entender que distintas personas pueden pensar distinto y poder dialogar sin recurrir a la violencia. Si bien es algo que siempre ocurrió en los liceos, este año desde la DGES se está promoviendo particularmente la elección de delegados de clase y el desarrolló de asambleas, además de buscar que se formen los consejos de participación estipulados en la Ley General de Educación.
La situación en UTU
En el caso de UTU, la diaria habló con Susana Abella, directora técnica de Gestión Educativa, y con Karina González, responsable del programa de Educación Media en la institución, quienes contaron que se está elaborando un plan de participación. Según detallaron, incluirá una etapa de relevamiento de la situación en cada centro educativo, la formación para equipos directivos para lograr un “enfoque de gestión participativa” y crear espacios permanentes de participación de los que surjan proyectos concretos de mejora de la realidad de los centros.
La participación también se da en la gestión a nivel central. Diego Betancourt, integrante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay y de una comisión instalada en coordinación con la Dirección General de UTU para abordar problemáticas de violencia, dijo a la diaria que la mayor cantidad de casos de violencia que han identificado desde los centros de educación media de UTU provienen de conflictos “vecinales” y no de las propias instituciones. Betancourt contó que esta comisión comenzó su trabajo en 2025 y que se apuesta a dar respuestas de mediano y largo plazo a la problemática.
Más allá de que la realidad de los centros de UTU está marcada por estudiantes que tienen una situación socioeducativa más compleja respecto de secundaria, Abella y González señalaron que con distintas figuras socioeducativas y de acompañamiento, en muchos centros –que se han aumentado este año–, se apuesta por generar distintas actividades, tanto dentro de la institución como en vínculo con la comunidad. Por ejemplo, mencionaron los campamentos de verano este año en Guichón, Paysandú.
Con relación al vínculo con las familias, Abella planteó que, si bien muchos adolescentes no tienen ese apoyo para sostener sus estudios, desde la institución también se desrrollan actividades, como muestras de trabajos y proyectos, de modo de fomentar su participación.
Por su parte, las jerarcas señalaron la existencia de una serie de protocolos, tanto para la atención de situaciones de violencia como para la atención de situaciones de salud mental. En todos estos casos se da la intervención de la Unidad de Apoyo Multidisciplinario –que cuenta con unos 60 profesionales, mayormente psicólogos–, y políticamente las principales autoridades de UTU y la ANEP siempre buscan acudir directamente a los centros educativos afectados como señal de apoyo.
Según resumieron, los episodios de violencia están teniendo una incidencia importante en la cotidianidad de los centros educativos.
Las situaciones de violencia a partir de falta de acompañamientos en procesos de inclusión
Julián Mazzoni, representante docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, dijo a la diaria que desde que asumió su cargo, en febrero de 2022, las situaciones de violencia son “una cuestión permanente” en los centros educativos. Más allá de que comparte que una parte de esos episodios se explica por la violencia que se vive en la sociedad, sostiene que una parte de ella se debe a la falta de figuras de acompañamiento adecuadas para sostener procesos de integración educativa.
Concretamente, mencionó varios ejemplos en los que estudiantes con alguna discapacidad o neurodivergencia son integrados a los liceos y las escuelas técnicas, pero sin figuras que los acompañen. En concreto, se refirió al caso de un estudiante que era parte de un proceso de inclusión y tuvo una crisis que terminó derivando en que agrediera a docentes, compañeros y en que hubiera que llamar a la Policía y desalojar el centro educativo.
El consejero recalcó que las figuras de apoyo y acompañamiento también son importantes para colaborar con los equipos docentes para saber cómo proceder en cada caso, ya que no siempre están formados para atender la diversidad de situaciones que se presentan en una misma aula. Según dijo, su ausencia se debe exclusivamente a razones presupuestales y por ello marcó la necesidad de que sea atendido el pedido presupuestal de la ANEP, que incluye un aumento de más de 500 millones de pesos solo para las “políticas de inclusión de estudiantes atendiendo a la diversidad y la convivencia”.
Mazzoni afirmó que “el reclamo de contar con equipos multidisciplinarios completos en todos los centros educativos es constante” y que los 300 millones de pesos que están previstos como aumento para todas las acciones que desarrolla la ANEP no son suficientes para atender adecuadamente el problema.
