Distintas organizaciones feministas han manifestado preocupación desde que el 31 de agosto se hizo público el proyecto de presupuesto quinquenal, que en ninguno de sus incisos prevé más recursos para implementar la ley integral de violencia basada en género. En un comunicado difundido en las últimas horas, la Intersocial Feminista solicita que se destine presupuesto para la aplicación efectiva de la Ley 19.580, con el fin de atender las necesidades de un sistema de respuesta a la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes que es “extremadamente frágil, está saturado y tiene carencias muy importantes”.
¿Para qué hace falta presupuesto concretamente? Las organizaciones que integran la plataforma piden la creación en todas las capitales del país de servicios de atención especializados que funcionen las 24 horas y los 365 días del año, así como la puesta en marcha de servicios que se encarguen de dar seguimiento a las denuncias policiales. También aseguran que es necesario crear servicios de atención psicosocial y legal específicos para víctimas de violencia sexual, y servicios que atiendan a mujeres con discapacidad.
Por otra parte, la Intersocial Feminista afirma que hace falta “ampliar” la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, y promover la educación sexual integral en la enseñanza para que puedan “crecer libres de violencia”.
El comunicado también critica el artículo 509 de la ley de presupuesto, que elimina los juzgados multimateria creados por la Ley 19.580. “Entendemos que, de concretarse, se estaría retrocediendo en la mejora de atención a las mujeres, que ignora el periplo por juzgados que deben realizar quienes denuncian a sus agresores, que revictimiza y expulsa del sistema de justicia”, dice la Intersocial Feminista, que califica la decisión como un “retroceso claro en la aplicación de la ley” de violencia de género. “La integralidad que buscó la ley con la creación de estos juzgados multimateria resulta liquidada por el artículo referido”, insisten las activistas. Piden entonces que se asignen recursos para instalar de forma “inmediata” estos juzgados. A la vez, solicitan formación “en interseccionalidades, género y derechos humanos” para operadoras y operadores judiciales.
“El Parlamento tiene la palabra. Se necesitan recursos reales y compromiso institucional efectivo en sostener un sistema que dé respuesta”, concluye el comunicado.
El martes, luego de una reunión con la bancada de la coalición que trabaja en el presupuesto, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que “es muy importante que queden bien claras las partidas específicas para el cumplimiento” de la Ley 19.580 y se comprometió a que haya una implementación “gradual”.
La Intersocial Feminista va más allá de las cuestiones vinculadas a la violencia de género y en el comunicado también advierte sobre los “recortes presupuestales” en los programas sociales de algunos organismos, que tienen “un impacto mayor en las mujeres, ya que son quienes sufren los mayores porcentajes de pobreza”. A esto se suman las consecuencias de la pandemia, dice el texto, que “profundizan las desigualdades” y configuran una “situación adversa” para las mujeres.