La bancada bicameral femenina se reunió el miércoles en el edificio anexo del Palacio Legislativo para discutir en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de no instalar los tres juzgados especializados en violencia de género previstos en el Presupuesto Nacional.
Luego del encuentro, en una conferencia de prensa, la vicepresidenta Beatriz Argimón anunció que una de las medidas acordadas fue solicitar una reunión con el próximo presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, “para transitar un camino de diálogo que redunde en una solución concreta porque, si hay algo de lo que estamos convencidas es de la necesidad de estos juzgados, especialmente en el norte de nuestro país”. Argimón aseguró que la violencia de género es un “tema prioritario” para el Parlamento desde hace “muchísimos años” y, por lo tanto, “no cabe otro camino que el diálogo para luchar contra esta, que es otra pandemia, no sólo hacia las mujeres sino también hacia las niñas”.
Las legisladoras buscan reunirse en los próximos días con el jerarca de la SCJ “para ver entre todos qué es lo que se necesita y cómo podemos optimizar los recursos para que estos tres juzgados sean instalados en el interior del país”, detalló la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló en diálogo con la diaria. En principio, no van a ir con una propuesta concreta sino “a escuchar lo que ellos van a decir en referencia a por qué no se pueden instalar estos juzgados”, pese a que los recursos para hacerlo fueron asignados en el Presupuesto votado. “¿Es un tema económico? ¿Cuánto es? Veamos la forma de generar esos recursos para que estos juzgados que son tan importantes sean realmente instalados”, insistió Roselló.
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el año pasado la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de estos tres juzgados especializados en el interior del país, mediante la reasignación de los recursos destinados a la SCJ. Sin embargo, la semana pasada trascendió que la actual presidenta de la SCJ, Bernadette Minvielle, le notificó en una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que finalmente el organismo no podrá destinar esos recursos.
La decisión fue cuestionada por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, quien adelantó que intentaría reunirse con el futuro titular del órgano judicial para discutir sobre el tema y prometió que el gobierno haría “todos los esfuerzos” para hacer cumplir con lo que establece la ley de presupuesto.
La noticia también desató las críticas de legisladoras del Frente Amplio, la Prosecretaría de Género del Partido Colorado (PC) y la Intersocial Feminista, que en distintos comunicados pidieron que el problema de la violencia hacia las mujeres y las infancias sea prioridad.
Para Roselló, el Estado tiene la “obligación ciudadana” de responder a las mujeres en situación de violencia con herramientas concretas, por ejemplo con juzgados en donde puedan denunciar. “Hay mujeres que están esperando por estos juzgados e incluso algunas que pierden la vida esperando soluciones de las autoridades”, enfatizó. A su entender, la problemática de la violencia de género “es algo histórico que siempre viene de atrás”, y la idea ahora es avanzar “de una vez por todas, ya que las legisladoras de todos los partidos políticos están con la misma convicción y unidas en la misma lucha”.