De acuerdo con el consejero, la instalación de comedores en poco menos de 60 centros de educación media fue valorada positivamente por la mayoría de esas comunidades educativas, en particular por haber mejorado la convivencia. Más allá de dar alimentación, también cuentan con figuras pedagógicas referentes del espacio que generan otro tipo de dinámicas en cada centro educativo donde se instalan, acompañados por docentes del liceo o la UTU. De todas formas, Mazzoni planteó que en total hay unos 500 centros de educación media en todo el país y que los recursos no dan para extender la presencia de comedores.
Como otra limitante presupuestal a tener en cuenta, el consejero docente señaló la necesidad de reducir el número de estudiantes por grupo en liceos y escuelas técnicas, de forma de dar una atención más personalizada a estudiantes y tener en cuenta sus distintas realidades. Mazzoni afirmó que, más allá de la intención de los docentes de trabajar con ese enfoque, muchas veces no es materialmente posible, lo que produce una gran frustración en los profesionales de la educación.
La falta de recursos es compartida por autoridades de la ANEP
La necesidad de contar con más recursos fue compartida por Abella, González y también por Valdés, aunque advierten que el tema no pasa exclusivamente por los recursos. Tanto desde Secundaria como desde UTU marcan la importancia de la gestión que se haga en cada centro educativo de ese tipo de espacios y también de las distintas figuras de apoyo y acompañamiento con las que se cuenta. Más allá de que entiende la desesperación de los docentes que reclaman tener más apoyo, González sostiene que no es únicamente una cuestión de “acumular figuras” y que muchas veces es clave revisar tareas y responsabilidades en los equipos.
Por su parte, las jerarcas marcaron la importancia del trabajo articulado con otros organismos y servicios que brinda el Estado, como los de salud. Aunque afirmaron que se vienen registrando avances y están trabajando en conjunto, desde UTU marcaron que, salvo los casos más extremos que tienen prioridad por provenir del sistema educativo, no siempre es sencillo encontrar consulta psicológica o psiquiátrica en plazos razonables cuando se deriva un estudiante.
Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, habló de varias acciones que se desarrollan con el objetivo de que en los centros educativos se lleve adelante un trabajo pedagógico en materia de convivencia y prevención de la violencia. Por ejemplo, mencionó el curso de convivencia y participación recientemente lanzado y de un posgrado en la temática que se prevé lanzar próximamente con la Universidad de la República.
La jerarca también habló de la búsqueda de eliminar todo tipo de violencia ejercida desde el sistema y las instituciones educativas hacia docentes y estudiantes. En ese sentido, dijo que en la gestión de la ANEP se viene dando “un giro”, ya que en el período de gobierno anterior lo que primaba ante este tipo de episodios era la “reacción policial” como respuesta mayoritaria.
Además, mencionó distintas actividades que se vienen realizando en materia de ciudadanía digital, por ejemplo, para evitar que las redes sociales terminen siendo generadoras o amplificadoras de conflictos y amenazas, y en educación sexual integral, para abordar temáticas que puedan derivar en situaciones de discriminación. En suma, se refirió al vínculo con otras políticas como la de ampliación del tiempo pedagógico, que tiene el objetivo de “acceder a actividades culturales que antes no estaban validadas como tiempo pedagógico”, como talleres y actividades deportivas, que también propician otro tipo de vínculos dentro –y fuera– de los centros.
La directora planteó la necesidad de sistematizar la información sobre situaciones de violencia en centros educativos, de la que actualmente no existe un registro ordenado. Si bien admitió que ello puede ser simplificado y utilizado políticamente por diversos actores, dijo que es clave para mejorar el abordaje de ese tipo de episodios. A saber, mencionó que es fundamental que exista un registro sobre la gravedad o no del hecho, o si estuvo vinculado a un conflicto entre pares, a un problema originado fuera del centro o a dificultades para el abordaje de la neurodivergencia.
Viscardi compartió la necesidad de contar con más recursos, ya que “el trabajo en violencia sigue necesitando de más tiempo, de mejor calidad y de más formación”, más en una época de “desigualdades radicales” como la que vivimos. “Nuestro trabajo no es el de erradicar el conflicto, simplemente porque eso no es posible, sino de trabajar el conflicto de forma democrática para resolverlo, de modo de garantizar derechos y establecer justicia, y también, por supuesto, de prevenir las situaciones y abordarlas”, concluyó.
