El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el viernes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país. Se trata, en realidad, de una reasignación de los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La medida se anunció unos días después de que la vicepresidenta Beatriz Argimón pidiera a la bancada de la coalición que estudia el presupuesto que “queden bien claras las partidas específicas” para el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.
La decisión de crear nuevos juzgados especializados en el interior implica un avance respecto del primer borrador de la Ley de Presupuesto, que no incluía ningún recurso para la implementación de la ley 19.580 y, por ende, ningún juzgado nuevo. El Poder Ejecutivo había dicho, además, que la creación de estos juzgados se postergaría para 2024.
Sin embargo, el texto plantea la derogación de los juzgados multimateria creados por la ley integral y esto, para la Intersocial Feminista, es lo más grave. La plataforma considera que la creación de tres nuevas dependencias no sólo es insuficiente para responder a la situación de urgencia en que se encuentran muchas mujeres, sino que, además, no soluciona el “peor problema” que plantea el presupuesto en materia de violencia de género, que es justamente la derogación de los juzgados multimateria. El funcionamiento de estos juzgados, que permiten que cada caso sea abordado de manera integral y evita así que las mujeres transiten por distintas dependencias, aparece en la ley pero está en suspenso desde que se aprobó, en 2017.
“Estamos extremadamente preocupadas porque el anuncio, que para quien no conoce los detalles del sistema de justicia en los casos de violencia de género puede parecer bueno, lo que encubre es que se derogan los juzgados multimateria creados por la ley integral de violencia de género, que nunca se pusieron en marcha y que ahora, directamente, nunca se van a instalar”, advirtió Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, en diálogo con la diaria. Para las activistas, los juzgados multimateria son “una buena solución, que está en línea con las recomendaciones internacionales de atención a la violencia de género de los organismos internacionales especializados y que simplifican de manera muy importante el pasaje por juzgados, audiencias y posibles conflictos de sentencias contradictorias que pudiera haber por la intervención de más de un juez ante la misma persona y, básicamente, los mismos hechos”, explicó la representante. Agregó: “No están prácticamente haciendo nada y además están dando para atrás. Nos llenan el ojo con tres juzgados y nos distraen de lo más grave, que es lo otro”.
González dijo que significa un “retroceso muy grande” en la implementación de la ley de violencia de género, “que deja de ser integral, porque lo que pretendía justamente era que las instituciones que intervinieran en este problema lo vieran de una forma integral”. “Es como volver a 2016”, agregó, en referencia a la situación normativa antes de aprobada la Ley 19.580.
Por otra parte, la representante aseguró que la Intersocial Feminista mantuvo conversaciones con legisladoras y legisladores y notó que este es un tema “entreverado”, porque, para empezar, parece que al hablar de “juzgados especializados en violencia de género” se hablara de los multimateria. “Tan confuso es que tienen los mismos nombres, entonces no sabés que el artículo crea los juzgados comunes de violencia de género al mismo tiempo que elimina los juzgados multimateria”, explicó. Una de las cosas que plantearon las mujeres a las legisladoras y legisladores fue sacar este tema del presupuesto “para poder tener una discusión más profunda sobre cómo se va a implementar”.
La Intersocial Feminista asegura que para implementar de forma cabal la Ley 19.580 es necesario destinar 50 millones de dólares. “Diez millones de dólares cuesta tener servicios de atención 24 horas, los 365 del año, en los 19 departamentos del país. Fiscalía, en una de las últimas rendiciones de cuentas, había dicho que para implementar la ley habría necesitado otros diez millones de dólares. El Poder Judicial ha variado, pero su primera cifra para la implementación fue de 30 millones de dólares. Después dijeron que era menos, pero al Poder Judicial hay que hacerle una inyección de dinero bastante grande si una quiere que una audiencia por abuso sexual no demore un año y medio. Necesitan tener técnicos especializados, entre otras cosas”, puntualizó González. Otras prestaciones que requieren de recursos, dijo, son servicios especializados para mujeres con discapacidad, la formación de funcionarias y funcionarios, el diseño de campañas de comunicación “permanentes”.
El lunes, en conferencia de prensa, el diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, confirmó la habilitación de recursos para abrir los juzgados especializados en el interior del país y dijo que se intentará “llegar al final del período con una aplicación muy importante de la ley en todo su espectro”.